Por: León Valencia, director, y Alex Riaño, coordinador de la Línea Conflictos Asociados al Desarrollo – Pares
¿Qué estamos haciendo?
Desde la Fundación Paz y Reconciliación -Pares- y la RedProdepaz estamos promoviendo y facilitando ejercicios de diálogo territorial en Putumayo (Puerto Asís), Casanare (Yopal), Meta (Villavicencio), Norte de Santander (Ocaña), Santander (Barrancabermeja) y Arauca (Arauqita). Se trata de una iniciativa que busca fortalecer las capacidades de líderes y autoridades locales para el diálogo, a la par que intenta establecer un espacio de encuentro en el cual puedan confluir las comunidades, el Estado nacional y local y empresas para discutir desarrollo territorial sostenible, ordenamiento y sector minero energético. Las lecciones y aprendizajes del proceso serán sistematizadas y entregadas como recomendaciones de política pública.
Es un ejercicio que se realiza en alianza con la institución líder del sector, el Ministerio de Minas y Energía, en el marco de su estrategia de relacionamiento territorial. El proyecto es financiado por Ecopetrol, pero los implementadores cuentan con independencia para la ejecución y así quedó claro en las conversaciones previas y en los documentos que amparan legalmente el ejercicio.
En el marco de este ejercicio, Pares ha jugado el rol de asesor técnico y metodológico dejando como aportes concretos:
La construcción de una metodología de diálogo que actualmente es utilizada por el Ministerio y por las comunidades como una de las herramientas de su estrategia de relacionamiento territorial. Esto fue un proyecto financiado por BID.
La construcción de cuatro módulos de formación en: i) Desarrollo Sostenible; ii) Gobernanza de la riqueza mineral y energética; iii) Ordenamiento territorial y iv) Habilidades para el diálogo. Los módulos pueden descargarse de este enlace.
¿Por qué lo hacemos?
La Fundación Paz & Reconciliación es un centro de estudios e investigación social que tiene como objetivo aportar e incidir en el debate público y en los tomadores de decisiones. Nuestro papel es el de brindar ideas sobre los principales temas de la agenda nacional.
La explotación de los recursos naturales está en el centro del debate nacional y fue uno de los principales temas de la campaña presidencial. La gran discusión sobre el medio ambiente generada en medio del cambio climático y la resistencia de muchas comunidades a la explotación de los recursos expresada en las consultas populares, en las protestas sociales y en la variedad de debates que se dan en las regiones productoras sobre regalías, protección del agua y responsabilidad social han encendido la polémica. Pero también la innegable necesidad de los recursos que salen de estas industrias para el presupuesto nacional y para el desarrollo económico del país obligan a decisiones inmediatas que ojalá consulten los intereses de las regiones, las comunidades, las organizaciones sociales y las autoridades locales.
Consideramos que el debate sobre el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables no solo es importante, si no urgente. La falta de diálogo constructivo se ha traducido en una polarización que ha bloqueado el avance de una agenda común que permita acordar las transformaciones necesarias para que la riqueza mineral y energética se traduzca en riqueza social y bienestar para la ciudadanía. Gran parte de este problema se explica en razón de la complejidad del funcionamiento y regulación de estas actividades económicas y la asimetría de información que impone una barrera para el diálogo de saberes que junte lo técnico y el conocimiento popular.
En 2016, con el apoyo de la fundación FORD, iniciamos una agenda de investigación sobre conflictividad social y sector minero-energético que nos llevó a la publicación de La minería en el postconflicto: un asunto de quilates, en donde identificamos, caracterizamos y analizamos 176 casos de conflictividad social relacionados con actividades de minería e hidrocarburos, principalmente. Sobre la base de las conclusiones del libro, decidimos iniciar una agenda de incidencia más allá del debate académico y por eso iniciamos la promoción y facilitación de diálogo en territorios.
¿Cuál es nuestra perspectiva?
Por desarrollo entendemos un proceso de expansión de libertades y capacidades basado en un proyecto colectivo y autónomo, en el cual conversan diversos intereses y visiones del mundo; con una perspectiva territorial que invita construir desde abajo hacia arriba; y pensado desde la noción de sostenibilidad como paradigma que toma en cuenta las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo.
El desarrollo, al igual que muchos procesos sociales, tiene un carácter conflictivo. Esto porque implica el encuentro y contraposición de valores, intereses, visiones, saberes e incluso, sentimientos. Es importante señalar que no entendemos conflicto como algo negativo. Retomamos la perspectiva del filósofo colombiano, Estanislao Zuleta, quien nos señala que los conflictos sociales son algo deseable, son un motor de cambio social que requiere de nosotros la mayor capacidad de apertura, escucha y actitud propositiva para sacar el mayor provecho social.
La clave para que este carácter conflictivo se convierta en discusiones que generan resultados virtuosos para la sociedad es la gobernanza del desarrollo. Se trata de un nuevo paradigma de gobierno y toma de decisiones que incluye el diálogo entre los tomadores de decisiones, las comunidades y el sector productivo como referente para la estructuración de las políticas públicas. El éxito de este nuevo modelo radica en la capacidad de generar confianzas entre los distintos actores del territorio, superando un modelo de relacionamiento basado en lógicas transaccionales y de negociación sobre la base de intereses particulares. Es de esta manera que podremos superar el clientelismo, la corrupción y la ineficacia del Estado para establecer nuevas relaciones basadas en el diálogo de saberes, la rendición de cuentas y la participación amplia.
El diálogo no niega la protesta social ni la necesidad y la legitimidad de las consultas populares ni las consultas previas, al contrario, les da un cauce, les ofrece un camino para llegar a acuerdos. Estas manifestaciones legitimas de las comunidades imponen frenos y vetos a la exploración y explotación de los recursos; y la tentación del Estado y de las empresas es recurrir al discurso del desarrollo y proclamar el control del subsuelo por parte de la nación para imponer de una manera u otra los megaproyectos. El dialogo local y nacional para que sea válido tiene que ser más potente, más democrático, más incluyente que las manifestaciones y las consultas, debe partir de allí pero ofrecer espacios útiles de concertación.
Ahora, hay muy diversas iniciativas en el Congreso para reglamentar la consulta previa, para limitar el alcance de las consultas populares y reformar la ley de regalías. También hay una discusión en el Gobierno sobre la autorización del fracking. Sería un gran error de las élites políticas hacer esto otra vez desde Bogotá, sin consultar a las regiones, a las comunidades, a los sindicalistas, a los ambientalistas, a las autoridades locales. El Dialogo Nacional Minero-Energético es un escenario para llegar a consensos en torno a estas reformas.
¿Para qué hacer un diálogo?
1. Promovemos la construcción de pactos nacionales y locales para el aprovechamiento sostenible de la riqueza minero-energética del país, de manera que se traduzca efectivamente en riqueza social y mejores condiciones de vida para los ciudadanos.
2. Este pacto debe expresarse en política pública, leyes y decretos que reformen y ajusten la institucionalidad y normatividad minero-energética. Además, es necesario que se construyan acuerdos en los territorios entre los más diversos sectores que concurren en la exploración y explotación de estos recursos.
3. La situación actual es de una complejidad enorme y por esto es que promovemos el diálogo:
Alrededor de la exploración y explotación de estos recursos existe una variada expresión de intereses contrapuestos entre las empresas, las comunidades campesinas y étnicas, los trabajadores, el Estado local y nacional, las organizaciones sociales y ambientales y las diversas fuerzas políticas;
Hay una gran conflictividad social y ambiental en las distintas regiones productoras de minerales y energía
También se han dado graves manifestaciones de ilegalidad y violencia, en particular en lo relacionado con extracción ilegal de oro
De otro lado, están las controversias jurídicas derivadas de los vacíos normativos que han venido siendo zanjados por la corte constitucional, por ejemplo, la propiedad del subsuelo.
A la par, la sociedad civil ha venido promoviendo procesos de participación ciudadana, como las consultas populares, aplaudidos por unos y rechazados por otros;
Son preocupantes las manifestaciones de corrupción e ineficiencia en la utilización de las regalías;
Hay una evidente desconfianza y altos niveles de polarización entre los actores a la hora del diálogo.
Es importante mencionar que, a la par de estos elementos conflictivos, existen también interesantes procesos de concertación y una afanosa búsqueda de soluciones a los problemas en algunas regiones con liderazgos diversos que pueden y deben servir de ejemplo.
4. En el diálogo y en el pacto deben estar todos. El gobierno nacional en cabeza de los ministerios de Minas y Energía y Medio Ambiente; los gobiernos locales; las empresas; las organizaciones sindicales, sociales y ambientales; las comunidades; y los especialistas nacionales e internacionales en los temas claves de controversia. Debe involucrar también en su momento a representantes del Congreso Nacional y de la Corte Constitucional.
