Por: Naryi Vargas, Investigadora Conflictos asociados al desarrollo-Pares
Los jóvenes han sido, sin lugar a dudas, los protagonistas del conflicto armado en Colombia como víctimas y victimarios. Las economías y mercados de la ilegalidad son uno de los elementos que explican por qué la guerra en Colombia –en los términos de la periodista María Teresa Ronderos– se ha reciclado en distintas ocasiones, entre otras razones, porque no se han generado alternativas que permitan superar las condiciones de exclusión social, económica y política sobre las cuales se sostienen. Desde mediados de los ochenta, las rentas ilegales se convirtieron en el combustible (económico y cultural) que incendió el país al escalar, agudizar y degradar la guerra. En medio de esta tragedia, los jóvenes colombianos se han jugado la vida, construyendo su identidad en medio de situaciones complejas de violencia, debilidad del Estado y pocas oportunidades económicas.
Esta no es una preocupación exclusiva de Colombia. Para 2010, la OCDE señaló que en el mundo 200 millones de jóvenes viven con menos de 1 dólar al día, 130 millones son analfabetos, y 74 millones están desempleados[1]. La criminalidad encuentra en estos jóvenes excluidos un ejército de reserva como fuente inagotable de mano de obra fácilmente reemplazable. Señala además que esta exclusión es uno de los factores que marca las tendencias de la violencia global.
En este orden de ideas, pensar el problema de la ilegalidad con un enfoque de juventud es fundamental para ofrecer respuesta a una de las grandes dudas del postconflicto: ¿Cómo desmontar las estructuras sociales e incentivos económicos que sustentan la proliferación de la ilegalidad?
Desempleo. Partimos de un contexto preocupante: un Estado con grandes debilidades en su capacidad de respuesta institucional, tanto a nivel nacional como en los territorios, que no logra controlar la criminalidad; esto produce entornos violentos en los cuales los jóvenes deben desarrollarse y buscar oportunidades de vida. De acuerdo con la ley 1622 de 2013, se define como joven a la población entre 14 y 28 de años de edad: esta franja poblacional suma un total 12.5 millones de habitantes (cerca de la cuarta parte de la población de Colombia). Para 2017 el desempleo juvenil fue 16.9 por ciento[2], casi el doble de la tasa general nacional (9.4%). Entre 2010 y 2015 se redujo del 20 al 15%, sin embargo, en los últimos meses ha aumentado. A esto se suma que cerca del 50% de los empleos en Colombia son informales.
Educación superior. En educación superior, el país experimenta algunas mejorías en los últimos años en cuanto a cobertura. De acuerdo con la información oficial, para 2016 la tasa de cobertura en educación superior en Colombia fue del 51.5 por ciento, lo cual equivale a 2,23 millones de jóvenes entre los 17 y 21 años, aproximadamente. En 2010 apenas 1.58 millones de jóvenes se matriculaban en algún programa de educación superior. Sin embargo, la población de este rango de edad que se queda por fuera del sistema educativo asciende a los 2,1 millones. Pese a esto, el ingreso a la educación por lo general no es inmediato para la mayoría de jóvenes, lo que deja un espacio para que la criminalidad los atraiga. Para 2016, el Departamento Nacional de Planeación indica que anualmente se gradúan 472.000 bachilleres tanto en colegios públicos como en privados, pero tan solo un 25% entra a las universidades, es decir, 117.500 alumnos. La criminalidad aprovecha este contexto, utiliza a los jóvenes en las distintas partes de la cadena de valor de las economías ilegales.
Es entonces necesario preguntarse por la vinculación de los jóvenes a las economías ilegales como estrategia de supervivencia, en un ambiente de carencias y necesidades, sabiendo que la vinculación de los jóvenes a estos mercados se realiza bajo una lógica racional en cierta medida, relacionada con el tema económico. Los sujetos en contextos de exclusión y violencia se adaptan a su entorno y toman decisiones con base a sus restricciones.
Existen diferentes factores que influyen en los procesos y condiciones de vinculación, permanencia y salida de jóvenes a mercados ilegales: las condiciones del entorno familiar y escolar, las trayectorias de vida, las capacidades y oferta institucional en cada territorio, específica para esta población, la construcción de subjetividades juveniles, la construcción colectiva de las nociones de legitimidad, legalidad, acción colectiva, entre otros.
Entender ese contexto de carencias lleva a pensar que parte de la estrategia de lucha contra el crimen y la ilegalidad debe tener un componente que se encargue de entender la estructura de incentivos que hace que los jóvenes tomen ese tipo de decisiones, para así formular alternativas de generación de ingresos que permitan un camino a la legalidad como estilo de vida. Sobre este planteamiento se han diseñado diferentes estrategias para el mantenimiento de la seguridad y el orden público, y en todos los casos se ha fracasado. No obstante, sobre el resto de factores que inciden en la vinculación a mercados o estructuras ilegales, la política pública implementada ha sido más débil, especialmente a aquella que se dedica a la transformación de la cultura de la violencia y la ilegalidad que ha logrado arraigarse en los territorios más conflictivos del país.
No obstante, comunidades enteras han dedicado su vida a esta labor. Actualmente existen organizaciones de víctimas, mujeres, LGTBI, y por supuesto de jóvenes que le apuestan a la reconciliación y a la construcción de nuevas culturas de paz, a través de diferentes repertorios de acción. Entre esas se encuentran 12 iniciativas juveniles, concentradas en seis territorios, en los que se implementará la estrategia de fortalecimiento de iniciativas juveniles que se encuentran en contextos de economías ilegales: Ríosucio y Ríoquito en el departamento de Chocó: Medellín, en Antioquia; Buenaventura, en el Valle del Cauca; Tumaco, en Nariño, y Santa Marta, en Magdalena.