Por: Naryi Vargas, investigadora de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares
Cuando la situación humanitaria y de seguridad vuelve a arder en las fronteras, el Gobierno mantiene la clásica doctrina del réspice polum. Salvo algunas acciones en clave de mitigar los impactos de la crisis migratoria venezolana, la manera de afrontar las problemáticas fronterizas son las mismas viejas recetas, que, por supuesto, no han traído ningún cambio favorable.
En 12 de los 32 departamentos de Colombia se comparte frontera terrestre con otros países: Putumayo y Nariño limitan con Ecuador; Vaupés, Guainía y Amazonas con Brasil; Putumayo y Amazonas con Perú; Guajira, Norte de Santander, Cesar, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía con Venezuela; y Chocó con Panamá. Esto implica a 54 municipios del país y una extensión de, aproximadamente, 6340 km. Sin duda, esto resulta una potencialidad en materia económica y social, pero el predominio de un sistema político centralista ha conllevado a que esas se consoliden como zonas permeables, frágiles y descuidadas desde una perspectiva política, de seguridad, económica y social. La gravedad de los conflictos que se viven actualmente en esos territorios, y que se han transformado en los últimos 5 años por cuenta de nuevos y diferentes factores que determinan la realidad política, económica, social y de seguridad en las fronteras, no han sido adecuadamente visibilizados.
Ahora que el tema fronterizo es nuevamente relevante en la opinión pública, se vuelve la atención a lo que está ocurriendo, particularmente a la situación de los migrantes venezolanos, fenómeno que no se ha logrado cuantificar (OIM afirma que el volumen de venezolanos que a 2017 viven fuera de su país es aproximadamente de 1.622.109 personas). No obstante, los impactos que este desplazamiento puede tener no se han revisado con rigurosidad.
Acá presentamos un panorama general de lo que está ocurriendo:
Frontera con Venezuela:
El proceso de paz con las FARC y la transición de esta guerrilla a la legalidad, ha conllevado a una redistribución de actores armados en las zonas de retaguardia y en las rutas de economías ilegales que esa exguerrilla controlaba. Particularmente, en Norte de Santander el ELN y el EPL están librando una disputa que ha generado una grave crisis humanitaria. Según las cifras de la Unidad de Víctimas, en lo corrido del año 13.846 personas de esa región han sido desplazadas forzosamente, cifra que supera en más del doble la registrada en el 2017. Además, la subregión del Catatumbo concentra la mayor cantidad de hechos victimizantes en el país durante el presente año. En 2017 este penoso ranking lo encabezaba el departamento de Nariño y en el 2016 Chocó.
A esta disputa se suma el fortalecimiento y la aparición de otros grupos criminales que se disputan rutas y rentas de economías ilegales como el narcotráfico, el contrabando, la trata de migrantes y la explotación sexual. Entre estos se hallan: (i) los grupos postFARC, que han tenido diferentes manifestaciones de violencia y comienzan a involucrarse en la disputa entre ELN y EPL por el control territorial; (ii) grupos herederos del paramilitarismo, que controlan desde tiempo atrás la zona de Puerto Santander y Cúcuta y mantienen un repertorio de acción diferente basado en la economía de la violencia y la racionalidad económica; y (iii) ‘los Zeta’ y Cartel de Sinaloa, carteles mexicanos cuyo modus operandi ha consistido en la subcontratación de grupos criminales que prestan servicios de seguridad y se encargan de la logística del narcotráfico.
El posible pacto de sometimiento del Clan del Golf, la llegada de los grupos postFARC y la decisión que el Gobierno tome al respecto del proceso de paz que se adelanta con el ELN anuncian un nuevo reacomodamiento de las estructuras armadas en el territorio.
En Arauca la situación es diferente, pues el hecho de que exista un grupo armado dominante reduce de manera trascendental la producción de violencia. Allí, el ELN también se ha fortalecido producto del desescalamiento de la confrontación en el marco del proceso de paz que se adelanta en La Habana. El crecimiento y fortalecimiento se ha extendido hasta el estado Apure y Bolívar en Venezuela, en donde ha habido confrontaciones con grupos armados de Venezuela, no obstante la situación no ha pasado a mayores.
Frontera con Panamá:
La guerra que se libra en Chocó también tiene como protagonista al ELN, pues esta guerrilla llegó a copar zonas de influencia de las FARC y a disputar el control territorial que ejerce desde hace años el Clan del Golfo. Desde principios de agosto, los combates que tienen lugar en los municipios de Riosucio, Carmen del Darién y Bojayá han causado el confinamiento de al menos 3.682 indígenas (751 familias) de 14 comunidades, según indicó la oficina local de asuntos humanitarios de la ONU. Esa situación es generalizada en el departamento, pues en la región del Baudó y el San Juan también se han presentado constantes enfrentamientos.
Asimismo, el ELN ha minado la zona rural de todo el Urabá Chocano y al menos cuatro jóvenes han sido víctimas de este flagelo. Recientemente, la guerrilla anunció a la comunidad de Santa Marta que el paso por caminos hacia Juradó estaba minado y que iban a sembrar, también, minas antipersonales en los alrededores del casco urbano de ese municipio. Allí se han presentado enfrentamientos entre el ELN y la Armada Nacional.
En sus partes de guerra, el ELN ha hecho pública la confrontación que adelanta con el Clan del Golfo en el municipio de Juradó, así como los enfrentamientos con la Fuerza Pública. Las organizaciones sociales, particularmente la ONIC, han denunciado públicamente la afectación a las comunidades víctimas de amenazas y reclutamiento forzado.
Frontera con Brasil, Perú y Ecuador
Esta ha sido copada especialmente por grupos postFARC. En Nariño, particularmente en Tumaco, es sabida la álgida confrontación que se da entre estos grupos y otros locales interesados en hacerse con el control del cluster del narcotráfico que se ha consolidado en ese municipio. Es posible prever que en esas zonas se presenta una situación de reordenamiento de grupos armados que va a chocar con las estrategias de estabilización del orden público y la lucha contra las drogas por parte del actual Gobierno, anunciando altos niveles de producción de violencia.