Los municipios que durante décadas han tenido presencia de las Farc y que serán objeto de intervención estatal, son territorios donde la mayor parte de su actividad económica es movida por rentas ilegales, donde los actores armados son quienes regulan y administran el mercado. Cuando un campesino por ejemplo tiene problemas por lo que puede costar una onza de oro, no acude a donde un juez, sino al comandante del frente que opera en la zona quien impone las condiciones para solucionar el impase.
Lo anterior le genera un reto bastante alto al Estado porque debe evitar a toda costa que con la salida de las Farc de determinado territorio tras su desmovilización, llegue otro a capturar estas economías.
A pesar de los esfuerzos que han hecho tanto la policía de carabineros como las Fuerzas Militares por combatir este fenómeno, es necesario reconocer que las estrategias son insuficientes porque la llegada de otros actores ilegales a estos territorios es casi inevitable, si el Estado no hace sentir su superioridad y capacidad para imponerse sobre cualquier grupo irregular, llámese guerrilla o banda criminal.
En lugares como el departamento del Huila y sur del Tolima el posconflicto podrá salir muy bien, pero en algunas zonas de la región del Pacífico las cosas pueden fallar. En este territorio opera el Frente 29 de las Farc, en donde existe extracción minera que se ejerce con métodos ilegales y siembra de hoja de coca. En toda esta zona ya está llegando el ELN y bandas criminales. Estas economías ilegales y criminales es necesario combatirlas con estrategias pensadas más allá de las luchas contra las guerrillas.
Todo lo anterior ha ocurrido porque no se ha querido reconocer que el problema que existe en Colombia en la economía campesina, no se limita únicamente al acceso a la tierra, sino al Ordenamiento Territorial, donde se defina los usos y los espacios que se le va a dar a la actividad minera, ganadera, agrícola, etc.
Sería gravísimo que los problemas que padece el departamento del Putumayo se extienda a los demás territorios, donde se cuenta con zonas indígenas, de reserva natural, parques nacionales, distrito minero, explotación petrolera, que han dejado insatisfacción en la población y como consecuencia de esto, han surgido las protestas sociales que muchas veces han terminado en hechos violentos, que terminan no solo por desgastar a las comunidades, sino además a las empresas dedicadas a la extracción.
Se puede mejorar el Código Penal Colombiano y cuantas leyes queramos, pero si no se hace lo posible por mejorar el ordenamiento territorial, no vamos a lograr mayor cosas en esta materia.
El presidente Obama en su discurso advirtió que no estaba dispuesto a alterar el sistema de salud de los Estados Unidos. Así mismo se debería actuar en Colombia en materia de minería y manejo ambiental, bajo unas reglas mínimas de juegos que sean inmodificables.
El problema de la minería ilegal y la minería criminal es que esta no se limita únicamente a la extracción de estos recursos con métodos no reglamentados o realizada por actores irregulares, sino que hoy día ha corrompido a la administración pública y la clase política en algunos territorios del país.
Sorprende que el debate sobre la financiación que hizo la multinacional Goldex a 89 candidatos que aspiraban a distintas alcaldías del país, pasó de agache. Esto es solo un ejemplo de la manera en como se ha tejido toda una red criminal a partir de la minería ilegal en Colombia que involucra jueces, fiscales, funcionarios públicos, miembros de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional.
Es aquí donde viene la pregunta de ¿cómo se da el proceso de Lavado de Activos? El municipio de Bello tenía tres minas, sus regalías aumentaron. Sin embargo notamos que este era traído desde Barbacoas – Nariño, para ser declarado en tierras paisas. Esta es una modalidad de blanqueo de dineros.
Bello es un emporio de la familia Suarez Mira, contrataban a través de terceros quienes a su vez, a través de actividades fraudulentas blanqueaban dinero con recursos públicos.
Otro problema con la actividad minera en Colombia es que al pedir la licencia las comunidades del territorio en donde se va a ejecutar la tarea, reaccionan de manera negativa, sin tener en cuenta que muchas veces no se va a afectar toda el área de la que habla el permiso solicitado. Lo anterior ocurre porque el Estado no prepara las áreas, ni explica cuáles y como son las actividades de extracción minera que se van a ejecutar en estas zonas.
Las entidades encargadas de los temas mineros y medioambientales deben explicarles a las comunidades, alcaldes y gobernadores de los territorios a intervenir, en qué consisten las actividades que se van a realizar en estas zonas, cosa de que no reaccionen de manera negativa y se sientan partícipes de estas, tanto en lo laboral, como en la distribución de las regalías.
Intervención de Ariel Ávila en el debate sobre Las Apuestas y Desafíos de la lucha contra la minería ilegal en Colombia