Artículo basado en los capítulos 2 y 3 del libro La Minería en el Posconflicto: un asunto de quilates. (Ediciones B, 2017)
Por Óscar Iván Pérez H, Investigador de Conflictos asociados al desarrollo-Pares
Durante la primera década del siglo XXI, la extracción de oro en Colombia atravesó por un periodo de bonanza inusitado, pues pasó, entre 2001 y 2012, de 21,8 ton/año a 66,2 ton/año. Desde entonces se ha estabilizado alrededor de 57 ton/año. En el país, la minería del oro se lleva a cabo principalmente en los departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó, Bolívar, Tolima, Cauca, Santander y Nariño.
El boom estuvo jalonado por el incremento internacional del precio del mineral, explicado en gran medida por el crecimiento acelerado de China e India, la crisis financiera de Estados Unidos en 2008 y la incertidumbre que ésta produjo en los mercados globales. Así, entre 2001 y 2012, la cotización internacional de la onza de oro troy creció de US$270 a US$1.669. En 2017 la onza se cotizó en cerca de US$1.300.
En el país, la extracción de oro se hace bajo un sistema de minería que combina diferentes tipos de extracción. Más exactamente, cerca del 15% de la producción del oro es aportada por la minera formal, que corresponde a aquella desarrollada bajo el amparo de un título minero legal y que, por lo tanto, está regulada y controlada por el Estado. El 85% restante del oro es extraído por actores que no cuentan con un título legal para hacerlo, como ocurre con la minería ancestral-artesanal (actividad de subsistencia, a pequeña escala y no mecanizada, realizada generalmente por comunidades étnicas), informal (minería a pequeña escala con vocación para formalizarse), ilegal (minería mecanizada sin vocación de formalización) y criminal (minería mecanizada que obtiene rentas ilícitas o es regulada por actores criminales). Por definición, estos tipos de extracción carecen de planes de manejo ambiental, cumplimiento de normatividad laboral y pago de impuestos, entre otros estándares.
La valoración de las oportunidades y los retos de la extracción del oro dependen, por supuesto, del tipo de minería y la escala de producción de la cual se esté hablando. Una cosa es lo que ocurre con los grandes proyectos de minería formal y otra la que acontece con la minería criminal, por ejemplo.
En el municipio de Buriticá (Antioquia) se encuentra la mina de oro en producción más grande del país y es operada por la canadiense Continental Gold. La empresa está desarrollando un plan operativo que le permitirá pasar de producir 6.000 onzas de oro al año a 250.000 onzas, cifra que equivale a todo el oro extraído en un año de forma legal en Colombia. En su fase de construcción –que será de dos años y medio–, el proyecto implicará inversiones por cerca de US$400 millones. Adicionalmente, en la etapa de construcción se generarán alrededor de 1.500 empleos y durante la etapa productiva cerca de 1.000, números considerables para un municipio que contaba con 6.955 habitantes en 2005. Continental Gold calcula que pagará impuestos por cerca de US$950 millones, en el transcurso de los primeros 14 años de operación.
En general, los proyectos formales de minería del oro no solo se caracterizan por sus aportes al empleo, las finanzas públicas y la atracción de inversión extranjera, sino también por sus salarios relativamente altos y sus iniciativas para estimular el desarrollo local. En promedio, el salario de un obrero del sector extractivo es aproximadamente el doble del de un obrero agrícola y un 50% más de lo que recibe un obrero industrial. Adicionalmente, en respuesta a la presión de las comunidades y los estándares internacionales, el sector minero-energético es líder en la implementación de políticas de responsabilidad social y sostenibilidad, dentro de las cuales se llevan a cabo programas para convertir a los productores locales en proveedores de la empresa e inversiones sociales en temas relacionados con generación de ingresos, acceso a servicios sociales básicos e infraestructura de las zonas de influencia.
A pesar de estos esfuerzos, las regiones con proyectos extractivos siguen siendo parte del grupo de las menos desarrolladas en Colombia, hecho explicado en parte por las debilidades institucionales locales y la dependencia del sector a las importaciones de capital. Otras de las razones de la reticencia frente a proyectos mineros a gran escala tienen que ver con los impactos sobre el medio ambiente –sobre todo en el recurso hídrico y la biodiversidad–, las afectaciones en las actividades económicas tradicionales –como pesca, agricultura, turismo y minería artesanal– y las alteraciones en las formas tradicionales de vida, desencadenadas a partir de las migraciones, el colapso en la prestación de servicios públicos, la inflación y la proliferación de bares y prostíbulos.
Pese a eso, el mayor inconveniente para el desarrollo de la minería formal es la extracción criminal de oro, puesto que –además de generar daños irreparables sobre el medio ambiente y la vida de las comunidades– se ha convertido en la principal fuente de financiación de los grupos armados ilegales, a partir de la extorsión a diferentes actores, la extracción directa del mineral y la cooptación de la institucionalidad del territorio.
El verdadero aporte de la extracción del oro a la economía local y nacional solo se podrá percibir cuando se avance en la formalización de la actividad y las empresas realicen una mejor gestión comunitaria y ambiental que les permita obtener la licencia social de operación. En ambos casos es fundamental la participación del Estado. En tanto esto no ocurra, las grandes oportunidades del oro seguirán –como en La Colosa– bajo tierra.
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