Por: León Valencia, director – Pares
Ya no hay ninguna duda: Iván Márquez, el Paisa y Romaña, han roto la comunicación con Timochenko, la cúpula del partido FARC, el gobierno nacional y también con los tribunales de la Justicia Especial para la Paz. La pregunta es qué camino tomarán en los próximos meses.
Hay dos caminos posibles: uno, esconderse en sitios al interior del país o en el exterior sin auspiciar o realizar acciones armadas, hasta ver cómo se resuelve la situación de Santrich y la de Marlon Marín, y después de saber este desenlace tomar una decisión definitiva sobre el proceso de paz; dos, retirarse en muy corto tiempo de manera pública y abierta de los Acuerdos de la Habana y vincularse a la disidencia que encabeza Gentil Duarte.
La captura de Santrich y el destape de Marín, sobrino de Márquez, como colaborador de la DEA, no sólo generaron una gran incertidumbre jurídica y política para una parte de los exjefes de la guerrilla, sino que sembraron una enorme desconfianza entre ellos, especialmente entre el grupo que lidera Timochenko y el que encabeza Márquez.
Antes de la intervención de la DEA y la Fiscalía colombiana con las graves acusaciones y el operativo de captura sobre Santrich, las contradicciones entre el grupo de Márquez y el de Timochenko eran importantes y, si se quiere, duras y difíciles, pero se mantenían en el terreno puramente político y se estaban tramitando democráticamente. Eran debates sobre la manera como el Gobierno estaba cumpliendo los Acuerdos y también sobre las características y el futuro del partido creado a partir de la desmovilización y el desarme.
El caso de Santrich y Marín generó suspicacias, rompió puentes de comunicación y creó enormes desconfianzas que terminaron en este grave impase para el proceso de paz. El daño está hecho. Ahora lo único que se puede hacer es limitar el impacto. Reducir los efectos sobre todo el proceso de reconciliación del país que tiene entre sus tareas la reintegración de todos los ex-combatientes de las FARC, las negociaciones con el ELN, la reducción de las demás violencias y las acciones de verdad, justicia, reparación y no repetición.
En las labores para minimizar el daño al proceso de paz debían actuar mancomunadamente el Gobierno, la justicia y el propio partido FARC. Han hecho bien los líderes de las FARC al citar al consejo político nacional y poner en evidencia ante el país que un grupo de sus dirigentes y militantes se está apartando de los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz.
Esta actitud de los exguerrilleros tendría que ser acompañada por el Gobierno y la justicia con estrategias orientadas a superar los escollos que en este momento enfrenta el proceso. Arrojar luz a corto tiempo sobre el caso Santrich y el alcance de las acusaciones de Marín a otros miembros de las FARC; contribuir a la cohesión de quienes se mantienen firmes en los compromisos con la sociedad y con el Estado; acelerar los proyectos para la reintegración; darle alas al proceso de paz con el ELN; empujar el sometimiento a la justicia de las bandas criminales y poner freno a la grave penetración de los carteles mexicanos en el territorio colombiano.
Es mucho y muy complejo lo que hay por delante. No será fácil para el gobierno de Duque deshacerse de la idea de que los problemas de violencia y los retos de la seguridad se enfrentan sólo con la fuerza y la autoridad. Ahora es preciso actuar con cuidado, con finura, con sofisticación, para no permitir que el carro de la paz y la reconciliación se devuelva, para darle un nuevo impulso a lo logrado por Santos. En el gobierno y en sus aliados más cercanos hay personas con mucha experiencia y conocimientos en estos campos, ojalá Duque recurra a ellas.