Por: Redacción Pares
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Dieciocho meses después de implementado el acuerdo de paz, podemos afirmar de manera categórica que pasamos de tener más de 250 municipios con altos niveles de violencia a un conjunto de 70 municipios que concentran diversas actividades que han hecho que las expresiones de criminalidad se reciclen. El Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño presentan características similares a las que se han observado en regiones como el pacifico nariñense, el Catatumbo o la región del Urabá; las economías ilegales siguen siendo el motor que permite la permanencia de as violencias; cultivos de uso ilícito, minería al servicio de la criminalidad, rutas estratégicas para el transporte y comercialización de drogas y armas y una precaria capacidad institucional para mitigar los efectos de expansión de organizaciones ilegales han hecho de esta región, uno de los nuevos epicentros de violencia en el país.
Las dinámicas de violencia sugieren unas nuevas relaciones entre los actores que tienen presencia en el territorio, la población y las actividades que hasta hace poco tuvo control las FARC. Si bien, no se trata de la aparición de nuevos fenómenos de ilegalidad, las acciones institucionales concentradas en los planes de implementación del acuerdo de paz, la reincorporación a la vida civil de excombatientes de la FARC, y la expansión de viejas estructuras y emergencia de otras organizaciones ilegales, hace que los procesos que se adelantan en estas regiones del país sean de la mayor complejidad y deban ser estudiados desde un enfoque que resalte la experiencia de cada uno de los territorios.
Es por esta razón, que el texto a continuación es el resultado del trabajo de campo y análisis del contexto de los territorios, desde una perspectiva que permite captar las principales transformaciones de la realidad desde el inició de las negociaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Los textos hace especial énfasis en las dinámicas vinculadas con la seguridad y la identificación de las organizaciones criminales que mantienen el control de la ilegalidad, este ejercicio se hace sin desconocer los esfuerzos institucionales y los programas que como resultado del acuerdo de paz se han puesto en marcha en los últimos dieciocho meses de implementación.
Foto: Andrea Aldana, Investigadora -Pares
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