Foto: Carol Sánchez
Por: Carlos Montoya Cely, coordinador de la Línea Paz, Conflicto y Postconflicto – Pares
La inmediatez y rapidez con las que narramos los sucesos de la cotidianidad nos han limitado la capacidad de reconocer aquello que es realmente trascendental. El hecho más novedoso de hoy es el olvido de mañana. Los acontecimientos son cada vez más fugaces y, aun siendo recurrentes, su valoración es tan pobre que siguen siendo efímeros. La paz, a mi juicio, es una de sus más recientes víctimas.
La noticia más resaltada en titulares y retratada de este siglo fue, sin duda, la firma del Acuerdo de Paz. No era para menos, fuimos testigos del hecho más importante de los últimos cincuenta años y hemos sido miopes ante estos acontecimientos, no hemos logrado visibilizar los aciertos de la paz. Por eso, su defensa ha sufrido tantos tropiezos, se permitió que los contradictores manosearan el Acuerdo a su propia conveniencia.
La promesa de la apertura democrática fue cerrada una vez más. Desde hace tres décadas los sectores sociales, minorías y alternativos han pagado con su vida la búsqueda permanente de espacios de representación política. Cuando se abrió la posibilidad real de llevar al Congreso a los representantes de las víctimas del conflicto armado, la mayoría de los congresistas respondieron de la manera más mezquina y vieron en ellos nuevos competidores electorales. La decisión fue la de cerrarle la puerta de la participación de estos sectores. Pese a esa cachetada a la democracia, los resultados electorales del 9 de marzo permitieron que se instalara el Congreso más plural de la historia de Colombia. Sin embargo, las 16 voces de las víctimas y de los lugares más excluidos del país harán falta a la hora de sumar voces alrededor de defender y profundizar la democracia.
El otro golpe proporcionado por aquellos que desde la legalidad han instrumentado la violencia, y se han beneficiado de la guerra, fue el de influir para limitar las acciones y competencias de la Jurisdicción Especial de Paz. El mecanismo creado para garantizar justicia ha sido bombardeado una y otra vez desde un falso discurso de impunidad. Un espacio pensado para conocer y juzgar a todos los actores del conflicto armado quiere ser reducido a tal punto que estaremos condenados a conocer solo una parte de los capítulos más oscuros y dolorosos de la historia de Colombia.
Nada que decir de los planes y programas en favor del desarrollo de las zonas rurales que ha sido invisibles. Las expectativas de miles de campesinos se diluyen, mientras en los territorios se ven desfiles de chaquetas que representan la institucionalidad y que, difícilmente, lograron articularse para responder a las demandas de las zonas más afectadas por el conflicto. Como si fuera poco, se aísla el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, el regreso del glifosato y la erradicación forzada son una realidad.
No basta con eso, entonces, el nuevo gobierno vocifera que el futuro de la organización y movilización social estará marcado por la regulación de la protesta social. Sin pudor, se advierte del regreso de las muertes aplazadas y de los jóvenes que tendrán que reciclar la guerra. La trascendencia de la paz y la oportunidad de transformar el país no ha sido percibida por nosotros.
Decía Borges que el problema de los hechos trascendentes en la humanidad era que no se sabía de antemano cuáles eran. Señalaba, por ejemplo, que la crucifixión de Cristo fue importante después, no cuándo ocurrió. Quizá los miles de muertos que se han evitado gracias al Acuerdo, o los centenares de colombianos que no se han visto obligados a desplazarse por cuenta de la guerra, o los miles de kilómetros que se han logrado desminar y hoy son espacios de libre tránsito, sean los hechos que, con el tiempo, nos permitan valorar de manera contundente los aciertos de la paz.
El problema es que mientras los nostálgicos de la guerra sigan avanzando, señalen la idea de las FARC rearmada, y manden al traste los esfuerzos de paz con el ELN, estaremos valorando la paz y su trascendencia una vez hayamos regresado a la guerra.
Los veinte meses de implementación de los Acuerdos debían ser el comienzo de un proceso de mediano y largo plazo que permitiría acabar con las condiciones estructurales de la guerra, era el inicio del cambio, y estamos siendo acorralados para que este proceso sea sólo un suspiro antes de regresar la guerra. Tenemos una breve posibilidad de revertir el orden que por décadas ha condenado a la pobreza, a la marginalidad y al olvido a millones de colombianos. El llamado es a defender la paz y dignificar a cada líder y defensor de Derechos Humanos que, desde la vulnerabilidad, sigue construyendo un mejor país. Que sus legados no sean fugaces ante los sucesos que narramos en nuestra cotidianidad.