Por: El Colombiano
Tumaco, Nariño, es uno de los municipios con riesgo extremo, allí delinquen los principales grupos ilegales.
En un posible escenario de posconflicto y tras la firma de un acuerdo de paz con las Farc, el 25,5 % de los municipios del país tendrá algún tipo de vulnerabilidad. La presencia de otros grupos armados ilegales, como bandas criminales o el Eln, es uno de los factores por los que 281 poblaciones, en 26 departamentos, podrían continuar con diversos riesgos o viviendo épocas violentas.
Las diferentes condiciones sociales y la poca presencia estatal harían de estas zonas el territorio perfecto para los nuevos fenómenos de violencia. La fundación Paz y Reconciliación lo dejó consignado en su investigación “Los retos del posconflicto”.
León Valencia, director de la entidad, explicó que se hizo una clasificación de las zonas de alto riesgo. “Esos 281 municipios han vivido el conflicto en los últimos 30 años, nos fijamos en varios indicadores como la ilegalidad, qué actividades ilícitas se practican en esas poblaciones, qué condiciones sociales hay, necesidades básicas insatisfechas, condiciones de acceso y cuál es la presencia institucional. De acuerdo a eso, dividimos esos municipios por riesgo, cuáles son los de un caso extremo, en donde aun con un acuerdo de paz, la violencia no reduzca; también hay riesgo alto y medio. La idea es que las acciones del Gobierno deben dirigirse, por lo menos los primeros 18 meses, a esos municipios con riesgo extremo”.
La economía ilegal es otro de los factores que mantiene la alerta o enciende las alarmas en esas 281 localidades. El riesgo de que otros grupos al margen de la ley se aprovechen de los recursos que genera la economía ilícita podría generar nuevos conflictos.
Valencia asegura que en otro estudio que se está adelantando se evidencia la cantidad de empleos que dan las actividades por fuera de la ley.
La caficultura, que es la principal fuente de trabajo en el campo, emplea unas 550 mil familias, la ganadería 450 mil familias, y lo que hasta el momento les ha arrojado el estudio es que la economía ilegal puede llegar a destinar a más personas que los sectores antes mencionados.
“Son muchas actividades ilícitas, como la minería ilegal, narcotráfico, contrabando, trata de personas. Es un mensaje claro que dice que no es solo negociar con estos 20.000 guerrilleros y milicianos o con las bandas criminales. Si no hay alternativas buenas a esas economías ilegales, es prácticamente inviable el posconflicto”, asegura León Valencia.
No es solo el acuerdo
“El posconflicto necesita más discusión, más preparación. No solo se trata de firmar un acuerdo con las Farc, también de mirar con detenimiento esas comunidades afectadas por el conflicto y con alto riesgo de seguir sufriendo”, son las palabras de Francia Márquez, líder afro e integrante del Proceso de Comunidades Negras.
Para esta mujer, son de celebrar los avances de los diálogos de paz y la voluntad de superar el conflicto que hay entre el Gobierno y las Farc, sin embargo siente que “se está pensando solo en esa firma, pero no se está teniendo en cuenta lo que puede pasar en los territorios”. Asegura que las violaciones a los derechos humanos continúan y tienen que ver con intereses económicos que hay en sus tierras. “De eso no se está haciendo una discusión estructural”.
Por su parte, Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena (Onic), dice que el proceso de paz es un avance significativo para consolidar la terminación del conflicto armado en Colombia, “pero también es cierto que se tiene una gran preocupación de que persistan las violaciones a los derechos humanos, porque van a surgir nuevos actores o seguirán los mismos que no han llegado a un acuerdo para negociar la paz, como es el Eln y las bandas criminales. No se puede descartar también que queden reductos de las Farc en algunas zonas del país”.
El líder indígena pide desarticular de manera eficaz el paramilitarismo y todas las rentas criminales “para poder pensar en cosas diferentes”.
Estrategia del Gobierno
El trabajo del Estado no solo debe enfocarse en la labor de las Fuerzas Armadas para reducir la capacidad delictiva, y la economía ilícita de la que viven los grupos armados ilegales; la presencia del Gobierno también debe llegar con proyectos sociales y programas que den nuevas y mejores oportunidades a los habitantes de esas regiones afectadas por el conflicto.
La Presidencia de la República, por intermedio de varios ministerios como Defensa, Agricultura, Educación, Interior, Justicia y Posconflicto, tiene en marcha una estrategia compuesta por 19 programas que buscan llegar a esos 281 municipios, y que fue obtenida en exclusiva por El COLOMBIANO.
Paquete de asistencia agropecuaria
Se realizarán despliegues masivos de técnicos agropecuarios, campañas de acceso a crédito y entrega de kits en más de 50 municipios.
Atención socio económica y mejoramiento
En diferentes regiones se hará construcción o mejoramiento de pequeña infraestructura social y económica y oportunidades de empleo.
Atención económica en vías veredales
Cerca de 800 mil millones de pesos en la construcción o mejoramiento de vías secundarias y terciarias en las zonas rurales de los 50 municipios más afectados por el conflicto armado en el país.
Prevención de reclutamiento forzado
En zonas rurales se desarrollarán programas de prevención al reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales.
Programas de ayuda alimentaria
Estrategia de ayuda alimentaria, medidas contra la desnutrición y alistamiento para decisiones de seguridad alimentaria.
Unidad de restitución de tierras
Asegurar capacidades institucionales de la Unidad de Restitución de Tierras para actuar en el sur del país.
Atención Económica en ciudades medias
Crear estrategias y programas para la generación de recursos en entornos urbanos (ciudades medias).
Lanzamiento programa “manos a la paz”
Con el programa Manos a la Paz, el Gobierno busca que universitarios voluntarios hagan trabajos en el sector público y privado en regiones que han sido afectadas.
Jornadas para realizar trámites oficiales
Se realizarán Ferias municipales de trámites y jornadas móviles de 20 trámites seleccionados en 93 municipios.
Mejoramiento de las juntas comunales
Se harán jornadas de capacitación en conciliación a más de mil juntas de acción comunal en todo el país, con énfasis en las que son controladas por la guerrilla en zona de conflicto.
Celeridad en procesos para reparación
En 28 municipios se dará celeridad en los procesos de reparación a víctimas de grupos armados ilegales, como Eln y Farc.
Focalización y reparación individual
Se dará un enfoque especial en 100.000 cupos para las reparaciones individuales de víctimas en diferentes regiones.
Desminado, señalización y educación
En más de 20 municipios se realizará desminado, señalización de zonas contaminadas, y en otras 179 poblaciones se dará educación en riesgo de minas.
Casas de justicia y jornadas móviles
Jornadas móviles de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana y de otros servicios de justicia formal y alternativa.
Nuevos comités locales de justicia
Se crearán y se fortalecerán los comités locales de justicia en 50 municipios.
Seguridad y convivencia en municipios
Promover mejor uso de recursos y cambios en la priorización para dar cuenta de las necesidades de la comunidad.
Fortalecimiento de la policía rural
Fortalecimiento del enfoque de género en la Policía Rural, para atender mejor violencia sexual y violencia intrafamiliar.
Ajustes en la Unidad de protección
Ajustes en procesos de investigación y judicialización de amenazas en la Unidad Nacional de Protección.
Tecnología para prevenir delitos
Capacidades y metodologías en investigación criminal y judicial frente al problema de la extorsión, y promoción de actividades de prevención a través de las TICS.
Foto: Donald Zuluaga