Bajo condiciones normales será imposible reformar el Sistema Electoral Colombiano que parece hecho para que la democracia no funcione de manera transparente y limpia, por lo que es necesario que bajo la coyuntura del proceso de paz, este se transforme.
Si se le pregunta a un senador o representante a la Cámara, si cree necesario reformar el Consejo Nacional Electoral, responde que por supuesto, que es importante. Sin embargo, nadie se pone en esa tarea, por esto es necesario que Colombia aproveche la implementación del Proceso de Paz, en donde se tramitarán proyectos de ley y se dé al trabajo de discutir la posibilidad de cambiar el sistema político del país.
Para la Fundación Paz y Reconciliación la reforma más importante que se puede dar en Colombia bajo la coyuntura del Proceso de Paz es la Reforma Política, a pesar de la gran resistencia que habrá en esta materia, no solo por la asignación de cupos indicativos; conformación de listas; elección de órganos de control, etc., sino además porque a ningún congresista o político del país, le conviene que este se cambie porque está hecho a la medida de sus intereses.
Sistema Electoral Colombiano, primero reto o desafió en reforma política:
El Sistema Electoral Colombiano está compuesto por el Consejo Nacional Electoral, la Sección Quinta del Consejo de Estado y la Registraduría Nacional de Estado Civil. La Registraduría elabora las cédulas, las organiza para las elecciones y es quien se encarga de contar los votos. ¿Es posible que todo esto se encuentre en manos de una sola entidad? En época de elecciones a los registradores departamentales se los debe cambiar dos meses antes de que estas se den, por todas las presiones políticas que existen.
El ejemplo más vergonzoso es de la registradora del departamento del Caquetá Nelsy Armario, quien es hermana de Luis Fernando Almario un político de la región procesado judicialmente por Farcpolítica, parapolítica y nexos con narcos. ¿Se puede confiar en un órgano en manos de una persona con familiares con estos antecedentes? En el municipio de Uribia en la Guajira Fredy Becerra es el registrador municipal, familiar de los Becerra financiadores de la campaña de Wilmer González gobernador electo del departamento. Así mismo sucede en todas las seccionales de esta institución, lo que obliga a pensar en cómo rediseñarla para que su funcionamiento sea transparente.
Consejo Nacional Electoral, “El ratón cuidando el queso”
En el Consejo Nacional Electoral las cosas funcionan bajo la regla de “Yo no investigo las tuyos, pero tú no investigas los míos”. Para la Fiscalía es claro que la campaña de Oscar Iván Zuluaga contrató un hacker, ¿en qué vamos hoy por hoy?, en nada.
Otro ejemplo que nos ayuda a ilustrar este caso es el de Yolima Carrillo magistrada del Consejo Nacional Electoral, familiar de Antenor Durán Representante a la Cámara. Su esposo fue el secretario privado de la exgobernadora Oneida Pinto. ¿Es posible contar con unas condiciones mínimas de transparencias trabajando en estas circunstancias?
Desde la Fundación Paz y Reconciliación hemos propuesto que se acabe el Consejo Nacional Electoral y se cree el Colegio Electoral, que sea elegido por expertos, con delegados de los partidos con voz pero sin votos y que la comisión también de expertos que se cree desde la mesa de diálogos de la Habana, sea la encargada de elegir a los primeros magistrados que lo van a componer.
Proponemos entonces una estructura diseñada de la siguiente manera: Una sala administrativa; una sala financiera y una de investigación. Es bueno también que se piense en la salida de la sección Quinta del Consejo de Estado y crearla como un gran Tribunal Electoral con seccionales en todos los departamentos. Se sabe que la mayoría de candidatos a elecciones de alcaldías y departamentos violaron los topes electorales y al día de hoy no hay una sola sanción.
La Fundación Paz y Reconciliación pide también que la Registraduría se encargue únicamente de la expedición de cédulas y realizar el censo electoral.
El Colegio Electoral que proponemos no se puede elegir con delegados de los partidos políticos como sucede en la actualidad donde los magistrados del Consejo Nacional Electoral son postulados por los partidos políticos y elegidos por el Congreso de la República, porque esto sería como seguir poniendo “al ratón a cuidar el queso”
Financiación de campañas
El 60% de lo que se gasta en una campaña no pasa por una cuenta bancaria, porque estos elevan los costos y que los vuelven asimétricos. Es así como tenemos el caso de los Char en el Atlántico donde fácilmente se pueden pasar de los 3 mil millones de pesos y no pasa nada. Lo mismo ocurre en el caso del Ñoño Elías en Córdoba y en los registros contables aparece un máximo de 700 millones. Lo anterior porque la mayor parte del dinero que se gasta se lo hace con plata que no necesariamente pasa por la cuenta de un banco, sino que se maneja como dinero de bolsillo.
Los recursos públicos son utilizados para financiar campañas electorales. Vimos como en el 2015 en la gobernación del Cesar, la señora Cielo Gnecco y el señor Luis Alberto Monsalvo Gnecco, utilizaban la contratación pública en función de determinado candidato, para asegurarle votos y así garantizar su continuidad en la administración, esta vez en cuerpo ajeno.
Otro caso es la participación de recursos privados o de préstamos persona a persona. Si se tiene un tope de campaña, estos son dos o tres veces menos de lo que se gasta en una campaña, por esto mucho acuden a la financiación privada o préstamos personales. A algunos no les importa si lo deben hacer con recursos del narcotráfico, porque para ellos “El fin justifica los medios”. De esta forma la administración local o el trabajo legislativo o de control político local, es realizado en función de la ilegalidad en Colombia.
Por lo anterior la Fundación Paz y Reconciliación pide porque en Colombia se llegue a la financiación pública de campañas, porque es la única manera en cómo se garantizaría que los recursos que se utilicen sean legales y que las personas que aspiran al cargo no lo hagan con intereses oscuros.
Proponemos además que se implemente el Voto Electrónico, que a pesar de estar en la ley, no se le ha dado uso. El problema con el tarjetón está en que este es un gran negocio que tiene dueño y que difícilmente va a ceder. En el otro caso, está en que este contrato se adjudica por una sola vez en mucho tiempo y a partir de ese momento se adquiere el mantenimiento.
En Venezuela por ejemplo con el voto electrónico el presidente Nicolás Maduro perdió el 51% de la Asamblea y no le quedó otra opción más que reconocerlo.
La Fundación Paz y Reconciliación considera que el debate que se avecina por la implementación de los Acuerdos de Paz con las Farc, debe ser aprovechado para discutir la posibilidad de corregir los problemas y defectos que tiene el Sistema político y electoral en Colombia.
Análisis presentado por Ariel Ávila en la Mesa Redonda «la Reforma Política más allá del Proceso de Paz»
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