Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre los retos del postconflicto; se han traído expertos de Irlanda del Norte, Centro América y El Salvador. En una serie de eventos se han analizado los diferentes factores de los cuales depende la construcción de una paz duradera, luego de la dejación de armas de las guerrillas. El gran tema es que tanto Irlanda del Norte, como El Salvador no tenían una economía de guerra cuando se dieron los procesos de paz, de ahí que las condiciones sean bastante diferentes a las de Colombia. El libro que será lanzado el próximo 22 de abril, y que construyó la Fundación Paz y Reconciliación, trabaja a fondo estos temas.
Al mirar los postconflictos de África y algunos de Asia, como el de la República Democrática del Congo y Nepal, existen condiciones más similares a las de Colombia y al menos surgen tres grandes hipótesis. La primera es que el postconflicto se divide en dos niveles, uno nacional, de grandes trasformaciones políticas, y otro territorial, en el que se trata de sacar de ciclos de violencia a las regiones más afectadas por el conflicto. El postconflicto territorial se gana en los primeros 18 meses después de la firma de los acuerdos. Es en ese momento cuando se debe evitar un rebrote de la violencia y evitar que mueran reinsertados y miembros de las comunidades.
La segunda conclusión es que estos postconflictos en medio de economías ilegales no se deben concentrar en acabar estas economías, sino más bien en formalizar lo que se pueda y disminuir las probabilidades de que estas economías se han retomadas o administradas por otros actores criminales que no entraron al proceso de paz.
El problema es que en estos escenarios de una guerra prolongada y en contextos de economías ilegales tan diseminadas, donde mucha población vive o sobrevive de esto, es muy difícil entrar con un plan de choque de represión, que causará una explosión social. La última conclusión es que lo violento o no de un postconflicto en estos contextos de economías de guerra dependerá del modelo de seguridad que se cree en el marco de la negociación.
Para el caso de Colombia la situación es compleja. Los datos son los siguientes: las guerrillas operan en 281 municipios de los 1102 que tiene el país. La mayoría de estos municipios son de categoría 6, es decir, que tienen muy poco presupuesto y poca población, además de problemas institucionales complejos. Igualmente, una gran parte de estos municipios no ha construido una infraestructura de vías terciarías que le permita desarrollar mercados internos y acercar los productos de los campesinos a zonas urbanas donde los puedan vender.
Adicional a lo anteriormente mencionado, en una parte importante de estos municipios existe presencia de economías ilegales. El siguiente mapa muestra los 281 municipios donde han hecho presencia las guerrillas en los últimos años y además cuales de ellos tiene presencia de cultivos de coca.
Nótese como 162 municipios tienen presencia de cultivos de coca. Además el siguiente mapa muestra que de esos 281 municipios, 111 cuentan con presencia de minería ilegal.
Adicionalmente, el siguiente mapa muestra cuántos de los 281 municipios tienen presencia de un solo grupo armado ilegal, dos o tres actores ilegales.
Por último, el siguiente mapa muestra las zonas de incautaciones de cocaína, lo que permite ver las zonas de procesamiento y exportación de droga. La conclusión inicial es que las zonas de presencia de las guerrillas –en 281 municipios- no coinciden con las zonas de mayor incautación de droga, pero si con las zonas de cultivos de coca. Eso significa que las FARC manejarían las dos primeras partes de la cadena de la droga y las otras cuatro serían de otros actores. En cambio este mapa de incautaciones sí coincide bastante con el mapa de presencia de los Urabeños y de otras bandas criminales, lo que también se presenta en el mapa.
Columna de opinión publicada en Revista Semana