Tal vez el mayor reto en materia de seguridad en el país, hoy en día, son los denominados grupos surgidos luego de la desmovilización paramilitar o bacrim y sus redes operacionales en las ciudades. Y es que los datos son alarmantes, según la Policía Nacional en poco más de 100 municipios de los 1102 que tiene el país existe presencia de bandas criminales; sin embargo, la propia base de datos de la Policía Nacional deja ver que en los últimos dos años se han registrado capturas de miembros de estas organizaciones criminales en cerca de 400 municipios.
Por otro lado, en una buena cantidad de zonas donde operó el paramilitarismo como en el Sur de Bolívar, Córdoba, Pacífico Colombiano, Sur del Meta, Bajo Cauca Antioqueño, entre otras, las poblaciones aun hablan de paramilitares, no han sentido un cambio sustancial en materia de seguridad aun después de casi 10 años de la desmovilización.
En cerca de un 45 % de las zonas donde operan las Farc y el ELN estos grupos también hacen presencia, lo cual podría significar que de no crearse un modelo de seguridad para el posconflicto lo suficientemente robusto e integral que impida que estos grupos retomen los territorios de las guerrillas una vez las Farc dejen las armas, será difícil evitar una nueva ola de violencia y una masacre de los reinsertados de las guerrillas.
En todo caso, la forma de operar de estas organizaciones criminales no es como en la época paramilitar. Valdría la pena destacar tres cambios sustanciales. Por un lado, la violencia se convirtió en una herramienta excepcional en la disputa territorial y de mercados. De la violencia generalizada se ha pasado a una violencia selectiva y racionalizada, donde se privilegian los famosos homicidios “ejemplarizantes”, como los descuartizamientos en Buenaventura o Tumaco, con ello se mandan mensajes fuertes a la población, a la vez que se evitan disparar los indicadores de violencia. Es por esta razón que zonas como el Urabá tiene los indicadores más bajos de homicidios en años, pero se encuentran sometidos a la voluntad de estas bacrim.
Las redes criminales han entendido que al Estado no se le gana una guerra y por eso su estrategia principal es infiltrarlo y corromperlo
En segundo cambio significativo es que las bacrim o grupos nacidos luego de la desmovilización paramilitar ya no son organizaciones jerarquizadas, uniformadas y con cadenas de mando claras. Por el contrario, son redes de organizaciones criminales con una división del trabajo excepcional. Algunos custodian los cargamentos, otros lavan, otros cortan la mercancía cerca de las ciudades, pero una misma organización no hacen todo a la vez, más bien son redes de operadores para cada parte del mercado ilegal. De hecho, hoy día estructuras como los Urabeños contratan pandillas y crimen común en las ciudades para que sean sus operadores, y cuentan con una fuerza élite para someter estas redes urbanas en caso que se salgan de las manos.
Un último cambio es que estas redes criminales han entendido que al Estado no se le gana una guerra y por eso su estrategia principal es infiltrarlo y corromperlo. La financiación de campañas, las nóminas paralelas de las fuerzas de seguridad del Estado y la infiltración a empresas y comerciantes es la modalidad primordial de actuación. Cambiaron la violencia por la corrupción.
Así las cosas, estas estructuras criminales son hoy la principal amenaza para el posconflicto, ya que en un intento por tomar los territorios dejados por las guerrillas pueden masacrar a los reinsertados o a la base social e las Farc y el ELN. Además los niveles de infiltración institucional como en el Urabá hacen difícil que la democracia colombiana mejore y permita la inclusión de nuevas fuerzas políticas. Incluso el riesgo de que las élites políticas utilicen estos grupos para destruir la oposición política como ya ocurrió en los años ochenta del siglo pasado es una posibilidad latente en varias regiones del país.
Columna de Opinión publicada en www.las2orillas.co