El país ya acepta que el proceso de paz con las Farc se va a firmar y que derivado del mismo habrá una oportunidad para iniciar un ciclo reformador del Estado Colombiano. Como lo he dicho en otras oportunidades existe esta ventana de oportunidad y de la sociedad colombiana dependerá si se aprovecha o no. Si bien es cierto al proceso de paz no se le puede pedir de todo, tampoco se puede aceptar que todo seguirá igual. Quisiera nombrar, al menos tres reformas necesarias que necesita el país.
La primera y tal vez más prioritaria es una reforma del órgano electoral. En la actualidad es un órgano corrupto, ineficiente y politizado. Nadie vigila a nadie. El Concejo Nacional Electoral no tiene recursos para investigar y hacer un seguimiento eficiente en los meses previos a elecciones, allí prima la regla del “yo no te investigo y tú no me investigas”. Esto se debe cambiar por un órgano no politizado, con recursos propios y con mecanismos regionales y locales de seguimiento. Igualmente, la Registraduría Nacional que organiza las elecciones, inscribe cédulas y vigila las elecciones. Esta situación en la que una sola institución hace de todo es perversa y se presta para cualquier tipo de arreglos corruptos. Así mismo, se requieren reglas claras sobre la responsabilidad de los partidos políticos a la hora de entregar avales. Solo con una reforma se podría disminuir la asimetría electoral que tiene Colombia y mejorar la democracia.
Una reforma tiene que ver con el fortalecimiento del estado local y regional donde se destaca un proceso de separación entre la coalición gobernante en los municipios y departamentos y los órganos de control
Una segunda reforma tiene que ver con el fortalecimiento del estado local y regional. Esta reforma pasa por varias iniciativas, entre ellas se destaca un proceso de separación entre la coalición gobernante en los municipios y departamentos y los órganos de control. Hasta hoy, la mayoría de los alcaldes y gobernadores que son elegidos, presionan y eligen a los contralores y personeros, lo cual hace que no existan órganos de control y que nadie supervise los recursos públicos. Igualmente, el control ciudadano a sus gobernantes es inexistente.
Algo que vale mencionar en este punto se refiere a acabar con la asimetría del desarrollo local. Hasta el día de hoy, al momento de hacer concursos públicos, los jueces, maestros y en general los puestos que se ponen a concurso están viciados por una asimetría entre centro y región y, sobre todo, entre polos de desarrollo y resto del país. Los maestros que sacan los mejores puntajes en los concursos escogen las grandes ciudades y las zonas céntricas del país o región para ejercer el cargo público; igual pasa con los jueces, registradores etc. Así, los mejores puntajes escogen Bogotá, Medellín o Cali y los peores puntajes van al Chocó, Guainía, o Vichada. Esta situación hay que acabarla si es que queremos que las regiones se desarrollen. Se deben ofrecer incentivos a los mejores profesionales para que vayan a las regiones olvidadas del país.
Una última reforma trascendental en Colombia se refiere a la tierra, y además de la formalización de la tierra de los campesinos ocupantes, la creación de un fondo de tierras y el acceso a crédito para el pequeño productor, se requiere una discusión a fondo sobre el ordenamiento territorial y el uso del suelo. Colombia necesita clarificar a qué va a dedicar diferentes zonas del país, qué se asigna a la ganadería, a la agricultura en sus diferentes modalidades, qué se destina a la minería. Bajo qué condiciones se puede explotar la tierra y en dónde no.
Se debe crear una demarcación clara de las zonas protegidas e intentar establecer mecanismos para reubicar las familias que ocupan los parques nacionales, por ejemplo. Se debe reglamentar la explotación minera y petrolera, dónde se puede hacer y dónde no, para que no se presenten casos como el de Caño Cristales. En fin, unos mínimos que traerá la paz que se deberían convertir en máximos.