Por: Angélica Gutiérrez, investigadora de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares
El 28 de junio, la JEP presentó el documento “Criterios y metodología de priorización de casos y situaciones” en la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas (SRVR), en el que se plantea una “metodología de aplicación y definición de prioridades” para tratar los casos que son competencia de la JEP. Además, se especifica que un criterio clave para la priorización es la sistematicidad en planes, políticas, y patrones de conducta en crímenes. Es por esto que uno de los primeros casos escogidos fue el de las ejecuciones extrajudiciales, o los mal llamados “falsos positivos”.
El 18 de julio se expidió el auto 005 de 2018 en donde se abre el caso 003 en la JEP, referente a las ejecuciones extrajudiciales. Menos de una semana después, el 23 de julio, la Jurisdicción afirmó que, en un principio, llamaría a versión a 1.750 militares que se han presentado voluntariamente a comparecer por estos casos, en especial los que pertenecieron a las Divisiones Primera, Segunda, Cuarta y Séptima del Ejército Nacional. Cifra que se contrasta con los más de 3500 guerrilleros que han sido llamados.
Otras de las razones para priorizar este caso del conflicto armado fueron los criterios de vulnerabilidad de las víctimas; la gravedad del fenómeno en extensión en el territorio nacional; el número y representatividad de los presuntos responsables, pues eran miembros del Ejército; y el “criterio complementario de disponibilidad de información”, ya que la Fiscalía ha avanzado considerablemente en las investigaciones en esta materia. También se tuvo en cuenta el llamado de atención que hizo la Corte Penal Internacional a Colombia, a propósito de que se adelanta un examen preliminar sobre la situación del país desde junio de 2004.
El 10 de agosto de este año, una década después de que los hechos salieran a la luz, la JEP realizó la primera audiencia pública en contra de 14 militares que solicitaron voluntariamente acogerse. En la audiencia estuvieron presentes los familiares de las víctimas y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas cuestionó si los miembros de la fuerza pública están comprometidos o no con aportar a la verdad, a la reparación y a la no repetición a cambio de recibir incentivos de la JEP como libertades condicionadas, traslados de sitios de reclusión o eliminación de órdenes de captura.
Es justamente el punto de “libertades condicionadas” lo que molesta a quienes no están de acuerdo con la existencia de la JEP, pues, según sus argumentos, el sistema lo que busca es “impunidad” u otorgar beneficios a los victimarios ignorarando castigos ejemplares. Los defensores de la JEP, por su parte, aseguran que lo principal es llegar a la verdad y reparación de las víctimas, pues son ellas el centro del Acuerdo.
Militares a la JEP
Algunos de los militares de más alto rango que se han acogido a la JEP por temas relacionados con ejecuciones extrajudiciales son:
Mario Montoya Uribe: Es el militar de más alto rango que ha decidido someterse a la JEP. Desde el Ejército, participó en la coordinación de las recordadas operaciones La Mariscal, Meteoro, Marcial y Orión. Además, de acuerdo con publicaciones del diario El Colombiano, también ha estado involucrado en investigaciones sobre la masacre de San José de Apartadó, ocurrida en 2005, mientras comandaba la Primera División del Ejército.
Fue señalado de omisión durante la masacre de Bojayá (Chocó, 2002) y el exAlto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, lo acusó de ser la mente de la falsa desmovilización del frente Cacica la Gaitana (2006). Además, lideró operaciones clave para inclinar la balanza en favor del Estado en la confrontación contra las FARC, entre ellas la operación ‘Fénix’, en la que se logró la baja de ‘Raúl Reyes’, uno de los principales jefes ideológicos de la guerrilla y primer miembro del Secretariado que falleció en combate.
En justicia ordinaria se le adelantaba dos investigaciones: la primera por la connivencia con los paramilitares y el exceso en el uso de la fuerza durante la Operación Orión, ocurrida en 2002 mientras era comandante de la Cuarta Brigada. El operativo tuvo lugar en la Comuna 13 de Medellín y dejó 88 homicidios y más de 600 víctimas. La segunda se basa en las ejecuciones extrajudiciales de Valledupar y Santa Marta, cuando era comandante del Ejército. En 2016 la Fiscalía anunció que le imputaría cargos, pero hasta el momento no ha ocurrido.
El 13 de septiembre tuvo su primera cita en la JEP, sin embargo, no reconoció los cargos, tampoco pidió perdón y, al parecer, su sometimiento a la Jurisdicción es para defenderse. Se le citó nuevamente para el 17 de octubre junto con las víctimas para la audiencia de sometimiento militar.
Gabriel de Jesús Rincón Amado: Fue el jefe de operaciones del Batallón José Joaquín Vargas, adscrito a la Brigada Móvil 15. Según la sentencia en su contra, el oficial sabía que sus subalternos buscaban civiles para presentarlos como muertos en combate. El 3 de abril de 2017, el Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca lo sentenció a 46 años de prisión por la ejecución extrajudicial de cinco jóvenes del municipio de Soacha (Cundinamarca) en agosto de 2008. Las víctimas fueron Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero, Jáder Andrés Palacio Bustamante, Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, quienes, mediante engaños, fueron conducidos a Ocaña, asesinados y, posteriormente, presentados como guerrilleros muertos en combate.
El 10 de agosto de 2018, Rincón Amado hizo presencia en la JEP en la primera audiencia, donde se comprometió a no repetir los hechos y, además, pidió perdón a las víctimas. Actualmente, Rincón tiene otros 16 procesos en curso y se encuentra recluido en una guarnición militar. Por su ingreso a la JEP, le sería concedida la libertad transitoria.
“Me comprometo a ofrecer verdad plena y temprana ante la sala de reconocimiento de verdad, acudir a la Comisión para el esclarecimiento de la verdad y a dar mi testimonio. Desde ya, y como siempre lo he manifestado, pido perdón a cada una de las víctimas directas e indirectas de este crudo conflicto armado interno, que ha causado a la mayoría de las personas de nuestra Colombia un dolor en sus corazones. Ofrezco, además de la reparación inmaterial, dedicarme a la cátedra por la paz en los escenarios de la JEP en donde contaré mi experiencia y la verdad de lo ocurrido».
Robinson González del Río: Acusado de tener relación con las ejecuciones extrajudiciales de Janiot César Sepúlveda Ámbito y Javier Andrés Moreno, ocurridas el 29 de septiembre de 2007. Mediante engaños, estas personas fueron llevadas a la vereda Trocaderos de Neira, allí fueron fusilados y luego presentados como guerrilleros. Ese día el equipo de contraguerrilla del batallón a cargo de González reportó que enfrentaría a 12 insurgentes que supuestamente hacían parte de las FARC, lo más grave fue que en la zona no operaban frentes de ese grupo armado.
El 29 de septiembre de 2015, el coronel González del Río aceptó ser responsable de 14 casos de falsos positivos que dejaron al menos 27 víctimas en Antioquia y Caldas entre los años 2006 y 2009. Además, aceptó los delitos de homicidio en persona protegida, falsedad en documento, fraude procesal, concierto para delinquir y tráfico y porte de armas. La Fiscalía le imputó cargos por su participación en 32 ejecuciones extrajudiciales registradas en diferentes zonas del país. El primero de septiembre del presente año decidió someterse a la JEP después de estar cinco años detenido.
“La responsabilidad mía es en el Valle del Cauca y Cauca. Se hicieron 17 operaciones donde existieron alrededor de 27 muertos de falsos positivos, los cuales voy a aceptar. Yo creo que víctimas de falsos positivos… hay 400 aproximadamente en esa zona del Pacífico”.