Otto Nicolás Bula ocupó el cargo de Senador de la República avalado por el Partido Liberal en 1998, como segundo renglón de la lista de candidatos de Mario Uribe Escobar a quien reemplazó en la curul, luego de que este último se retirara.
Su actividad parlamentaria es escasa. De los pocos registros que se tiene sobre su trabajo como legislador solo existen dos: el Proyecto por el cual se aclara la Ley 403 y se establecen nuevos estímulos al elector y el Proyecto de Ley por medio del cual se crea el Seguro Obligatorio de Desempleo con Solidaridad – SODES.
La primera ocasión en la que el nombre del excongresista Otto Nicolás Bula se vio mezclado en escándalos del nivel nacional, fue en 2002, cuando el exalcalde Gustavo Petro en calidad de representante a la Cámara, denunció que 122 de sus colegas en el Congreso de la República se habían beneficiado con 100 mil millones de pesos del Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural (DRI), parte de los cuales se estarían desviando para financiar sus actividades proselitistas.
Para ese entonces el hoy presidente de la República ocupaba el cargo de ministro de Hacienda en reemplazo de Juan Camilo Restrepo en el gobierno de Andrés Pastrana Arango.
El entonces primer mandatario le nombra en la cartera como fórmula que le ayude a salir de la crisis política desatada por cuenta del escándalo que llevó al Jefe de Estado a proponer un referendo con la idea de reformar el Congreso y acabar con las malas costumbres en la política, luego de que se conociera la celebración irregular de contratos, por 5.300 millones de pesos, entre la Cámara de Representantes y particulares, durante el segundo semestre de 1999 por lo cual la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dictó medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio excarcelación contra Armando Pomárico Ramos, ex presidente de esa corporación, y contra los representantes Juan Ignacio Castrillón, ex primer vicepresidente de la Cámara; Octavio Carmona Salazar, ex segundo vicepresidente de la Cámara; Darío Saravia Gómez y Miguel Ángel Flórez Rivera.
Juan Manuel Santos en calidad de ministro de Hacienda propuso un apretón en la inversión pública nacional como fórmula que ayudara al país a salir de la crisis económica que por esos años atravesaba Colombia, a la que llamó “Sudor y Lágrimas”.
A pesar de la fuerte oposición de sectores de izquierda, algunos liberales e independientes, al proyecto de Sudor y Lágrimas del entonces ministro de Hacienda, la idea marchaba bien y no hubiese tenido ningún tropiezo, de no ser por la denuncia de Gustavo Petro y Antonio Navarro, ambos congresistas para la época, quienes con lista en mano, dieron a conocer una serie de auxilios parlamentarios aprobados para más de cien legisladores, entre los que se encontraba Otto Bula, quien en compañía de sus demás colegas aprobaron la iniciativa gubernamental.
Con la denuncia de Petro y Navarro, se conoció que el ministro de Hacienda Juan Manuel Santos aprobó un monto que según investigación de la Revista Semana, «ascendía a 300.000 millones de pesos, al que denominó “Cupos Indicativos”, equivalente a 800 millones por parlamentario con ñapa para presidentes de comisiones y miembros de mesas directivas, logrando de esta manera la aprobación de un presupuesto de más de 50 billones de pesos en dos horas sin cambiarle una sola coma».
Gustavo Petro señaló que parlamentarios de Córdoba, Atlántico, Sucre, Bolívar, Valle y Cundinamarca recibieron por lo menos 100 mil millones de pesos que terminaron, en algunos casos, en manos de agremiaciones privadas y en las arcas de las campañas. En los listados se mencionaron los códigos asignados a los nombres de 52 senadores y 70 representantes.
Petro insistió en que parte de esos dineros se asignaron a agremiaciones privadas como Fedecaucho, que agrupa a los cultivadores de caucho; Fedecacao, gremio de cacaoteros, y Coagrocor, cooperativa que agremia a cultivadores y comercializadores de maíz.
A la denuncia se sumó el entonces Contralor Carlos Ossa Escobar, quien para ese momento señaló que “debido a las irregularidades detectadas, inicialmente se habían congelado los recursos, pero que en el mes de abril el Ministerio de Hacienda y la Contraloría enviaron cartas al DRI, Findeter, Caminos Vecinales y Coldeportes para que se asignen los dineros si se cumplen los requisitos”.
A pesar de que se iniciaron pesquisas en los órganos de control y judiciales, no hubo ninguna condena por este hecho y Otto Bulo logró terminar su período como Senador de la República, de donde salió para continuar apoyando las aspiraciones de Mario Uribe Escobar, quien para 2002, decide no hacer parte de la lista del Partido Liberal e integra la del Movimiento Renovador de Acción Social – Moral y en 2006 forma parte de la de Colombia Democrática.
Otto Bula el empresario y terraniente:
A partir del año 2000 Otto Bula inicia una carrera por hacerse a grandes extensiones de tierra, logrando la compra de lotes en San Pelayo y en Montería (Córdoba), cinco de los cuales eran baldíos de la Nación que fueron traspasados a campesinos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) a principios de los años ochenta. Una de estas fincas tenía 352 hectáreas y Bula la compró en 2004 por 178 millones de pesos, según investigación del diario El Tiempo.
Así mismo se hizo a terrenos que estaban en manos de políticos regionales como el exgobernador de Córdoba Carlos Buelvas y el exrepresentante a la Cámara Miguel de la Espriella. Bienes que fueron incautados a narcotraficantes como Javier Calle Serna, uno de los ‘Comba’, lo mismo que tres propiedades en Sahagún que pasaron por las manos del Consorcio Agroganadero del Valle del Sinú, ligada a los narcotraficantes Álvarez Meyendorff. Una de estas, la Hacienda Marangón de 974 hectáreas fue comprada por Bula en 1.000 millones de pesos en el 2008 y revendida en el 2010 a solo 1,2 millones de pesos.
A este inventario de bienes se suma la hacienda que fue de Bula en San Pelayo y terminó en manos de Yasmine Isaac Galvis, esposa del desaparecido ganadero Joaquín García, señalado de impulsar ‘paras’ en Sucre.
Otto Bula ha conformado las firmas Alimentos Bijao S. A., Agropecuaria Montes de María, Agropecuaria El Central, quienes se encuentran en la mira de la Fiscalía, quien se encuentra estableciendo si la fundación de estas empresas se logran con el patrimonio familiar, heredado de una gran fortuna de sus padres Otto Bula Díaz y doña Cira Bula de Bula o los recursos tienen origen oscuro.
Caso Odebrecht:
Un reciente Indictmen de la Corte del Distrito Este de Nueva York, puso en evidencia los sobornos que la multinacional Odebrecht habría cometido en distintos países de América, uno de ellos Colombia, para obtener multimillonarios contratos.
En Colombia se abrió investigación judicial por la manera en cómo se adjudicó el contrato a la multinacional para la construcción de la Ruta del Sol un proyecto que va desde Puerto Salgar en Cundinamarca hasta San Roque en el Cesar a través de una carretera de doble calzada.
Este contrato se firmó en el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez el 14 de enero de 2010, entregado a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., firma conformada por la Constructura Norberto Odebrecht, a quien le corresponde el 25,01% de la participación societaria; Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S con el 37% de participación, Estudios y Proyectos del Sol Episol con 33% y CSS Constructores S.A. con 4,99%.
El contrato se firmó por un total de $2.474.398.909.000, con la asesoría de Richard Cabello, asesor en infraestructura de la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés). Para ese entonces se dijo que la estructura pensada para la concesión del proyecto, en adelante debía servir de modelo para la contratación pública, quizás por la prevención que existía en el país en este tema, luego del escándalo desatado a nivel nacional por el Carrusel de Contratación en Bogotá.
La reciente captura del exviceministro de la época Gabriel García y la vinculación al caso judicial del exsenador Otto Bula, demuestran que los modelos de corrupción en Colombia, no han desaparecido, sino que por el contrario, tienden a ser más sofisticados y que de nada valió invalidar a las empresas de los hermanos Nule, quienes siguiendo las mismas prácticas, venían haciéndose a la contratación pública para entregársela a una firma multinacional extranjera con un modelo financiero y una estructura envidiable, si en todo caso, la costumbre de buscar intermediarios pagos para poner las licitaciones a su favor, continuaron.
La Fiscalía General solicitó la captura del exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, procesado por haber solicitado el pago de 6.5 billones de dólares a la empresa brasileña Odebrecht para garantizar en 2009 la entrega del contrato de la Ruta de Sol Tramo II. De igual manera vinculó al caso al excongresista Otto Bula por haber acordado con Odebrecht el pago de una comisión de éxito de 4.6 billones de dólares para lograr la adición del contrato para construir el Tramo Dos de la Ruta del Sol entre Ocaña y Gamarra.
Para lograr tal propósito fue necesario que la Agencia Nacional de Infraestructura se pronunciara en favor de esta adición al proyecto de la Ruta del Sol; que la Dirección Nacional de Planeación modificara el Conpes 3817, para que el ministerio de Transporte diera vía libre a la obra y el ministerio de Hacienda asignara los recursos. Lo que quiere decir, que para que este hecho se consumara, fue necesario el concurso de varias entidades. Con un personaje como Otto Bula mezclado en todo esto es curioso que nadie se percatara de que algo oscuro podría estar sucediendo.