Por: Daniela Gómez, coordinadora de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto
Desde la promulgación de la Constitución de 1991, tal vez no ha habido mayores amenazas al régimen de pesos y contrapesos del Estado, como las que han supuesto los intentos de reforma personalistas y caudillistas que han buscado favorecer a Álvaro Uribe. Primero, en 2010, la propuesta de una segunda reelección prendió las alarmas, pues implicaba, entre otras cosas, que el presidente terminaría designando a toda la junta del Banco de la República y que la elección de la mayoría de magistrados de altas cortes hubiera coincidido con su gobierno. Peligraba, sobre todo, la independencia del sistema judicial, ese que tantos dolores de cabeza le había causado al expresidente Uribe durante su mandato y que, afortunadamente, tumbó la posibilidad de dicha reforma.
En la misma línea, desde hace unos años y a la par del agravamiento de la situación judicial del jefe político del Centro Democrático, este partido ha venido promoviendo una drástica reforma a la justicia que se sospechaba beneficiaría, por un lado, al expresidente, al quitar los procesos de su juez natural actual (la Corte Suprema), y por el otro, a la colectividad, al permitir concentrar un gran poder en el ejecutivo, ejercido de momento por ellos, y con posibles efectos negativos irreversibles en la política colombiana.
Las sospechas no podían ser más acertadas, la nueva reforma a la justicia propuesta por el Centro Democrático no solo resulta antidemocrática sino que parece hecha a la medida del expresidente y actual senador Álvaro Uribe. Esta semana una de sus más arduas seguidoras, la senadora Paloma Valencia, anunció como una gran medida contra la impunidad y la corrupción que con el proyecto de acto legislativo de pesos y contrapesos, se pretendía quitar el fuero a todos los altos funcionarios que actualmente gozan de él. Lo que la Senadora Valencia no advirtió es que el artículo 174 de este acto propone que el Senado juzgue únicamente a los presidentes, aún después de cesadas sus funciones y no solo por delitos cometidos en el ejercicio de estas – como actualmente lo dicta la Constitución y la jurisprudencia – sino también por delitos comunes o indignidad por mala conducta. Palabras más palabras menos, todas las acciones judiciales que hoy en día se adelantan contra el senador Álvaro Uribe en la Corte Suprema pasarían a ser juzgadas en el Senado, donde el Senador Uribe goza de mayorías, incluyendo aquellas acciones cometidas cuando era senador, gobernador, y demás cargos públicos y aquellas que pudiera cometer en un futuro.
Adicionalmente, el proyecto contempla que el Presidente de la República elija al Fiscal General, a los magistrados del Consejo de Estado y a uno de cada tres magistrados de lo que denominan El Tribunal Constitucional Supremo o la también denominada Súper Corte (que sería el resultado de la unificación de la Corte Suprema y la Corte Constitucional. La otra tercera parte proponen que la elija el Congreso y la tercera restante la misma corporación, es decir, por cooptación; así mismo, se plantea ampliar el periodo de los magistrados del Tribunal a 10 años. Lo problemático de este tipo de elección es que se concentraría un gran poder en el ejecutivo, que acabaría cooptando la tercera parte o más del máximo tribunal, sin contar la elección en pleno del Consejo de Estado con lo cual no se solucionarían los problemas que muchos expertos han advertido sobre las relaciones clientelares que se han propiciado alrededor de la elección de algunos de los magistrados de altas cortes.
Una reforma a la justicia parece inminente pues desde todos los sectores políticos, académicos, gremiales, e incluso desde la misma Rama Judicial se percibe dicha necesidad. Actualmente cursan 3 proyectos de acto legislativo con este propósito que deberán ser unificados para su discusión y en las negociaciones todos los actores que intervengan tendrán que ceder. La estrategia política de los sectores de gobierno para avanzar en los temas prioritarios para el Uribismo parece hacerse clara: se buscaría llevar el discurso hacía los temas más controversiales e improbables como la unificación de altas cortes y posteriormente se mostraría que se “cedió” en ellos, mientras se logra reducir la atención e importancia de artículos como el 174, escondido bajo el disfraz de medida anticorrupción, en aras de lograr que las contrapartes en la negociación cedan sobre dicho articulado.
El camino no está fácil para ninguna de las propuestas. Con anterioridad, la Corte ha frenado cambios de fondo a la Constitución en materia de justicia y esta propuesta, sin duda, supondría uno. Esperemos que la necesidad inminente y las posibles frustraciones de reforma no agiten los ánimos de una constituyente y en las negociaciones políticas no se opte por la opción menos mala sino que, por el contrario, se logren consensos alrededor de una propuesta congruente con los principios definidos en por la Constitución del 91, que permita superar los obstáculos del modelo inicial sin modificar su esencia y sin esconder fines personalistas.