Groelfi Rodríguez (Ramiro Cortés) – Delegado del CNR-FARC al Concejo Permanente de Dirección del PNIS.
Sobre el artículo “Naufraga la sustitución de cultivos de uso ilícito”, publicado el 16 de agosto de 2018 en la página web de PARES, y en aras de contribuir a la discusión constructiva a favor de los acuerdos y su implementación, me permito señalar unas precisiones:
Dista de la realidad la afirmación que el actual Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito fuera política de anterior gobierno. En los considerandos del punto 4 del Acuerdo se lee que lo allí expuesto es el resultado del Acuerdo de las dos partes: “Sobre la base de lo anterior el Gobierno Nacional y las FARC-EP consideran: […] Que como consecuencia de todo lo anterior es necesario diseñar una nueva visión que atienda las causas y consecuencias de este fenómeno, especialmente presentando alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades —hombres y mujeres— en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito”.
Insisto: si bien es cierto que en dicho punto dice “el Gobierno Nacional creará y pondrá en marcha un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)”, no fue un logro o un planteamiento de gobierno Santos durante la Mesa de Conversaciones, las FARC-EP presentamos alrededor de 50 propuestas en ese sentido. Estas se basaron en el reconocimiento de la lucha histórica de los cultivadores. Las organizaciones sociales y los cultivadores de base tuvieron voz y fueron tenidos en cuenta en la definición de los componentes del Punto 4 a través de los foros realizados a instancias de la ONU y la Universidad Nacional.
Para entender la situación actual, la intervención del PNIS y los riesgos, se debe reconocer lo que sucedía en el territorio nacional y no solo durante los años de las conversaciones sino históricamente.
Hablar de una nueva política del Presidente Duque cuyos primeros anuncios han sido “eliminar la sustitución voluntaria de cultivos, a pesar de que la violencia aumente, anuncia que el actual Gobierno se va alinear con el de Trump, muy a pesar de la ineficacia que ha demostrado la política de mano dura para reducir los cultivos de uso ilícito” durante los últimos 30 años.
Debe analizarse desde las marchas cocaleras de 1996 contra la erradicación forzada y con planteamientos de sustitución por parte de los campesinos y el paro agrario del 2013 cuyos compromisos el gobierno aún no ha cumplido.
Por otra parte, en el texto dice “El PNIS fue presentado en febrero de 2017 con un planteamiento de fondo: asume que el problema de cultivos de coca no es exclusivamente un asunto de seguridad, sino que integra factores complejos de tipo económico, social y otros elementos que tienen que ver con la precaria presencia institucional, los bajos niveles de titulación de la tierra y demás elementos relativos a su acceso y uso. Todo esto, sin olvidar el accionar de los grupos nacionales y transnacionales dedicados a la comercialización de narcóticos”. Pero debemos agregar: el punto cuarto prevé al abordar el asunto desde tres aspectos de los cuales dos aún no se han empezado a implementar además de la articulación con el punto 1 Reforma Rural Integral:
PRODUCCION (Cultivos Coca, Marihuana y Amapola) 4.1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades —hombres y mujeres— en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos, CONSUMO 4.2. Programas de Prevención del Consumo y Salud Pública y COMERCIALIZACION (Narcotráfico) 4.3. Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.
Hay que tener en cuenta que las bases centrales del PNIS fueron presentadas en mayo de 2014 cuando las partes aprobaron el llamado borrador del Punto 4.
Así, las fallas del PNIS no se limitan a las que enumeran sino a la falta de inversión en los proyectos productivos y en la transformación estructural de los territorios afectados. A agosto de 2018 ningún campesino ha recibido los recursos correspondientes al PAI (aparte del $1 millón mensual de subsistencia). Aunque la afirmación que hacen: “Sólo 6.623 del total de familias vinculadas al Programa cuentan con el apoyo a programas de auto sostenimiento y seguridad alimentaria (que corresponde al pago de $1.800.000 por núcleo familiar para un proyecto productivo de corto plazo)” corresponde a un comentario de Eduardo Díaz en una entrevista en julio, no lo conocemos en territorio, a no ser que este redondeando el número de familias que están en proceso de instalación de la asistencia técnica el cual es un proceso engorroso de selección de aperadores.
Como señalé en una entrevista en julio de 2018: “La implementación ha sido demorada, obstaculizada, y eso es lo que genera las dificultades. O sea, el programa de sustitución no ha fallado porque aún no se implementa. A lo que nosotros aspiramos es generar un ambiente propicio para que se avance y la implementación del programa sea integral, es decir, que los componentes vayan llegando uno tras de otro, como está establecido en la hoja de ruta”.
Para el momento en el que estamos, lo más importante es cumplir con el desarrollo territorial y el mejoramiento de condiciones para la gente. “La materialización tiene otros componentes como por ejemplo los planes integrales de sustitución con desarrollo alternativo, -PISDA- que tienen que ver con saldar la deuda histórica que tiene el Estado colombiano con esas regiones sometidas a cultivar coca. Eso significa obras de infraestructura rápida, llámese carreteras, puentes, puestos de salud, en eso estamos lentos. La gente ya recibió uno, dos pagos, pero no ha llegado la asistencia técnica y sin eso es difícil pensar en proyectos productivos viables y rentables para el campesino. Porque no se trata de contar hectáreas de coca, eso no tiene sentido, eso lo hemos hecho durante 30 años y no ha funcionado. Lo que nosotros decimos es, contemos cuántas familias lograron hacer sustitución y cuántas pudieron hacer su vida en lo económico, social y político, eso es lo que cuenta, pero nada que arranca. Esperamos que eso se agilice porque no tiene sentido hacer una sustitución a medias con un programa de atención inmediata”. Esa afirmación que hice en una entrevista en enero de 2018, lamentablemente sigue siendo válida en agosto de 2018. Y eso preocupa.
Adicionalmente, señalan que el porcentaje de resiembra es del 20% (con base en una entrevista del General Mendoza a Caracol), los datos de UNODC (SIMCI 2017) señalan que la resiembra fue del 28% de erradicación manual en 2016, pero “la erradicación forzada, que es una política errada desde los años 80, nos arroja un margen de resiembra de más del 70 % por la resistencia de las personas a las que les erradican forzada y violentamente” (entrevista en julio 2018). Más allá del porcentaje, el error acá es caer en las cifras de hectáreas cuando de lo que se trata es de las personas. La dificultad de la erradicación es que es forzosa, en ocasiones violenta, deja a la gente sin sustento de un día para otro, y eso ha hecho que se generen enfrentamientos porque la gente defiende su fuente de ingresos.
Es por eso que frente a la respuesta de tantas familias expresando su interés y compromisos para sustituir voluntariamente, y así hacer parte de la transformación de sus territorios, lo que se requiere es continuidad y cumplimento de los compromisos por parte del Estado, que hasta el momento es precario y con las políticas que empieza a promover Duque tiende a ser peor. Como señalé en una entrevista en julio de 2018: “[El] Programa de sustitución de cultivos no ha fracasado”. Y aún no naufraga.