Por: Jorge Andrés Hernández, Coordinador Democracia y gobernabilidad -Pares
En unos meses se cumplen 40 años de lo que se considera un largo proceso de transición de la dictadura a la democracia en América Latina. En 1978, con la convocatoria a elecciones en Panamá, culminó una época. Salvo Costa Rica, Venezuela y Colombia, todos los países de América Latina eran gobernados por dictaduras militares. Desde ese año, comenzó un largo proceso de apertura política y democratización, con altos y bajos, que estableció un régimen civil surgido de unas elecciones como estándar de democracia en la región.
Sin embargo, el caso de Colombia era difícil de clasificar. La última dictadura militar se remontaba al periodo 1953-58, cuando gobernó Gustavo Rojas Pinilla y una corta Junta Militar, antes de la convocatoria a elecciones que dio comienzo al Frente Nacional. Sin embargo, pocos historiadores y politólogos plantean que la transición política se realizó en 1958. Pues el Frente Nacional implicó tan graves restricciones a los derechos y libertades (rigió un estado de excepción permanente) y la competencia electoral era nula (al margen de los resultados, los puestos se repartían milimétricamente entre los partidos oficiales y terceros partidos no podían presentarse al margen del bipartidismo). Por eso algunos establecen que la transición política colombiana ocurrió en 1974, con el fin de las restricciones electorales del Frente Nacional.
Sin embargo, tras el fin formal del Frente Nacional, las restricciones siguieron funcionando de modo fáctico. El bipartidismo se repartía los ministerios, el estado de sitio era casi permanente. Por eso, la mayoría prefiere situar la transición política colombiana con la expedición de la Constitución Política de 1991. Allí se puso freno al estado de excepción permanente y se profundizaron los espacios de participación democrática. Sin embargo, los años siguientes pusieron en evidencia las brechas entre las normas y la realidad. Pues hubo violaciones masivas de derechos humanos y un partido político de oposición (Unión Patriótica) fue exterminado.
De modo que no existe un consenso sobre el momento de la transición política colombiana. Unos lo sitúan en 1958, otros en 1974, algunos en 1991. Pero no parece satisfactoria ninguna interpretación anterior. Mientras en el resto de América Latina la transición posibilitó que la izquierda (en cualquiera de sus denominaciones) pudiese convertirse en alternativa de poder nacional, en Colombia la existencia de unas guerrillas armadas y la persecución a la izquierda legal crearon una atmósfera permanente de restricción, freno, exclusión. Todo eso puede estar llegando a su fin.
Las elecciones presidenciales de 2018 han “normalizado” la política colombiana. El fin de las FARC como guerrilla armada y el paso de Gustavo Petro a segunda vuelta nos han introducido en el circuito de la política continental. La izquierda es alternativa de poder nacional y se ha pulverizado la lógica política bipartidista de doscientos años: liberalismo o conservatismo, uribismo o antiuribismo. Al mismo tiempo, una opción que se autodefine de “centro” o “moderada”, con precedentes en la Ola Verde de Mockus en 2010, se ha establecido como un actor político central y decisivo. Ha anunciado que también es una alternativa de poder nacional.
Se trata de una transición política porque la competencia electoral parece ser plena (pese a la evidente falta de transparencia de los escrutinios) y por primera vez Colombia posee un espectro político como el de buena parte de los regímenes democráticos: derecha, izquierda, centro. Si el régimen clientelista de décadas pasadas había eliminado las diferencias ideológicas entre partidos (si es que alguna vez existieron), hasta el punto de que era imposible determinar las diferencias entre el partido liberal y el conservador, o entre Cambio Radical, el Centro Democrático y La U (maquinarias clientelistas agrupadas alrededor de un caudillo), hoy podemos encontrar la pluralidad ideológica y partidista de toda democracia moderna.