Lo que hemos visto con el proceso de revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, es, sencillamente, una vergüenza, un asalto a la Constitución, una burla a la ciudadanía y el reflejo de comportamientos autoritarios dignos de dictadores de la segunda mitad del siglo XX. En Colombia, los políticos se rasgan las vestiduras porque Maduro en Venezuela, se opone y obstruye una revocatoria, mientras que, por la puerta de atrás, tienen exactamente los mismos comportamientos que el Gobierno vecino. Los partidos de Cambio Radical, Centro Democrático, Partido de la U y un sector de los conservadores, se mueven en el Consejo Nacional Electoral [CNE] para tumbar la revocatoria y garantizar que el ineficiente, terco y mal alcalde Peñalosa, continúe en el poder.
La conclusión es que a las élites políticas de este país la Constitución les sirve hasta que los toca. Cuando les concierne, se burlan de esta y de la ciudadanía; pero no lo hacen de frente, lo hacen de forma vergonzante y por la puerta de atrás. La triquiñuela que utilizaron Cambio Radical, el Centro democrático y el partido de la U fue la siguiente:
Le trasladan al CNE la función de calificar si un mandatario cumple o no el programa de gobierno. Es decir, que los magistrados del CNE que son elegidos por los partidos políticos en el Congreso, son los encargados de supervisar a aquellos que hacen parte de la maquinaria de senadores que los eligen.
Por ejemplo, la magistrada Yolima Carrillo, quien es ficha de Cambio Radical y, además política cercana al juzgado y preso exgobernador de La Guajira Kiko Gómez, es la encargada de torpedear el asunto de la revocatoria de Peñalosa junto con el presidente del CNE Alexander Vega. Un número importante de los procesos de revocatoria que existen en el país, son contra alcaldes del partido Cambio Radical. Y estos alcaldes, son la ficha principal con su capacidad de contratación, para financiar las campañas de los honorables congresistas en las elecciones de 2018. En tanto la contratación pública es la que permite financiar campañas para congresistas y candidatos presidenciales, quieren evitar las revocatorias.
Así las cosas, en la vida real el CNE no es el guardián de la democracia, es más bien, un instrumento clientelista para impedir que exista control ciudadano al ejercicio del poder. La confabulación es de tal magnitud, que seis magistrados del CNE que son de los partidos anteriormente nombrados, tienen en jaque a Armando Novoa, Héctor Helí Rojas y Ángela Hernández, y no los dejan ni hablar. Ya es conocida la guerra sucia que tenía el CNE contra Novoa, pues este no se presta para las confabulaciones politiqueras; pero con el tema de Peñalosa, incluso a sus amigos de clientela como Rojas y Hernández los tiene en jaque.
Existen alcaldes que no merecerían ser revocados. Sin embargo, lo que se discute no es lo bueno o malo que nos parezca un alcalde, es la legitimidad democrática de la figura del control ciudadano. Si las élites políticas quieren acabar la democracia en este país, pues háganlo de frente, no se inventen triquiñuelas administrativas o jurídicas, ni dilaten los procesos democráticos. En este caso, la frase de la justicia es para los de ruana, sí que aplica.
Lo que puede pasar en el CNE es un verdadero atentado, una bomba atómica a la Constitución política de Colombia, al modelo democrático que le ha costado mucho a la humanidad construir.
Entre tanto: La reunión del contralor de Bogotá Juan Carlos Granados con los concejales de Bogotá no debe extrañar. Granados tiene una cola larga de investigaciones por sus comportamientos cuando fue gobernador de Boyacá. Además Granados dice que es intocable pues es muy amigo de Vargas Lleras y dice que será su próximo ministro de Defensa…. Dios los cría y ellos se juntan.
Columna publicada en Semana.com