Por: Sergio Saavedra, Redacción – Pares
El pasado viernes 21 de septiembre de 2018, la Contraloría General de la Nación envió al Congreso de la República un segundo informe anual referente a la ejecución de recursos financieros para la paz. En dicho documento, anunció que los recursos presupuestales para cubrir la totalidad de lo planeado en el Acuerdo de Paz resultan insuficientes.
Según la Contraloría, los 129.5 billones de pesos presupuestados por el Ministerio de Hacienda no bastarán para la proyección de implementación; sobre todo lo que concierne a la Reforma Rural Integral, el Programa Integral de Sustitución de Cultivos y el Fortalecimiento de las medidas de Reparación Integral. El informe también enfatiza en que si no se ajusta la senda fiscal del Acuerdo de Paz, se podría generar un déficit en el PIB de entre 0,4% y el 1,1%.
Ante estas afirmaciones, la Comisión de Paz del Senado de la República expresó, en una carta a carta remitida a las comisiones económicas de Senado y Cámara, la preocupación por la asignación de recursos financieros para esta materia. Fundamentalmente, porque el Presupuesto General de la Nación (PNG) para 2019 no cumple lo pactado en el Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo.
La carta puntualiza que el proyecto de ley de PGN 2019 debe incluir de manera explícita un artículo donde se identifiquen los recursos asignados a PMI para la vigencia de ese año, esto para que se aclaren los montos correspondientes en cada una de las entidades responsables de su ejecución.
Sin embargo, las consideraciones de la Contraloría fueron apoyadas por Emilio Archila Peñalosa, Alto Consejero para el Postconflicto, quien le aseguró a El Espectador que hay restricciones presupuestales muy serias, sumadas a la mala planeación de la anterior administración. Archila Peñalosa fue designado como director del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz, que articula, administra y focaliza los recursos de cooperación, privados y públicos para la implementación del Acuerdo.
En este Consejo Directivo también fueron designados los empresarios Arturo Calle Calle (quién invirtió 20 millones de pesos a la campaña del presidente Iván Duque Márquez) y Mario Hernández, dueño de la famosa empresa de productos de cuero que lleva su mismo nombre. Además, también harán parte Alberto Carrasquilla Barrero, Ministro de Hacienda; Ricardo José Lozano Picón, Ministro de Ambiente; Andrés Rafael Valencia Pinzón, Ministro de Agricultura y Susana Correa Borrero; directora del Departamento para la Prosperidad Social.
El más reciente informe semanal (#24) del Fondo Colombia en Paz —del 17 al 21 de septiembre— arroja que la disponibilidad presupuestal que queda para lo que respecta a la sustitución de cultivos es del 28%, para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial un 20%, para proyectos productivos el 29 % y sólo el 1 % para reincorporación. Estas son 4 de las 13 subcuentas. El diagnóstico muestra que, en total, tan sólo hay un 24% de disponibilidad presupuestal.
Dentro de las subcuentas se encuentra el de la Jurisdicción Especial para la Paz, que ya superó más de la mitad de su disponibilidad presupuestal y le resta un 41%. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) ha expresado por medio de un comunicado de prensa su preocupación por las dificultades propias de la implementación y la focalización de recursos. Manifiestan que “la JEP gasta cuantiosos recursos en funcionarios y en infraestructura, en muchas ocasiones inoperantes, viajes al exterior, estudios pagados a prestigiosas universidades a efectos de determinar su funcionamiento”.
Sumado a esto, hay un panorama preocupante ante la nula ejecución por parte del Fondo ‘Colombia Sostenible’; que tiene 38,5 millones de dólares en este momento, los cuales hacen parte de 211 millones de dólares que están comprometidos. La ejecución de este fondo es del 0%. La otra cara de la moneda la tiene el Fondo Multidonante, que ha ejecutado el 86%, el Fondo del Banco Mundial con el 82% y el Fondo de la Unión Europea con el 58% de ejecución.
De igual forma, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana ha manifestado que “el PNIS no cuenta con los recursos necesarios para su implementación, el programa no presenta ningún avance respecto a los cultivos de amapola y marihuana y la ley de tratamiento penal diferencial para los cultivadores y recolectores”. La disponibilidad presupuestal para los PNIS es de 28%, y, en este momento, se encuentran frenados en su ejecución.