Al adoptar una estrategia de generación de beneficios de doble vía, las empresas pueden mejorar su posición competitiva y al mismo tiempo contribuir a la resolución de las necesidades propias de las poblaciones y los territorios prioritarios para el postconflicto.
Por Óscar Iván Pérez H, Investigador de la Línea Conflictos Asociados al Desarrollo
La propuesta de construcción de paz para el sector privado de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares se basa en un enfoque de inclusión socioeconómica de poblaciones y territorios vulnerables en razón del conflicto armado. Entre otras cosas, esto significa que el sector privado –empresas, fundaciones empresariales, gremios, etc.– puede aportar a la paz del país por medio de la redefinición de sus cadenas de valor, el estímulo a las economías de los municipios más afectados por el conflicto armado (ZOMAC) y la inversión social en sus contextos competitivos.
La cadena de valor es un método para examinar el conjunto de procesos mediante el cual se crea un producto o un servicio útil para los clientes. Como método, la cadena de valor tiene la ventaja de que sirve para analizar cualquier sector económico, pues elimina aquello que los diferencia (producción de bienes y servicios específicos) y los reduce a aquello que tienen en común (procesos generales que son ejecutados en la producción: diseño, producción, comercialización, etc.).
La redefinición de la cadena de valor para construir paz consiste en incorporar cambios en los procesos productivos que permitan incluir a víctimas, excombatientes y miembros de la Fuerza Pública heridos en combate dentro de la lista de empleados, proveedores, distribuidores o clientes del sector privado. Así lo hacen, por ejemplo, Almacenes Éxito con Atención para la población vulnerable, un programa que genera oportunidades de formación y empleo a excombatientes y que apoya el proceso de reincorporación a la vida civil liderado por la Agencia Colombiana para la Reincorporación y la Normalización (ARN); Bavaria también lo hace con Tiendas de paz, un programa que busca incentivar el retorno de víctimas de desplazamiento forzado del departamento de Antioquia a través de la construcción de tiendas comunitarias encargadas de satisfacer sus necesidades de aprovisionamiento y consumo (ver Mapa de experiencias en construcción de paz).
El sector privado tiene dos opciones para estimular la economía de las ZOMAC: una, abriendo o relocalizando negocios propios para que operen allá, y dos, insertando en su cadena de valor negocios ajenos que se desarrollen desde territorios que fueron afectados por el conflicto armado. Con Bancamía, la Fundación Microfinanzas BBVA, la Corporación Mundial de la Mujer Colombia y la Corporación Mundial de la Mujer Medellín facilitan el acceso a servicios financieros y apoyan los emprendimientos de microempresarios, muchos de los cuales están funcionando en municipios en los que antes no se podía trabajar debido a la precaria situación de orden público. Así mismo, Hit Social de Postobón es un programa que, con una planta de producción en Tuluá (Valle del Cauca), incluye en la lista de proveedores de pulpa de fruta a pequeños productores que tienen sus fincas y negocios en municipios de la región Caribe, el Pacífico, el Eje Cafetero y los Santanderes. Cabe resaltar que con la Ley 1819 de 2016, el Gobierno nacional lanzó un paquete de beneficios tributarios para las empresas que abran nuevos negocios en los municipios ZOMAC.
Por último, el sector privado puede aportar a la paz por medio de la realización de inversiones sociales en el contexto competitivo de su operación. Dentro de este conjunto de inversiones están aquellas que se hacen a favor de los grupos de interés radicados en la zona de influencia directa de la empresa –entendida como el área dentro de la cual se concentra la mayor parte de sus los impactos económicos, sociales y ambientales de su operación–. Este paquete de inversiones sociales incluye esfuerzos para mejorar las condiciones socioeconómicas de la comunidad local, mitigar las externalidades del negocio, mejorar la infraestructura física local, o fortalecer la gobernanza y la seguridad.
Un ejemplo de este último tipo de inversión social es Por el derecho a una educación de calidad, de la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla. El programa busca el fortalecimiento institucional de tres municipios no certificados de la zona de influencia de Riopaila Castilla –la empresa aportante– en el Valle del Cauca: Florida, Pradera y Zarzal. En el marco del programa, la Fundación hizo acompañamiento técnico a las administraciones públicas y a las comunidades educativas locales para que formularan de forma participativa e incluyente la política pública de educación de cada municipio. Así mismo, hizo capacitaciones en temas de planeación municipal, gestión pública y planes de desarrollo (ver Invirtiendo en el futuro).
Las tres opciones mencionadas para poner en marcha la contribución del sector privado a la paz –a saber, la redefinición de sus cadenas de valor, el estímulo a las economías de los municipios ZOMAC y la inversión social en sus contextos competitivos– son, a su vez, mecanismos de creación de valor compartido, en el sentido de que generan beneficios económicos y sociales tanto para la organización que ejecuta la iniciativa como para los grupos de interés vinculados al proceso.
Visto desde la organización ejecutora, los beneficios directos e indirectos que traen la implementación de las estrategias descritas de inclusión socioeconómica son de diverso tipo; entre las más destacadas, cabe mencionar: i) extensión de mercados, entendido no solo como el aumento de la cantidad de clientes o territorios en donde se pueden vender de forma rentable bienes o servicios, sino como el incremento del valor total de las ventas; ii) reducción de costos y riesgos de operación, por medio de una cadena de abastecimiento más eficiente y responsable; iii) mejora en la reputación, debido a la implementación de iniciativas que no sólo buscan hacer más rentable el negocio, también generar un impacto social positivo; y iv) obtención de la licencia social de operación, sobre todo con las inversiones sociales en el contexto de operación, ya que se generan mecanismo de diálogo con los grupos de interés locales, quienes logran percibir un aporte palpable de la organización en el territorio. Visto desde los grupos de interés vinculados a los procesos, los beneficios económicos y sociales de estas estrategias son más que evidentes –creación de empleo, inyección de capital a proyectos productivos, construcción de vías y hospitales, capacitación técnica y administrativa, etc.– y dependen del tipo de iniciativa adelantada y la dimensión de paz seleccionada.
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Foto: ISAGEN