No me sorprende que el acuerdo sobre una jurisdicción especial para la paz haya sido el más difícil, el más controversial y el que más tiempo ocupó en las negociaciones de La Habana. Tampoco me sorprende que, después de firmado el texto y realizado el evento de presentación con el histórico estrechón de manos entre Santos y Timochenko, se hayan presentado interpretaciones diferentes en algunos puntos por parte de los firmantes y se haya generado un ambiente de incertidumbres, reclamos y ataques de amigos y contradictores de la paz.
Hay un dicho que retrata la situación. Le oí decir a un campesino que “cuando se habla de los huevos la gallina está implicada, pero cuando se habla de la pechuga la gallina está comprometida”. Y ese es el caso. Cuando se habla de tierras, de reformas políticas, de soluciones para los campesinos cocaleros, las Farc están implicadas; pero cuando se habla de verdad, justicia y peparación, las Farc están comprometidas. Ocurre igual para la fuerza pública, para líderes políticos y empresariales involucrados en el conflicto. Ahí se juegan su futuro personal. Ahí se juegan el honor, el legado que le van a dejar a su familia, la vida misma.
La discusión sobre justicia transicional en Colombia tiene algo aún más dramático. La negociación entre el anterior gobierno y los paramilitares no fue transparente y dejó una enorme frustración. Ese es el espejo que tienen las guerrillas y que, desde luego, tienen todos los actores del conflicto. Las guerrillas lo saben, los militares lo saben, los políticos lo saben.
Por eso las Farc se aseguraron de que su negociación fuera política, no un sometimiento a la justicia. Por eso los guerrilleros buscaron asesores aquí y allá y se preocuparon por cada palabra, por cada coma del acuerdo. Por eso los negociadores del gobierno le daban vueltas y vueltas a cualquier fórmula. Por eso Uribe y Ordóñez han enfilado todas las baterías contra este acuerdo. Todos piensan en las víctimas, no me cabe la menor duda; todos atienden a sus convicciones, lo creo; pero todos piensan primero en ellos mismos y en sus compañeros de aventura armada o de acción política, lo aseguro con toda certeza.
Lo de La Habana no se puede parecer en nada a la manera como se tramitó el acuerdo con los paramilitares. Aquel proceso estuvo sembrado de engaños o de ingenuidades o de improvisaciones, o de las tres cosas. Para empezar, los paramilitares y el gobierno hablaban de una negociación política, pero en la Mesa no se discutía nada político, ni reforma agraria, ni reforma política, ni siquiera el narcotráfico cuando todo mundo sabía que se estaba negociando con narcotraficantes natos.
Se hizo lo siguiente, pongan atención. El gobierno, en consulta con abogados de los paramilitares, le presentó al Congreso una ley de alternatividad penal con rebaja de penas, exención de cárcel y no extradición mediante un estatus político engañoso; el Congreso en sus debates la convierte en la Ley de Justicia y Paz dándole espacio a las víctimas y a sus reclamos; pero la Corte Constitucional, en su control final, en la sentencia C340, le da un vuelco total a la ley al retirar el estatus político, obligar a confesión para acceder a la rebaja de penas y establecer cárceles para las condenas.
Cuando la ley salió de la corte los paramilitares se pararon de la mesa y se negaron a seguir negociando con Luis Carlos Restrepo. El presidente Uribe envió a Sabas Pretelt, ministro del Interior y Justicia, para que les prometiera que no los extraditaría y que emitiría decretos con fuerza de ley para darles nuevas garantías. Así se cerró el acuerdo. Después nada se cumplió. Después todo fue trampa de lado y lado. Porque Uribe muy pronto llevó a los cabecillas a cárceles de máxima seguridad y luego los extraditó. Porque el verdadero jefe máximo de los paramilitares, Vicente Castaño, y el 80 por ciento de los mandos medios nunca se desmovilizaron.
Y miren una perla digna de atesorar: se negocia con narcotraficantes, pero la Ley de Justicia y Paz dice en su artículo 10 que el delito de narcotráfico está excluido de los beneficios. Por eso ahora, a los paramilitares sentenciados, se les están incubando procesos por tráfico de drogas para impedirles que salgan de las cárceles una vez cumplen sus ocho años de pena bajo el régimen de justicia y paz.
Por estos antecedentes es obligatorio que en el acuerdo definitivo, en el que se dé a la publicidad, se aclare la conexidad del delito de narcotráfico y de otros delitos con la rebelión, el tipo de restricción de la libertad que va a operar, cómo van a concurrir los agentes del Estado y los terceros involucrados, cómo será el trámite de este acuerdo en el Congreso y en la corte. Todo para que no haya celadas, engaños, trampas, como es costumbre, como es pan de cada día en la vida colombiana. Las Farc deberían ser las más interesadas en este asunto, porque solo la seguridad jurídica les permitirá cumplir a cabalidad con el desarme de todos sus combatientes.