Prólogo del libro Minería en el postconflicto. Un asunto de quilates. Publicado por Ediciones B en 2017.
Por León Valencia, Director de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares
El corazón de este libro es una indagación de los graves conflictos sociales que se han generado alrededor de las industrias extractivas desde el 2000 hasta el 2016. Quizás no estén todos los conflictos, pero la cifra de 179 se aproxima bastante a la totalidad de las disputas que se han presentado en un sector vital de la economía del país a lo largo de estos años.
La violencia y la ilegalidad presentes en la extracción de los hidrocarburos y minerales – especialmente en la minería del oro donde la explotación ilegal alcanza al ochenta por ciento–; las limitaciones y deficiencias de la legislación y la institucionalidad que controla, regula y fiscaliza las actividades minero-energéticas, o, dicho de otra manera, los graves problemas en la gobernanza del sector; la corrupción y la inequidad en la distribución y la utilización de las regalías provenientes de la explotación de estos recursos naturales no renovables pertenecientes por derecho a la nación; y la urgencia de un reajuste al ordenamiento territorial; estas problemáticas están en la base de estos conflictos.
Hasta hace pocos años los conflictos significaban tropiezos superables en la exploración y en la explotación de los recursos naturales no renovables. Las huelgas, los paros, los bloqueos, las protestas de las comunidades y de los gobiernos locales, los ataques guerrilleros y las interferencias de las mafias y los paramilitares, eran obstáculos sorteables por la empresa privada y por el Estado. Esto no es tan cierto ahora. Las empresas nacionales y extranjeras están confesando que su actividad está llegando a un verdadero cuello de botella, que sin una concertación con las comunidades y los gobiernos locales, sin un nuevo marco legal y un ambiente distinto en los territorios se puede producir una asfixia de la actividad.
La sola descripción de los conflictos y el señalamiento de su origen justifican el libro. Pero la Fundación Paz y Reconciliación quiere ir más lejos, quiere proponer un camino para la transformación de estos conflictos en un propósito nacional. Creemos que la actual coyuntura del país favorece la búsqueda de soluciones nuevas a los problemas y facilita procesos de concertación que antes eran difíciles sino imposibles.
El acuerdo de paz con las FARC y el proceso de negociación abierto con el ELN crean un escenario propicio para intentar un diálogo nacional minero-energético que vaya de las regiones y los territorios hacia la nación, de la periferia al centro; y que apunte a la superación de la enorme conflictividad social del sector y a generar una nueva forma de explotación de los recursos naturales no renovables en función de un desarrollo sostenible en lo social y en lo ambiental, que ayude a superar las grandes brechas sociales en Colombia.
Los objetivos de este complejo proceso de concertación entre Estado, empresas, organizaciones sociales, comunidades, gobiernos locales e insurgencias en tránsito hacia la paz, serían los siguientes:
Sacar la violencia y la ilegalidad del sector.
Reformar y actualizar la legislación e institucionalidad que regulan la exploración, la explotación y el cierre de los proyectos minero-energéticos.
Hacer ajustes al ordenamiento territorial en función de una explotación sostenible de los recursos naturales y acorde con las visiones territoriales del desarrollo.
Generar un acuerdo para el manejo transparente de las regalías y el aporte del sector al posconflicto.
No se nos escapan las dificultades que tiene un proceso de esta naturaleza. La primera gran dificultad es la incomprensión de la dirigencia política del país. No hay conciencia en el Estado sobre lo obsoleto de la legislación, sobre la falta de coordinación de la institucionalidad y sobre la imperiosa necesidad de hacer un alto en el camino y repensar la industria.
Sin el liderazgo del Estado no hay ninguna posibilidad de adelantar un diálogo nacional que lleve a puerto seguro. De ahí que la primera tarea es convencer a las autoridades nacionales de la urgencia y la oportunidad de esta tarea. Al Ministerio de Minas y Energía, al de Medio Ambiente, a la Agencia Nacional de Minería, a Planeación Nacional, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– y a Ecopetrol.
El segundo obstáculo es la enorme capacidad que han mostrado los actores ilegales, especialmente los de la minería del oro, para interferir en la modificación del statu quo, para golpear intentos de diálogo institucional, para generar narrativas adversas a la formalización del sector.
El tercer obstáculo es la inexperiencia en este tipo de diálogos y la desconfianza entre los distintos actores. Hasta el momento la experiencia se circunscribe a diálogos para apagar los incendios, concertaciones puntuales alrededor de los conflictos locales y disputas sociales o ambientales con las comunidades, negociación de reivindicaciones gremiales con los sindicatos. No hay una gran experiencia de concertación estratégica, de negociación en función de construir una política pública para el sector. No sabemos dialogar para construir, sino para antagonizar.
Es imprescindible construir un ambiente de confianza y una metodología propicia para la construcción gradual de los acuerdos. Las empresas nacionales y extranjeras no concurrirán a un espacio de diálogo en la que las contrapartes sociales o ambientales nieguen de plano la extracción de los Recursos Naturales No Renovables (RNNR); pero las comunidades, los gobiernos locales y las organizaciones sociales tampoco accederán al dialogo en el que las empresas y el Estado asuman que lo están haciendo bien y que no hay nada que modificar, nada que reformar, que no hay lugar para discutir el cómo.
Una metodología probable en este tipo de concertaciones es la de escenarios, la aproximación a soluciones mediante la exploración de los intereses de las partes y la definición conjunta de soluciones que interpreten estos intereses y acerquen visiones diferentes o contrapuestas.
La participación de las insurgencias en tránsito a la vida civil o en proceso de negociación es un ingrediente fundamental en el diálogo nacional minero-energético. Pero lo que se busca no es una negociación directa entre guerrillas y Estado como el realizado en La Habana sobre los problemas agrarios o sobre el cultivo, la producción y la comercialización de sustancias alucinógenas y sicoactivas. De lo que se trata es de una conversación entre los actores relevantes de las industrias extractivas y un proceso de acuerdos al interior de la sociedad, es una concertación democrática, una construcción de un nuevo marco para explorar y explotar los recursos en un nuevo ambiente.
Hay asuntos nacionales, claro está, ajustes a la legislación y a la institucionalidad, pero también asuntos locales y regionales, posibles planes de desarrollo en clave de paz en territorios de importancia para las empresas. Digamos, por ejemplo, que a Ecopetrol le interesaría mucho una concertación en Arauca y Catatumbo y a la empresa Anglogold Ashanti en el Tolima donde adelanta el proyecto “La Colosa”.
Tampoco se trata de negar o subsumir negociaciones parciales, sectoriales o locales que hoy están en curso. Se trata de ensayar algo nuevo, algo que nos lleve de verdad a un propósito nacional.
Portada del libro
No partimos de cero. Varios sindicatos del sector encabezados por la Unión Sindical Obrera –USO– han conformado una mesa nacional en función de un proceso de concertación y la propia USO ha realizado jornadas de consulta en las regiones para elaborar una plataforma que le sirve de referencia en el diálogo.
Algunas empresas también han manifestado su disposición para el diálogo y el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, no ha sido indiferente a los acercamientos. El presidente Santos al conformar el equipo para adelantar las negociaciones con el ELN en Quito tuvo muy en cuenta la posibilidad de que el tema surgiera y por eso incluyó en la delegación a personas con una trayectoria en las industrias extractivas o conocedoras de los conflictos que se han generado en el sector.
La utilización de la metodología de “escenarios” toma muy en cuenta que este diálogo tiene un importante componente técnico, que, al hablar de petróleo, carbón, oro, generación de energía u otras actividades es imprescindible acopiar conocimientos y entender las complejas dinámicas de estos sectores.
Ojalá este libro, que compila un esfuerzo de investigación con el apoyo de la Fundación Ford, contribuya en algo a la generación del diálogo nacional minero-energético en función de la paz y el postconflicto.
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