Por: Alexander Riaño, coordinador de la Línea de Conflictos Asociados al Desarrollo – Pares
Prevenir conflictos socioambientales, proteger el medio ambiente y cuidar la salud de los colombianos. Esas son las tres principales razones que llevaron a un grupo de cerca de 30 congresistas de diversas bancadas (Partido Verde, Polo Democrático, Decentes, Partido Liberal, Partido de la U, Cambio Radical y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) a poner en trámite un proyecto de ley que busca prohibir “[…] la exploración y/o explotación de los Yacimientos No Convencionales de Hidrocarburos” (YCN), más conocidos por el nombre de la técnica que se utiliza para explotarlos: el Fracking. Se trata de una iniciativa liderada por la Alianza Colombia Libre de Fracking y apoyada por este diverso grupo de senadores y representantes.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), hasta el 30 de julio de 2018 en el país se habían suscrito 13 contratos para YNC entre 2010 y 2018. A cuatro de ellos las empresas renunciaron, los otros ocho se encuentran en ejecución actualmente. Según varios expertos, el mayor potencial para extracción se encuentra en lo que se conoce como la cuenca sedimentaria del Valle Medio del Magdalena, lugar donde se ha dado explotación de hidrocarburos desde hace un siglo. En efecto, de los 13 contratos que registra la ANH, seis están ubicados en el Magdalena Medio.
Las razones para promover el uso de esta técnica tienen que ver con la disminución de las reservas del país. La gran mayoría de pozos en yacimientos convencionales ya son maduros y tienen poca capacidad de producción. Se trata de uno de los debates más álgidos que le esperan al gobierno entrante, pues la técnica de estimulación hidráulica genera gran rechazo social por sus posibles impactos ambientales.
En particular, las principales preocupaciones son la generación de fracturas en el subsuelo, sus efectos sobre sismicidad inducida y la utilización de grandes cantidades de agua a presión con elementos tóxicos que pueden contaminar acuíferos superficiales y subterráneos. Al respecto, Iván Duque expresó durante la campaña presidencial que no le decía “no radical” a esta técnica, pero que consideraba que en primer lugar se deberían agotar todas las posibilidades de explotar yacimientos convencionales.
Desde el sector ambiental, el actual ministro Luis Gilberto Murillo expresó en agosto de 2017 que, de acuerdo a su criterio, el sector no estaba completamente listo para realizar la explotación de este tipo de yacimientos y que se requería contar con: i) Un estudio detallado de aguas subterráneas e inventario de acuíferos (especialmente en la zona del Valle Medio del Magdalena); ii) un estudio sismológico y su correspondiente cartografía; iii) lineamientos y metodologías definidas por el Ministerio de Ambiente y de una evaluación ambiental estratégica de la región del Valle del Magdalena Medio; iv) un sistema de registro, verificación, control y vigilancia de los fluidos que serían utilizados en esta tecnología; v) Un proceso de fortalecimiento institucional del SINA y el sector minas y energía.
De esta manera, se posiciona la agenda ambiental como centro del debate político y, seguramente, hará parte fundamental de las próximas campañas para gobiernos departamentales y locales.