Por: Ariel Ávila – Pares
El Gobierno colombiano ha aprobado la ley de sometimiento a la justicia para desarticular al Clan del Golfo.
Hace apenas unos días el Gobierno colombiano sancionó la ley de sometimiento a la justicia, la cual busca, al menos inicialmente, someter al Clan del Golfo. Se trata de la organización criminal más fuerte del país, contaría con cerca de 3.000 miembros, opera en 18 departamentos y en poco más de 250 municipios de 1.122. Como era de esperarse, en Colombia, se armó un gran debate, ya que para muchos analistas la norma suponía abrir la puerta para que miles de criminales recibieran beneficios judiciales. Además, manifestaban que las experiencias previas del país mostraban debilidades a la hora de someter judicialmente a este tipo de bandas. Sin embargo, las voces a favor fueron mayoritarias, pues hay una conciencia entre expertos en materia de seguridad, funcionarios públicos y analistas en que la guerra contra el crimen en Colombia difícilmente se ganará solo con represión.
El sometimiento a la justicia es un modelo que se utiliza en muchos países, pero se les da otro nombre. En Estados Unidos, por ejemplo. Los narcotraficantes colombianos ahora prefieren que los extraditen, porque el Gobierno norteamericano les ofrece un mecanismo de negociación que se basa en cuatro grandes elementos. El primero, que el narcotraficante o criminal facilite toda la información que tenga en materia de rutas de tráfico de drogas, enlaces o cómplices y estrategias de lavado de activos. A cambio de entregar a sus socios, y como segunda instancia, recibe una pena en cárcel relativamente baja, entre 5 y 7 años si colabora eficientemente. También, el criminal, como tercer paso, entrega los bienes que hubiese logrado a lo largo de su carrera delictiva. El Estado lo toma y al final de la pena le devuelve al criminal un mínimo porcentaje de su dinero. Por último, si su colaboración fue efectiva logra tener visa de residencia y se convierte en testigo protegido.
Para el caso colombiano, la nueva ley estipula que podrán desarrollarse sometimientos colectivos de Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados a cambio de información. El Estado les entrega beneficios jurídicos que consisten en rebajas de penas de hasta el 50% para crímenes comunes y para crímenes Internacionales como delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra del 30%. Se establece, además, la posibilidad de reclusión en granjas agrícolas, que podrán ser de máxima, mediana o mínima seguridad.
La ley es un muy buen modelo de sometimiento. No debe olvidarse que este es uno de varios intentos que ha hecho el país. Tal vez el más recordado y que se ha convertido en uno de los favoritos de las series de televisión es el caso de Pablo Escobar y su reclusión en la cárcel denominada La Catedral. El ensayo fue desastroso, al final el capo escapó, desde la cárcel siguió dirigiendo sus negocios y nunca se entregaron ni bienes, ni contactos, ni nada. Pero después de casi tres décadas de este intento, Colombia ha recorrido un largo camino y los aprendizajes son inmensos. Ahora, el Estado tiene las condiciones y fortalezas institucionales necesarias para lograr armar un buen modelo de sometimiento y, sobre todo, tiene la experiencia necesaria para no cometer los mismos errores.
En Colombia existen cinco organizaciones criminales que podrían someterse. En primer lugar, el Clan del Golfo, que ya ha manifestado su intención de hacerlo. Luego está un grupo denominado los Pelusos o EPL, también un grupo en el suroriente del país denominado Los Puntilleros, la famosa Oficina, antes llamada Oficina de Envigado que existe desde las épocas de Escobar y, por último, los grupos de desertores de las FARC.
Los mayores opositores al sometimiento a la justicia de estas organizaciones criminales son agentes legales, tales como algunos miembros de la Fuerza Pública, empresarios y políticos que han entablado alianzas con estos criminales durante décadas, y ahora saben que en el proceso de delación pueden salir sus nombres a relucir. Por ello critican con tanta dureza este modelo de justicia. Sin embargo, estos procesos de deslegitimización no deben borrar la intención de que los Estados puedan tomar medidas tendientes a la reducción de la violencia y el crimen sin afectar al Estado de derecho y este es el camino que comienza a recorrer Colombia.