En menos de dos días ocurrieron en Colombia dos hechos totalmente opuestos. Por un lado, el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que el asesinato de líderes sociales era producto de líos de faldas (infidelidades) y problemas a la hora de consumir alcohol. Por otro lado, solo unas horas después de lo manifestado por el ministro, salió una fotografía en la cual algunos líderes sociales de la región del Urabá chocoano y antioqueño, al noroccidente del país, se tapaban la cara con máscaras para poder hacer las denuncias sobre despojo de tierras. De hecho, dos semanas antes de la foto, dos reclamantes de tierras habían sido asesinados.
Los datos hablan por sí solos: en el año 2017 han sido asesinados alrededor de un centenar de líderes sociales. Además, otros cerca de 200, han sido amenazados, obligados a salir de sus sitios de residencia y en otros casos han sufrido atentados. A pesar de esta tragedia, la discusión en Colombia se ha planteado en términos semánticos: algunos líderes de opinión y miembros del Gobierno han dicho que no todos los asesinados son líderes sociales y que además en ningún caso se comprueba sistematicidad, pues los victimarios son diferentes. Según ellos, no se podría hablar de un plan orquestado por una estructura criminal. Por otro lado, organizaciones sociales han planteado la discusión en términos totalizantes, se habla de un gran plan paramilitar de exterminio, orquestado, o al menos ejecutado, con la complacencia y autoridades y funcionarios públicos.
Efectivamente, todo parece indicar que no es una sola organización criminal la que asesina líderes sociales. Estos han caído a manos del grupo posdesmovilización paramilitar del Clan del Golfo, también a manos de la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y grupos regionales que prestan servicios de seguridad privada. Sin embargo, llama la atención que el perfil de los líderes asesinados es bastante similar. Son reclamantes de tierras o personas que lideran organizaciones de víctimas. También son líderes que aspiraban a competir en política en las elecciones locales del 2019, o son presidentes o dirigentes de las Juntas de Acción Comunal (organizaciones sociales de base).
Todo parece indicar que existen personas en la legalidad que contratan a grupos criminales para que asesinen a estos líderes sociales, por ello no es la misma estructura criminal la que comete estos hechos. Por ejemplo, durante todo el conflicto armado colombiano, fueron despojadas más de seis millones de hectáreas de tierra, principalmente campesinos o pequeños propietarios perdieron su tierra, ahora en épocas de paz, aspiran a recuperar lo que les fue robado, y por ese intento de reclamar, los están matando. En el occidente colombiano, los líderes sociales que denuncian presencia de economías ilegales también son perseguidos. El municipio de Tumaco es un buen ejemplo. O los que intentan competir políticamente con las viejas estructuras políticas también caen muertos.
Si bien casi en un 50% de los casos se han capturado a los autores materiales de los asesinatos, nada se sabe de los autores intelectuales, de hecho, en zonas como las del Urabá, la impunidad es casi total.
En pleno siglo XXI, los líderes deben aparecer con máscaras ante una cámara de vídeo para reclamar sus tierras. Y a pesar de saber quienes fueron los despojadores no ocurre nada. Los que se quedaron con la tierra se amparan en la figura de “terceros de buena fe”, es decir, agentes que se quedaron con la tierra despojada, pero que al momento de adquirirlas no sabían que estaban manchadas de sangre. Los paramilitares en muchas de las regiones colombianas crearon cadenas de patrimonio, con dos o tres dueños para lograr “lavar” el despojo, en otros casos quemaron notarias. Además, recientemente el Congreso colombiano, cuando aprobó el modelo de justicia transicional, excluyó a los terceros de su comparecencia a la justicia. Al final, no solo no habrá reforma agraria, tampoco ni siquiera la mitad de la tierra despojada será devuelta. La banalización de la tragedia.
columna de opinión publicada en El País.com