Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares
Las democracias contemporáneas atraviesan tres grandes desafíos: i) el surgimiento de Gobiernos autoritarios, que son algo distintos a las dictaduras tradicionales de los años sesenta y setenta del siglo XX; ii) el surgimiento de los neopopulistas, que los hay de izquierda y de derecha. En el continente hay muy buenos ejemplos de ambos casos y la Europa liberal y garantista tiembla ante el avance de los xenófobos y eurófobos populistas; iii) algo que se había advertido por todos los expertos y académicos en temas de democracia y partidos políticos desde el siglo XIX: las democracias corporativas; es decir, aquellas en las cuales no hay una línea clara entre grupos privados económicos y los Gobiernos públicos.
Una serie de teóricos había advertido que el crecimiento demográfico y la multiplicación de intereses sociales segmentados llevarían a la creación de grupos de presión que desempeñarían un papel más articulado entre el Estado y los individuos. El problema de esta teoría es que en las democracias contemporáneas ha hecho carrera un corporativismo salvaje, depredador y que solo representa un pequeño segmento de la sociedad. Tal vez el caso colombiano sea el mejor ejemplo.
Por ejemplo, el actual ministro de Hacienda colombiano, Alberto Carrasquilla, estuvo involucrado en el escándalo de los Panamá Papers. Además, en las últimas horas, el periodista Daniel Coronell destapó otro gran escándalo: cuando Carrasquilla fue ministro en la administración de Álvaro Uribe, promovió activamente la aprobación de una ley que al final lo terminaría favoreciendo con la creación de una empresa y el empobrecimiento de más de un centenar de municipios del país. Por si fuera poco, en las últimas semanas, el ministro anunció una fuerte reforma tributaria, que en resumidas cuentas busca bajarles impuestos a los ricos y gravar con el IVA a la canasta familiar, lo que significa que terminará afectando a los más pobres. El gran problema es que el anuncio de una reforma tributaria, un tema de política pública, lo hizo en un evento de empresarial, en la convención de Asobancaria.
El otro ejemplo del Gobierno corporativo se refiere al actual ministro de Defensa, el señor Guillermo Botero, quien durante años fue el presidente de FENALCO, el gremio de los comerciantes. Botero no tiene ni idea del tema de seguridad. De hecho, la semana pasada, en el debate de control político que hizo la bancada de oposición en el Congreso de la República, debido a los más de 200 asesinatos de líderes sociales en los últimos meses, la intervención de Botero fue, por decir lo menos, vergonzosa. No conocía el tema. En lugar de hablar sobre las estrategias, medidas o acciones de protección a líderes sociales, su intervención giró en torno al plan de choque del Gobierno Duque para contrarrestar la delincuencia común y organizada en el país.
El otro ejemplo es el nombramiento de Andrés Valencia Pinzón como ministro de Agricultura. Valencia venía de ser presidente de FENAVI o Federación Nacional de Avicultores de Colombia desde 2013. Como era de esperarse, el gremio de la SAC o Sociedad de Agricultores de Colombia, que agrupa a los empresarios rurales o grandes poseedores de tierra saltaron de la alegría y elogiaron el nombramiento. Horas después, se conoció un proyecto de ley que busca, prácticamente, eliminar el proceso de restitución de tierras. No debe olvidarse que en el marco del conflicto armado que azotó al país, más de seis millones de hectáreas fueron despojadas, en su mayoría a pequeños campesinos. El proyecto de ley para acabar de ese proceso fue presentado por el partido de gobierno es apoyado por los grandes poseedores de tierra en Colombia. Todo cuadra, un círculo perfecto.
Cuando no hay una distinción entre intereses privados de una minoría e intereses públicos de la gran mayoría, no solo se cae en corrupción, sino en una situación en la cual el interés público es subsumido por intereses de unos pocos, lo que se denomina un Estado corporativo. Es decir, todo lo contrario a lo que se propone una democracia.