Por: Juanita Sánchez Alayón, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto
El 10 de agosto se llevó a cabo la primera audiencia del caso 003 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre las ejecuciones extrajudiciales de Julio César Mesa Vargas, Jader Andrés Palacios Bustamante, Víctor Fernando Gómez Borrero, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, Diego Alberto Tamayo Garcerá y 14 hombres más que habitaban en el municipio de Soacha y fueron presentados hace diez años como guerrilleros muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander.
Los hechos ocurridos en 2008 hicieron parte de una práctica ilegal que involucró a miembros de la fuerza pública bajo la idea de mostrar resultados efectivos en la confrontación con la guerrilla. Los casos son mal llamados ‘falsos positivos’ y hacen referencia a miles de civiles inocentes que fueron asesinados y posteriormente presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Seis años después, en el 2014, la Fiscalía reconoció haber recibido 4.716 denuncias de asesinatos por parte de agentes pertenecientes de la Fuerza Pública, de los cuales 3.925 correspondían a ‘falsos positivos’. Este año, Omar Eduardo Rojas, oficial retirado de la Policía, afirmó que la cifra podría llegar a 10.000 casos.
En el caso de estos cinco jóvenes de Soacha, la JEP citó a 14 militares que habían solicitado ser acogidos en el tribunal especial en el mes de febrero y cuya petición fue aceptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas; los cuales son: mayor Henry Mauricio Blanco Barbosa, sargento Medardo Ríos Díaz, coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, cabo Richard Armando Jojoa Bastidas y los soldados profesionales Mauricio Cuniche Delgadillo, Jhon Anderson Díaz Ortega, Ricardo Eliud González Gómez, Ferney Grijalba Flor, Eider Andrés Guerrero Andrade, Geiner Fuertes Guillermo, Pedro Johan Hernández Malagón, Luis Alirio López, Nixon Arturo Cubides y José Adolfo Fernández Ramírez.
En el 2017, estos militares fueron condenados en justicia ordinaria por homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir, donde las condenas oscilaban entre 37 años para aquellos que tenían menor responsabilidad, y 42 y 52 años de prisión para los más implicados. Los miembros de la fuerza pública se comprometieron a aportar con la verdad y a la reparación con el fin de recibir los incentivos de la JEP: libertades condicionadas, traslados de lugares de reclusión o eliminación de órdenes de captura.
Las familias víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales se vieron inconformes con el traslado de los casos de la justicia ordinaria al sistema de justicia transicional, pues creen que los casos son tratados como crímenes de guerra cuando en realidad son crímenes de Estado. Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy, manifestó su rechazo al proceso dentro de la JEP, pues considera generaría impunidad en los casos de los ‘falsos positivos’ y no se justifican los privilegios hacia las personas que mataron a sus hijos. Jaqueline Castillo, hermana de Jaime Castillo, considera que el tribunal no tiene las herramientas necesarias para juzgar los delitos, por lo que mantiene la esperanza de que su caso llegue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ana Páez, madre de Eduardo Garzón Páez, aseguró, por su parte, que: «La verdad que ellos van a decir no es una verdad auténtica. Queremos que, por medio de la JEP, si es posible, aparezcan los verdaderos culpables, que no nos vayan a decir que fueron solo ellos y que nos pidan perdón, porque no lo vamos a aceptar. Los altos mandos tienen que presentarse aquí y ellos son los que tienen que pedirnos perdón públicamente, para esclarecer que nuestros hijos no eran ningunos delincuentes. Nosotros no estuvimos ni somos víctimas del conflicto armado, somos víctimas del Estado».
La unión y la organización de las madres de Soacha representan una lucha de diez años por la memoria, la paz, la justicia, la reparación y la no repetición de estos hechos en el país. Por esa razón esperan verdad por parte de los militares para que el proceso prospere, al igual que la justicia frente al sometimiento de estos individuos. De lo contrario, para ellas, la reparación integral no se llevaría a cabo.
«Lo que pido es que a estos militares los condenen, porque nosotras hemos andado con este viacrucis diez años y ellos están libres en la calle como si no hubieran hecho nada», Rubiela Giraldo, mamá de Diego Armando Marín.
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