El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, siempre tan ponderado, siempre tan ecuánime, ha respondido de mala manera a los llamados de atención que estamos haciendo desde la Fundación Paz y Reconciliación sobre la expansión de grupos armados ilegales o de estructuras del ELN a varias zonas dejadas por las Farc, o sobre los enormes riesgos de la anarquía criminal en estos territorios.
En una entrevista al diario El Tiempo, con la intención de desvirtuar nuestras valoraciones, ha dicho que estas investigaciones no se hacen sobre el terreno y ha señalado también que nuestra intención es ofender a la fuerza pública y desconocer sus grandes esfuerzos y sacrificios para aclimatar la paz del país.
Sus palabras fueron: “A mí me parece que hay una actitud despectiva, soberbia, olímpica, de gentes que se sientan en un escritorio en Bogotá a pensar sobre sitios que ni siquiera en la imaginación saben cómo son y no les importa la gente que vive y que está disfrutando de una tranquilidad que no conoció en tres generaciones”. También dijo que “Combatir al Clan del Golfo, a los Pelusos, al ELN tiene riesgos y decir que esos riesgos no se están corriendo, cuando los soldados sí se están exponiendo, es una ofensa”.
No, señor ministro, durante tres años nos dedicamos a recorrer los territorios del conflicto con un grupo que llegó a tener 50 investigadores, 37 de ellos en terreno, para hacer un diagnóstico riguroso y preciso sobre los retos para construir la paz que tendrían el Estado y la sociedad en los 281 municipios donde habían tenido presencia las Farc y el ELN a lo largo de 30 años.
En ese esfuerzo hicimos una clasificación de esos municipios de acuerdo con la vulnerabilidad en justicia, en seguridad, en mercados ilegales, en pobreza, en vías de acceso y presencia institucional. Al mismo tiempo señalamos los desafíos que deberíamos enfrentar para construir Estado, mercados legales y ciudadanía. Los resultados están en tres libros que se pueden conseguir fácilmente en las librerías del país. Hay allí propuestas concretas tanto para victorias tempranas en la construcción de la paz como para cambios de mediano y largo plazo en la búsqueda de la reconciliación de los colombianos.
Digo apenas algunas. Es preciso llegar con un dispositivo policial y de justicia a 300 sitios del país y adelantar una reforma de la fuerza pública y de la justicia local para reemplazar la manera arbitraria, pero eficaz como las guerrillas tramitaban los conflictos. Es urgente el cambio en la legislación y en la institucionalidad minero-energética para superar las minerías ilegales y el desastre ambiental y social que se está generando. Es necesario encontrar alternativas de empleo legal para los cientos de miles de jóvenes empleados en los mercados criminales. Después de firmado el acuerdo de paz del Teatro Colón orientamos nuestro trabajo a monitorear el cumplimiento de lo pactado y a producir informes periódicos de la marcha del posconflicto. De ahí es de donde salen nuestras preocupaciones por la expansión de grupos armados a varias zonas dejadas por las Farc y la toma y control de los negocios que esta organización dominaba, especialmente en la costa Pacífica nariñense, en el Chocó, en el Bajo Cauca antioqueño, en el Catatumbo y en Arauca.
Usted, señor ministro, no ha querido ver esta expansión en todo su dramatismo; ni el impacto que pueden tener las disidencias de las Farc; ni el hecho lamentable de la complicidad que en algunas zonas tienen sectores de la fuerza pública con el Clan del Golfo y otros grupos criminales, lo cual facilita su expansión y su acción criminal contra la misma Policía mediante el plan pistola que ya cobra la vida de 17 uniformados; ni la ligazón que tienen con la paz los 37 líderes sociales asesinados después del acuerdo del Colón.
Nosotros, a la vez que damos cuenta de estas realidades dolorosas, resaltamos en los reportes los logros, los enormes logros, que ha tenido la paz hasta el momento. Hago una sola comparación para mostrar lo fabuloso que ha sido iniciar las negociaciones y suscribir el acuerdo: en el año 2012, cuando empezaron las conversaciones en Cuba, se presentaron 4.114 homicidios en los 281 municipios del conflicto y en 2016 solo ocurrieron 3.157. El proceso de paz salvó cerca de 1.000 vidas entre un año y otro.
Y otro hecho que no ha sido usual en anteriores procesos de paz en Colombia y tampoco lo es en la actualidad en otros países; un hecho que el país no ha aplaudido lo suficiente: el cese al fuego bilateral y definitivo de las hostilidades se ha cumplido a cabalidad tanto por parte de las Fuerzas Armadas como por parte de las Farc, solo se han presentado tres incidentes menores.
Nota. Muy grave la decisión de la Corte Constitucional de abrir la posibilidad de que el Congreso le meta la mano a puntos esenciales de los acuerdos de paz suscritos con las Farc. Uno de los rasgos nacionales más deplorables es la trampa. Con una triste frecuencia se incumplen los acuerdos públicos y privados. Ahora se invoca la soberanía del Congreso para incumplir un acuerdo para el cual el presidente Santos estaba facultado por varios artículos de la Constitución Nacional, empezando por el artículo 22.
Columna de opinión publicada en Revista Semana