Capítulo del informe Cómo va la paz Antioquia 2018
Por Conflicto, paz y postconflicto-Pares
Foto: Andrea Aldana, Investigadora-Pares
En Ituango, Norte de Antioquia, se presenta una situación delicada de seguridad. Hasta el momento tres integrantes del partido político FARC, dos de ellos sujetos de amnistía e indulto, y todos en proceso de reincorporación, fueron asesinados en el municipio. Desde la firma del Acuerdo de paz, hasta mayo de 2018, habían asesinado 43 excombatientes de las FARC en todo el territorio nacional. Llama la atención que en Ituango, un municipio de 20 mil habitantes, hayan ocurrido casi el 10% de estos incidentes.
El modus operandi de los homicidios en el municipio es el mismo: todos fueron perpetrados con arma de fuego y ocurrieron cuando se terminaron las Zonas Veredales, y se dispuso la libre movilidad de los excombatientes de las FARC.
El 12 de julio de 2017, cerca de las 4 de la tarde, Juan Fernando Amaya, Indultado de las Farc y en proceso de reincorporación, fue interceptado y asesinado en la trocha que conduce del casco urbano de Ituango a la vereda Ceniza.
El 14 de agosto de 2017, en horas de la noche y mientras estaba en la casa que habitaba en la vereda Santa Lucía —vereda donde está el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) —, Jesús Adán Mazo García, miembro de Farc en proceso de reincorporación, fue asesinado con arma de fuego luego de que alguien llamara a la puerta de su casa.
El 11 de noviembre de 2017, a las 8 de la noche, dos sujetos armados dispararon contra Daladier Ortiz Vázquez, miembro de las Farc, amnistiado el 22 de noviembre de 2016 —bajo ley 1820 de 2016 y decreto 277 de 2017— y en proceso de reincorporación, mientras estaba en la tienda La Mejor Esquina, ubicado en una vía peatonal y en pleno centro de la cabecera municipal de Ituango. En el asesinato de Daladier también resultaron seis personas heridas.
Es sorprende, por ejemplo, que los tres eventos se hayan concentrado en el último semestre de 2017 y la facilidad con que se perpetró el asesinato de Jesús Adán Mazo, en la vereda Santa Lucía, ya que supuestamente los ETCR son territorios especiales que cuentan con vigilancia por parte de la fuerza pública. Por otro lado, el último asesinato reseñado en 2017, que además del asesinato del excombatiente, dejó seis personas heridas, los habitantes no se explican cómo, en un casco urbano pequeño, los agresores se escaparon de las autoridades.
Era predecible, aun cuando la firma de paz permitiera que todos los indicadores relacionados con la violencia disminuyera de manera sostenida; homicidios, desplazamiento forzado, desaparición forzada, víctimas por MAP o MUSE, reclutamiento forzado, etc. Los retos en materia de implementación del acuerdo no serían ajenos a la posibilidad de que se reanudaran o intensificaran en algunas regiones del país expresiones de violencia que fueran en contravía de las tendencias nacionales.
Dieciocho meses después de implementado el acuerdo de paz, podemos afirmar de manera categórica que pasamos de tener más de 250 municipios con altos niveles de violencia a un conjunto de 70 municipios que concentran diversas actividades que han hecho que las expresiones de criminalidad se reciclen. El Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño presentan características similares a las que se han observado en regiones como el pacifico nariñense, el Catatumbo o la región del Urabá; las economías ilegales siguen siendo el motor que permite la permanencia de las violencias; cultivos de uso ilícito, minería al servicio de la criminalidad, rutas estratégicas para el transporte y comercialización de drogas y armas y una precaria capacidad institucional para mitigar los efectos de expansión de organizaciones ilegales han hecho de esta región, uno de los nuevos epicentros de violencia en el país.
Las dinámicas de violencia sugieren unas nuevas relaciones entre los actores que tienen presencia en el territorio, la población y las actividades que hasta hace poco tuvo control las FARC. Si bien, no se trata de la aparición de nuevos fenómenos de ilegalidad, las acciones institucionales concentradas en los planes de implementación del acuerdo de paz, la reincorporación a la vida civil de excombatientes de la FARC, y la expansión de viejas estructuras y emergencia de otras organizaciones ilegales, hace que los procesos que se adelantan en estas regiones del país sean de la mayor complejidad y deban ser estudiados desde un enfoque que resalte la experiencia de cada uno de los territorios.