Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares
Una reciente investigación de la Fundación Paz y Reconciliación nos muestra una cara, no muy conocida, de Medellín. Los hallazgos son más que increíbles. En primer lugar, cerca del 70 por ciento de la ciudad paga extorsión bajo la disculpa de un servicio privado de seguridad. Es tan normalizado este pago, que para muchos ciudadanos es un impuesto más. Por otro lado, todas las autoridades lo saben y no dicen, ni hacen nada. Un algo así como un silencio cómplice.
Sobre la extorsión, la hay de todos los tipos. Algunas casas en los sectores más pobres pagan 2.000 pesos semanales, otras pagan 20.000, algunos locales comerciales pagan desde 100.000 hasta 2.000.000 de pesos: el trasporte público, pensionados, todo el mundo paga. La cosa es tan dramática que en medio de la investigación hubo dos hechos que muestran la magnitud del fenómeno.
Por un lado, en varios sectores de la ciudad se comprobaron casos en los cuales los combos sacaban a propietarios de casas y los obligaban a desplazarse a otro sector. Los combos, luego, proceden a arrendar esas casas a otras familias o más recientemente a población venezolana. En una sola casa llegan a meter hasta 20 personas, también arriendan colchonetas y pedazos de cuartos para que duerman. Si aparece algún comprador para la casa, la pueden vender, luego buscan al anterior dueño, lo obligan a firmar escrituras y a cambio le dan una parte de la plata, nunca más del 30 por ciento del valor por el cual la vendieron.
El otro caso dramático fue un centro cívico ubicado en el centro de la ciudad, allí, literalmente, los combos sacaron a los dueños del predio, se instalaron de forma permanente y cobran a los comerciantes que tienen arrendados los locales el alquiler. Además, es un predio que lo ha tomado como oficina de cobro, allí llega cualquier ciudadano a pagar su cuota mensual o semanal. Lo complicado del caso es que la ocupación criminal del predio se dio luego de que un concejal promoviera que la administración municipal comprara ese inmueble.
Los diferentes combos administran la seguridad, cuidan algunos sectores de ladrones, intimidan a los habitantes de la zona, regulan la entrada y salida en algunos barrios, y en zonas comerciales cuidan de los clientes de los bares o restaurantes. Son algo así como una policía paralela. Sin embargo, ahora que la antigua Oficina de Envigado, llamada La Oficina, está en guerra interna, la situación se ha complicado, ya que muchos comerciantes deben pagar a dos combos diferentes en algunos sectores que se encuentran en disputa.
También se debe decir que el alcalde de Medellín funge como el gran hombre que lucha contra el crimen y dice que en Medellín todo está bien, o por lo menos, cada vez mejor. Es muy raro, casi siempre en Medellín la población apoya al acalde, haga lo que haga lo respaldan, no hay crítica, no hay cuestionamientos, nada de nada. Es un silencio increíble. Pero a pesar de que al secretario de Seguridad de la administración de Federico Gutiérrez lo capturaron por presuntas relaciones con un sector de La Oficina, hoy la popularidad del alcalde ronda el 80 por ciento.
Las estrategias de seguridad son de las más tradicionales y obsoletas en esta materia. Se han dedicado a las capturas de varios alias generando mayores disputas criminales, lo cual a su vez lleva al aumento de las extorsiones. Pero estas acciones de capturas no las acompañan de estrategias para atacar los problemas de fondo, como el lavado de activos, el funcionamiento de los mercados ilegales o los enlaces institucionales de los criminales. Tampoco controlan el turismo, que es uno de los factores que mayor ganancias le deja a los criminales, pero rubro del cual toda la ciudad legal se beneficia. Es una gran tragedia, decenas de jóvenes caen en estas redes, generación tras generación, siempre lo mismo.