Hace unas semanas la administración de Enrique Peñalosa anunció con bombos y platillos cuatro estrategias de seguridad.
Se aspira que estas comiencen a dar resultados dentro de los primeros cien días de gobierno. En su momento se dijo que eran novedosas y que seguramente funcionarían desde el primer día. Estas estrategias de seguridad se planearon bajo el viejo principio de la concentración del delito. Igualmente, hace apenas cuatro días se publicó el proyecto de Plan de Desarrollo, en donde se continúa con la vieja política de reducción del delito y se le agregan algunos temas en prevención, equipamientos y focalización de población sujeta de protección.
Las cuatro estrategias son:
1. Atacar el crimen y el delito en 750 puntos críticos o segmentos de calle. Básicamente el subsecretario de seguridad, basado en un modelo en boga en varios países, logró mapear las zonas más conflictivas y violentas de la ciudad. Se detectó que en el 98% de la ciudad se cometen pocos delitos y que estos, en cambio, se concentran en un 1.5% de la ciudad, algo que se sabía desde hacía años. A esos sitios se les denominó segmentos de concentración de crímenes.
2. Atacar el crimen del centro de la ciudad. Para ello se diseñó una estrategia que permitiera intervenir la zona ampliada del Bronx. Así como zonas aledañas del centro de la ciudad.
3. Estrategia de recuperación de parques, ya que se presume que estos están tomados por las pandillas y el micro-tráfico.
4. Estrategia de fortalecimiento de la policía. A Cambio de una priorización de estos segmentos del crimen y el centro de la ciudad, la alcaldía se compromete a priorizar y ayudar a suplir las necesidades de la policía.
La primera conclusión, luego de analizar estas iniciativas en materia de seguridad, es que todo esto ya se ha hecho en administraciones pasadas, con escalas y énfasis diferentes, pero con una estrategia similar. En todas las ocasiones se muestran resultados importantes los primeros meses y, luego, la ilegalidad y el crimen se acomodan y los índices de crímenes regresan a los números que había antes de la intervención.
Así, por ejemplo, dependiendo de cada administración se denominó diferente a la focalización de las zonas. En la época de Lucho Garzón se les denominó “zonas de gestión social integral”, durante la época de Samuel Moreno se les llamó “zonas críticas”, en la época de Gustavo Petro se les conoció como el plan “setenta y cinco-cien” o “75-100” donde el segmento a intervenir eran las manzanas barriales. Vale la pena aclarar, en todo caso, que la apuesta de Enrique Peñalosa llega a una micro-focalización aún menor que cosiste en los segmentos de calle. Sin embargo, concentrar la actividad de diferentes instituciones distritales y nacionales sobre determinadas zonas de la ciudad, como vemos, no es nuevo. Es algo así como creer que se descubrió que el agua moja.
Incluso, las Zonas Críticas y el Plan 75-100 contemplaban una intervención integral, en la cual estaban involucradas diferentes entidades como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Integración Social, el IDIPRON (Instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud), entre otros. Sin embargo, la intervención de Enrique Peñalosa es únicamente policíaca, y si las anteriores tuvieron problemas, a esta no se le auguran mejores resultados.
La enseñanza tanto de este tipo de intervenciones a nivel nacional como de las experiencias internacionales es que los primeros cuatro meses, aunque desgastantes, muestran resultados positivos. Luego, durante los siguientes seis meses los indicadores mejoran sustancialmente y permanecen con una tendencia al descenso, algunos indicadores mejor que otros, y luego de 10 ó 12 meses de la intervención, los indicadores comienzan nuevamente a empeorar. De hecho, en algunas zonas la mejora es permanente, pero se produce el “efecto bomba”, es decir, que el crimen se desplaza a zonas aledañas a las que se intervino. En otras palabras, se mejoran dos barrios para que los dos barrios vecinos empeoren.
El tema con estas intervenciones es que en la mayoría de los casos son de choque, es decir más policía, cámaras de vigilancia, operativos sorpresa, restricciones a comportamientos ciudadanos y aumento del número de capturas. En las administraciones de Garzón, Moreno y Petro se hizo igualmente una intervención social. Las intervenciones de reacción y de reducción del delito requieren esfuerzos muy grandes, como más policías, cámaras de vigilancia, funcionarios distritales… Es decir, el esfuerzo económico es inmenso, pero estos niveles de inversión necesitan ser sostenidos en el tiempo, por más de dos años, cosa que en muchos casos las entidades distritales no están dispuestas a aceptar, ya que la inversión es mucha para intervenir solo el 2% de una ciudad de más de 9 millones de habitantes. Además, con el déficit del pie de fuerza de la policía, difícilmente este esfuerzo se mantendrá más allá de dos meses: a duras penas la policía puede mantener la lógica de cuadrantes, mucho menos una focalización de cuadras.
Por otro lado, la intervención en parques es una buena idea, pero bastante simplista a la hora de comprender el crimen en la ciudad. Desde el año 2010, la venta de drogas en la ciudad se transformó. Las “ollas” tradicionales comenzaron a desaparecer para maximizarse la venta de drogas en parques, calles y zonas de rumba, bajo el famoso modelo del “taquilleo”. A su vez, los grandes jibaros comenzaron a utilizar pandillas, grupos juveniles violentos y delincuencia común para esta venta al menudeo, quienes ya no actúan directamente sino mediante la contratación. Así las cosas, la recuperación de los parques puede sacar a estos jóvenes, que son los que operacionalizan el mercado, pero no va a solucionar el problema a largo plazo. Nuevamente se requiere una inversión sostenida y algo que debe entender la administración de Peñalosa es que no todo se soluciona con policía.
Muchos de los parques tomados por la venta de drogas son los denominados “parques de bolsillo”, es decir, aquellas pequeñas zonas que se encuentran en equinas o en medio de complejos de apartamentos. Estos parques están a cargo de las alcaldías locales, las cuales no tienen presupuesto para su intervención debido a que los Fondos de Desarrollo Local tienen muchas prioridades y los parques son algo secundario. La inversión sería millonaria y plata no hay.
Otros temas que si necesitan mucha prioridad son secundarios en el Plan de Desarrollo. Por ejemplo, el tema del Plan Maestro de Justicia. En la ciudad hay una crisis en la justicia. La impunidad es rampante y la ciudadanía está llegando al extremo de tomarse la justicia por sus manos con los famosos linchamientos. En este punto, la estrategia no es clara y es poco coherente. En segundo lugar, otro tema prioritario es el del Número Único de Emergencia o “123”. Bogotá pasó de tener un único número de atención a tener 1052 números de emergencia. Es decir, el 123 y los 1051 números de cuadrantes. Esto es inviable para una ciudad pues hace imposible el seguimiento y control a la acción institucional. Así las cosas, generar tantos números de atención de emergencias fue un retroceso desastroso ya que impide una buena gestión de la seguridad.
La actualización tecnológica del 123 es una inversión millonaria pero necesaria y el Puesto Único de Mando es otra de las inversiones necesarias. Sería importante que la administración Peñalosa entendiera que el mundo no nació con ellos, que aprenda de las experiencias pasadas para no repetir errores, que entienda que la seguridad no son solo números pues la numerología no soluciona las demandas de seguridad de la ciudad. En fin, todo parece indicar que esta es una administración que cree que inventó que el agua moja y que la candela quema.
Columna publicada en Semana.com