Por: León Valencia, Director de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares
A sólo unos días de elegido Duque se sacó de la manga una manera de entorpecer la aprobación del reglamento de la JEP y ganar tiempo para meterle la mano al fondo de la justicia transicional. Les pidió a los parlamentarios de su partido y a sus futuros aliados que dejaran esta decisión para la próxima legislatura argumentando que se necesitaba primero la definición de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria. No le salió la jugada. El presidente de la Corte le dijo que no era necesario esperar este procedimiento. Pero ese fue apenas el primer episodio de una lucha que será larga.
Para nadie es un secreto que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido quizás el principal punto de contradicción entre los partidarios del acuerdo de paz firmado en el Teatro Colón y el uribismo. Los uribistas no quieren este mecanismo de justicia transicional, quieren que sólo las FARC concurran a la justicia, quieren que haya cárcel para los jefes de esa fuerza política y por ese camino sacarlos del Congreso y de la participación democrática, no quieren una verdad plena del conflicto, sólo una verdad parcial, la que corresponde a los guerrilleros, no quieren una reparación integral de las víctimas a la que contribuyan todos los que participaron en el conflicto armado.
Ya lograron bastante, pero no están contentos con ello. Mediante las presiones en el curso de la negociación sacaron a los expresidentes de la obligación de concurrir a la Comisión de la Verdad y a la JEP, hecho que no tiene ninguna lógica si tenemos en cuenta que los presidentes son los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y, por ejemplo, en los mandatos de Pastrana y Uribe se produjeron el 67% de los más de ocho millones y medio de víctimas del país y algo tendrían que decir ellos de esta dolorosa realidad. Después lograron sacar a los terceros, a todos, a los políticos y empresarios, a los que promovieron a los paramilitares y se aliaron con ellos con el pretexto de contener la amenaza guerrillera.
Ahora tienen tres objetivos: sacar también a los militares de la JEP y organizar un tribunal paralelo para ellos; posponer la participación política de los líderes del nuevo partido hasta que concluyan sus procesos en la JEP; y cargar de más condiciones, obligaciones e inhabilidades a los guerrilleros sujetos a la justicia transicional para prolongar e inhibir el ingreso pleno de los desmovilizados a la vida institucional. También restarle legitimidad y proyecciones a la Comisión de la Verdad.
Quieren hacerlo mediante triquiñuelas como la que acaban de intentar aplazando la aprobación del reglamento o influyendo en las Cortes y el Congreso apelando a la victoria que obtuvieron en las elecciones; o, en un proceso más largo, deshaciendo mediante reformas lo que ya es ordenamiento constitucional o ley de la República.
Es probable que logren cercar a la JEP y reducirla. Es probable que retarden la emergencia de la verdad histórica. Lo que ha ocurrido siempre en Colombia es que el presidente que llega consigue fácilmente unas mayorías parlamentarias mediante la repartija inmediata del poder, los puestos y los recursos, o la promesa de que lo hará tan pronto termine el primer año de gobierno. Entonces la reconciliación del país sufrirá un golpe letal y el postconflicto será especialmente traumático.
Pero también cabe la posibilidad de que las mayorías electorales que votaron en primera vuelta por candidatos afines a los acuerdos de paz, los casi 10 millones de ciudadanos que se expresaron por la reconciliación sean un freno a las pretensiones del uribismo y que la oposición consiga, al menos en el tema de la paz, un número de parlamentarios suficiente para impedir que echen al suelo todo el andamiaje jurídico que ha puesto las bases de la reconciliación nacional.