Por: Naryi Vargas, Investigadora de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto-Pares
El tiempo se acaba. A menos de cinco meses de que el periodo del presidente Juan Manuel Santos termine, el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se vuelven a sentar a la mesa con el fin de alcanzar un mínimo de acuerdos para que los seis años de acercamientos, produzcan resultados que lleven al siguiente gobierno a retomar la Mesa.
A contrareloj, el ELN y el gobierno deben avanzar en cuatro puntos que ambas partes han definido como fundamentales: pactar un nuevo cese al fuego y a las hostilidades bilateral, concretar el acuerdo humanitario para el departamento del Chocó, definir el mecanismo de participación de la sociedad e implementar el programa de desminado humanitario. Sobre cada uno de estos puntos la Mesa tiene avances importantes producto del trabajo de anteriores ciclos.
Este quinto ciclo de conversaciones se retoma en Quito, Ecuador, luego de que el ELN desarrollara un cese al fuego unilateral (y voluntario) entre el 9 y el 12 de marzo de 2018 como un gesto de paz. Esto permitió que el Gobierno decidiera volver a la Mesa, pues la reactivación del accionar bélico al finalizar del cese que se pactó en el 4to ciclo, llevó a que el Presidente retirara la Delegación de Quito. Esto en el entendido de que las delegaciones tenían un acuerdo sobre la necesidad de mantener el clima de paz y unas horas después de finalizado el cese, el ELN desarrolló una serie de atentados contra oleoductos y otras operaciones contra la fuerza pública. El hecho que causó mayor rechazo en la sociedad colombiana fue la activación de explosivos en el CAI de Barranquilla y otros en Soledad, Atlántico.
La cabeza negociadora del ELN, Pablo Beltrán, y el gobierno nacional representado por Gustavo Bell. Antes de ellos, entre el gobierno y la guerrilla hubo un pasado de acercamientos con miras a la paz. ¿Qué pasó la última vez que se sentaron a la mesa?
Ciclos de negociación
El primer ciclo se desarrolló entre el 8 de febrero y el 6 de abril de 2017 y dejó conclusiones menores: (i) se definió que la Mesa trabajaría de manera simultánea en el tema de participación y lo referido a las dinámicas humanitarias. (ii) se anunció que en el segundo ciclo se concretaría un programa piloto de desminado humanitario.
El segundo ciclo comenzó el 16 de mayo 2017 con la expectativa de que se pudiera pactar un cese al fuego bilateral y de hostilidades, lo que se vislumbraba como la única manera de poner fin al secuestro. La idea tomó fuerza en tanto que se acercaba la fecha de la visita del Papa Francisco a Colombia. Este evento era de gran importancia para el ELN por su cercanía al cristianismo y a la corriente de la teología de la liberación. Sin embargo, el 29 de junio se terminó el ciclo sin ninguna decisión al respecto.
El 24 de julio de 2017 comenzó el tercer ciclo de negociaciones y estaba previsto que terminara el 1 de septiembre, pero ante la necesidad de concretar el cese al fuego bilateral y de hostilidades para la llegada del Papa, se prorrogó 3 días más. El mayor logro del proceso de paz se dio el cuarto día de ese mes: un comunicado conjunto en el que se informaba que el cese al fuego se desarrollaría durante 4 meses, entre el 1 de octubre y el 9 de enero de 2018, y estaría acompañado por un mecanismo de monitoreo integrado por el Gobierno, el ELN, la ONU y la Iglesia católica, con el propósito de prevenir e informar sobre violaciones al cese. Durante este ciclo fue presentada en Quito la Mesa Humanitaria del Chocó, una propuesta de la sociedad civil con el objetivo de reducir los impactos del conflicto en el departamento.
Con el acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral se dio el paso que la Mesa necesitaba. Además de ser una muestra concreta de voluntad de ambas partes, permitió la superación del tema del secuestro, que se percibía como el mayor obstáculo para avanzar en el abordaje de la agenda. No obstante, es importante resaltar que el logro del cese se dio por la intervención del Senador Iván Cepeda, el expresidente Ernesto Samper y el político conservador Álvaro Leyva, personas externas a la Mesa, que fueron enviados directamente por el presidente Santos para resolver las trabas en reuniones directas con la delegación del ELN. Esto evidenció que además del obstáculo que representaba el tema del secuestro, existía otro asociado con el comportamiento y la dinámica de las partes en la negociación: la desconfianza.
El cuarto ciclo y con el que finalizó el trabajo de las delegaciones del 2017 se desarrolló entre el 25 de octubre y el 1 de diciembre. Durante este periodo la Mesa desarrolló cuatro actividades principales: (i) se comenzó a abordar el punto 1 de la agenda participación de la sociedad en la construcción de paz. (ii) seguimiento al cese al fuego y los compromisos adquiridos por cada una de las partes. (iii) Se estableció el Fondo de cooperación, que consiste en Aportes económicos del Grupo de Países de Apoyo y Cooperación, el cual está conformado por Alemania, Holanda, Italia, Suecia, Suiza, y que permitirá la financiación de la delegación del ELN y algunas actividades de la Mesa de conversaciones durante el proceso de diálogos de paz. (iv) Se debatieron los términos prácticos, para concretar el acuerdo de programa puntual de Desminado Humanitario que se mencionó en el primer ciclo de la negociación, pero no se logró avanzar en su concreción.
En tanto que no hubo comunicado conjunto luego de la cuarta ronda, ni sobre el cumplimiento del cese al fuego, cada una de las partes expuso su posición al respecto. Por un lado, el gobierno afirmó haber cumplido a cabalidad sus compromisos, (i) La publicación del proyecto de decreto para agilizar y fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas. (ii) El desarrollo de un esquema integral que mejoraría la condición humanitaria de los reclusos militantes del ELN que se encuentren en cárceles colombianas. (iii) Impulsar la pronta aplicación de la Ley 1820 de 2016 (Ley de Amnistía) y el Decreto 277 de 2017, en lo referido a la despenalización de la protesta. (iv) Verificar que no se obstaculice el flujo normal de víveres y medicamentos hacia las comunidades aisladas. (v) dentro del marco de la Mesa de Diálogos, se pusieron en marcha y se finalizaron de buena forma las audiencias preparatorias previstas con la sociedad civil. Asimismo, el gobierno condenó dos hechos en los que la guerrilla violó el cese al fuego: (i) el asesinato de Aulio Isarama Forastero, un líder indígena del Chocó; y (ii) la masacre de 8 campesinos ocurrida en el municipio de Magüí, en el departamento de Nariño.
Por su parte, el ELN publicó un comunicado en el que destacaban la reticencia del gobierno a evaluar y verificar casos en que se violó el cese, particularmente se refirió a la masacre sucedida en Tumaco el 5 de octubre de 2017 donde murieron 9 campesinos; la muerte de la comunicadora indígena Efigenia Vázquez en el departamento del Cauca; 2 ataques de las Fuerzas militares del gobierno a campamentos del ELN; y las violaciones a los derechos humanos de la población carcelaria.
¿Cuáles han sido los avances de la Mesa de negociación?
Audiencias preparatorias
Se desarrollaron durante el mes de noviembre de 2017 y fueron 10 en total, (8 presenciales y 2 virtuales), con participantes de organizaciones de la sociedad civil: comunitarias, empresas, territoriales, sectoriales, víctimas, entre otras. El objetivo de éstas era entregar insumos a las Delegaciones en materia de mecanismos de participación de la sociedad en la construcción de paz como primer paso para el desarrollo del punto sobre “Participación de la sociedad en la construcción de la paz”.
Cese al fuego y de hostilidades bilateral
El cese al fuego y a las hostilidades pactado entre el Gobierno y el ELN tuvo las siguientes características:
La duración fue de 101 días comprendidos entre el 1 de octubre de 2017 y el 9 de enero de 2018
Se pactó el silenciamiento de los fusiles entre ambas partes: ELN y gobierno.
Los compromisos adquiridos por el ELN respecto al tema de hostilidades fueron 4:
Suspender cualquier secuestro contra ciudadanos nacionales o extranjeros.
Suspender todo atentado contra la infraestructura del país, incluidos los oleoductos.
Suspensión de enrolamiento de menores con edades inferiores a 15 años, las mínimas autorizadas por el Derecho Internacional Humanitario.
Abstención de instalar artefactos antipersonales que de cualquier manera puedan poner en peligro la integridad de la población civil.
Los compromisos adquiridos por el Gobierno fueron 4:
Fortalecer el sistema de alertas tempranas para que la protección a los líderes sociales se fortalezca en todo lo concerniente al aviso de amenazas, a su trámite, investigación y difusión pública de los resultados.
Adelantar un programa de carácter humanitario entre la población carcelaria de militantes del ELN que permita mejorar sus condiciones de salud, ubicación cerca de sus núcleos familiares y evaluación de su seguridad en los recintos carcelarios en que están recluidos.
Velar en los próximos meses para que se le dé pronta y cumplida aplicación a la ley que recientemente desjudicializó varios tipos de protesta social.
Poner en marcha, dentro del marco de la mesa que funciona en Quito, las audiencias con la sociedad civil que están previstas en la agenda sobre participación del temario de las negociaciones de paz convenido en marzo del 2016.
El cese fue monitoreado por Naciones Unidas y la Iglesia, sin embargo la puesta en marcha del mecanismo se dio 5 días después de que fue iniciado el cese, cuando la Misión de la ONU aceptó.
Accionar bélico del ELN
Violaciones del cese al fuego
En el periodo que funcionó el cese, se corroboró que no se dio ningún enfrentamiento entre el ELN y la fuerza pública, pero algunos compromisos adquiridos respecto al tema de hostilidades fueron pasados por alto:
Actividad del ELN violatoria del cese
Quema de buses el 9 de octubre de 2017 en la vía Quibdó – Medellín. El ELN negó públicamente el hecho, pero fuentes en el territorio afirman que esta es una práctica común por parte del ELN, quien controla esa zona.
A finales del mes de octubre de 2017, la defensoría del pueblo denunció que el ELN continuó reclutando menores de edad en los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó. En el mes de noviembre confirmó que la guerrilla mantenía esta práctica también en el departamento de Antioquia. Al respecto, se confirmó el intento de reclutamiento de 7 menores de edad por parte de esta guerrilla en Murindó. Y una denuncia de reclutamiento de una niña en el Urabá.
Asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero y secuestro de Jhon Eriberto Isarama Forastero, quienes ejercían como gobernador y docente, respectivamente, del Resguardo Indígena Catru, Dubaza, Ancoso del municipio de Alto Baudó (Chocó), pertenecientes al Pueblo Embera Dóbida. El hecho provocó desplazamiento de más de 1100 miembros de esa comunidad.
Denuncia por parte de organizaciones sociales, autoridades locales y Gobierno Nacional sobre la siembra de minas antipersona por parte del ELN en municipios del Urabá chocoano.
Secuestro de un ciudadano oriundo del municipio de El Carmen en Norte de Santander por parte del Frente Camilo Torres. El hecho tuvo lugar en el municipio de Convención en ese mismo departamento el 24 de octubre de 2017.
Ataque del ELN contra un miembro de la fuerza pública el 16 de noviembre en el municipio de El Tarra, Norte de Santander.
Secuestro del hermano de un ex alcalde del municipio de Toledo en Norte de Santander, quien acudió a un canje humanitario para que el ex alcalde quedara libre.
Masacre de 13 personas perpetrada por el ELN en el municipio de Magüí- Payán, en el departamento de Nariño y detención de 6 miembros de la comunidad. Este hecho generó el desplazamiento de al menos 180 personas de la comunidad.
El 10 de diciembre fue secuestrada una funcionaria de la alcaldía del municipio de Almaguer en Cauca por unidades del ELN
El 10 de noviembre fueron secuestrados y asesinados por el ELN dos jóvenes en el municipio de Montecristo, en el departamento de Bolívar.
El 22 de diciembre de 2017 fue secuestrado en el municipio de La Vega, Cundinamarca, un arquitecto que trabajaba en un corregimiento del municipio.
Intimidaciones del ELN contra campesinos cocaleros en Antioquia, Nariño, Chocó y Cauca para evitar que se vincularan al programa de sustitución de cultivos.
Combates del ELN con otros grupos armados ilegales:
Combates entre el ELN y el Ejército Paramilitar de Norte de Santander en la zona de frontera con Venezuela en el mes de octubre de 2017.
Combates entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN en el departamento de Chocó en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero de 2017. El último fue registrado el 3 de enero de 2018 en territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó. Ambos provocaron desplazamientos.
En el municipio de Bolívar, departamento del Cauca, se dio un combate entre un grupo armado ilegal y unidades del ELN. Dejó siete personas muertas, entre ellas un civil identificado como Silvio Meneses y un presunto cabecilla de esa el 4 de enero de 2018.
En Nariño, el 17 de diciembre combates entre el ELN y grupos armados ilegales desertores de las FARC dejaron como saldo 2 muertos.
El 8 de enero, en el municipio de Policarpa, en Nariño, combates entre el ELN y disidentes de las FARC dejaron dos personas muertas.
Actividad del Gobierno violatoria del cese:
Operaciones en el bajo y medio San Juan en el departamento del Chocó por parte de la Fuerza Pública durante el primer día del cese. Estas conllevaron a la incautación de material de guerra y que posteriormente desató fuego cruzado entre la guerrilla y el ejército. En esa operación dos policías resultaron heridos.
El Frente Occidental del ELN, que opera en el Chocó, denunció públicamente la acción violatoria y agregó que se presentó una situación similar los días 3 y 5 de octubre de 2017, fecha en que aún no comenzaba la Misión de Verificación por parte de la ONU.
Masacre cometida por miembros de la Fuerza Pública en zona rural de Tumaco, donde 8 campesinos fueron asesinados.
Hechos difusos:
No se tiene conocimiento certero del autor:
Se conoció el asesinato de un Sargento del Ejército Nacional en el municipio de Toledo en el departamento de Norte de Santander. En la zona sólo tiene presencia el ELN, sin embargo los hechos no han sido esclarecidos.
Secuestro de 2 personas el 10 de diciembre de 2017 en el municipio de Ocaña en Norte de Santander. No se logró esclarecer si los perpetradores son del ELN o del Ejército Popular de Liberación (EPL).
Secuestro de una familia venezolana integrada por 7 personas en el municipio de Cumaribo en Vichada. A pesar de que identificaron como culpable al ELN, la presencia del ELN en esa zona es reciente y frágil.
Ataque a civiles en el municipio de Tibú, Norte de Santander el 23 de diciembre. El saldo fue de 2 personas muertas y 3 heridas, entre ellas un menor de edad. En la zona tiene presencia tanto el ELN como el EPL, no se ha podido comprobar cuál de los dos grupos fue responsable.
El 29 de noviembre se dio un fuego cruzado entre 2 fuerzas armadas. Se tienen dos versiones: (i) entre Fuerza Pública y un grupo armado en el municipio de Hacarí, Norte de Santander. Allí hay presencia tanto del ELN como del EPL. (ii) se dio fuego cruzado entre el ELN y el EPL, dos grupos que hasta ahora han logrado altos niveles de convivencia y cooperación. Hasta el momento no se ha logrado identificar cuál grupo fue el protagonista. Una menor de edad salió herida por una bala perdida.
El 1 diciembre tuvo lugar una confrontación en el municipio de El Zulia, Norte de Santander, entre dos grupos armados, entre los cuales se identificó al ELN. A pesar de las fuentes que afirman que portaban brazaletes de esta guerrilla, el hecho es confuso pues el ELN no tiene una presencia activa ni bélica en esa zona del departamento.
No es claro si hace parte del compromiso del cese a hostilidades.
En ese periodo de tiempo fueron asesinados 23 líderes y lideresas sociales. (Puedes visitar nuestro mapa interactivo de violencia selectiva AQUÍ)
Tras dos años de negociación formal y otros cuatro de conversaciones y acercamientos, el Gobierno y el ELN tienen dos retos importantes a lograr antes de que termine el periodo presidencial de Juan Manuel Santos. Primero, lograr avances cualitativos en materia de la agenda pactada. Esto se puede alcanzar si se define un mecanismo de participación que motive a diferentes sectores de la sociedad colombiana y aborde temas clave del país. El esfuerzo no es menor, pues el reto es lograr que este ejercicio de participación contribuya a resolver de manera participativa, con los actores protagónicos, problemáticas del país. Una propuesta que se está abordando es la de una Mesa Minero-energética que permita lograr acuerdos para reformar la institucionalidad de ese sector que está perjudicando a las comunidades, las empresas y por ende, al Estado. Este, además de ser un tema histórico en la agenda política del ELN, se ha convertido en motivo predominante de conflictividad social en el país.
El segundo reto tiene que ver con conquistar la opinión pública. Producto del proceso de paz de La Habana con las FARC, la sociedad colombiana parece ser menos tolerante a hechos de violencia y a la justificación política de ésta. De tal manera que los atentados del ELN generan un rechazo generalizado de la sociedad que afecta la percepción sobre la Mesa de negociación. Si lo que busca la guerrilla es mostrarse como una organización fuerte con la que se debe negociar, lo que ha logrado es subir la imagen de sectores políticos que se enuncian como “la mano dura” que va a lograr domesticar la violencia que ocurre en el país por medio de más violencia y no a través de diálogo político. El gobierno se está quedando sin tiempo para consolidar los resultados de seis años de acercamientos con el ELN.