Por: Mateo Córdoba, Colaborador – Pares
La deforestación en Colombia se coló en la lista de los problemas más graves del país cuando su medición se hizo más precisa, constante y mediática. En pocos años, la rápida remoción de capas de bosque en áreas de interés ambiental tomó las dimensiones de un verdadero problema nacional. No sólo tiene que ver con la escandalosa cifra de hectáreas deforestadas que, en los últimos años, viene aumentando constantemente y que ya llegó a 220.000, sino también con el vacío de control territorial y armado que la desmovilización de las FARC dejó en todas las regiones del país y que el Estado no ha podido solventar.
La transición a un sistema de monitoreo satelital, la concentración y el desarme de las FARC y el dramatismo de las imágenes que dejaba la deforestación a su paso, fueron los tres factores fundamentales que permitieron una evaluación conjunta entre el gobierno saliente de Juan Manuel Santos y el nuevo gobierno de Iván Duque. El pasado 7 de agosto, Luis Gilberto Murillo dejaba el Ministerio de Ambiente lamentándose por no haber reducido la cifra de hectáreas deforestadas, mientras Ricardo Lozano se estrenaba como nuevo encargado de la cartera ambiental anunciando que su prioridad es dar resultados contra la deforestación desde la próxima medición, que saldrá a finales del 2018.
El conflicto armado con las FARC generó una paradoja ambiental: a la par de acciones de guerra y la afectación a población civil, se veía una alta conservación de áreas de interés ambiental y de las estructuras ecológicas regionales. En muchas zonas, las guerrillas se consolidaron en los territorios como agentes de control frente a los fenómenos de acaparamiento de tierras y la tala legal e ilegal de bosques. Aunque este control no significaba gestión ambiental en los territorios, es innegable que la conservación de biodiversidad durante décadas estuvo determinada por la presencia de actores armados en las áreas de alto valor ecológico.
Según los datos históricos del IDEAM, entre los años 1990 y 2015, el total de hectáreas deforestadas de bosque estuvo cerca de los 5.5 millones. Es decir que, en promedio, cada año se deforestaron unas 200.000 hectáreas. Del 90 al 2014, la Amazonía colombiana concentró un total del 35% de la tasa deforestación nacional y, en el 2015, último año de actividades armadas de las FARC, alcanzó el 43% (datos IDEAM). Para el año 2017, con la guerrilla de las FARC desarmada y en proceso de reincorporación, la concentración de la deforestación en la Amazonía colombiana fue de más del 70%, lo cual confirma que muchos municipios y zonas de alto interés ambiental, que fueron beneficiarios paradójicos del conflicto armado, hoy no encuentran quien supla el poder territorial y la administración.
Siendo el territorio amazónico el que sufre con más rigor el fenómeno de la deforestación, el rol de las disidencias es evidente en el aumento estrepitoso de hectáreas de bosque removidas al sur del país. Gentil Duarte, líder de la disidencia del Frente 7, ha autorizado a colonos de la región tumbar bosque sin ningún tipo de control, en miras de disputar el negocio de acaparamiento y venta de tierras con las mafias y el gran latifundio del país. Así mismo, la participación por acción u omisión de administraciones municipales se está configurando como una piedra angular para entender la deforestación en departamentos como el Guaviare y el Caquetá. Por último, las constantes largas para implementar el capítulo rural del Acuerdo de La Habana están frenando programas tan urgentes para el sur del país como la restitución y titulación de tierras o el cierre definitivo de la frontera agropecuaria.
Por lo anterior, evaluando cifras y dinámicas regionales, el gobierno de Iván Duque tiene por delante el reto de atender la deforestación siguiendo –en principio– cuatro líneas de maniobra:
Enfrentar grupos armados con influencia comprobada en acaparamiento de tierras y deforestación.
Interlocución y no criminalización con los campesinos en programas de sustitución de cultivos ilícitos y manejo ambiental de áreas protegidas.
Identificación y judicialización de funcionarios públicos y administraciones municipales que están participando de manera activa o despreocupada respecto a la deforestación.
Implementación de la Reforma Rural Integral y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para detener definitivamente el avance de la frontera agropecuaria en detrimento de la biodiversidad colombiana.