Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares
El pasado viernes 28 de septiembre de 2018 el partido FARC anunció que entregaría información de 128 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado de más de medio siglo. La entrega se hará en los próximos días en un acto público, donde la información georeferenciada será suministrada a la Cruz Roja Internacional.
Además, el 30 de septiembre se llevó a cabo la primera entrega de 25 predios —65.540 hectáreas— por parte de la FARC para la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Estos predios están ubicados a lo largo del territorio nacional en los siguientes departamentos: Magdalena (Algarrobo), Norte de Santander (San Calixto y Tibú), Arauca (Arauquita), Bogotá (Sumapaz), Meta (Mapiripán, La Macarena, Cartagena de Chairá), Caquetá (Millán, Puerto Rico, San Vicente del Caguán) y Chocó (Riosucio). Para Pastor Alape, miembro de la Dirección Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y delegado al Consejo Nacional de Reincorporación, las entregas demuestran el compromiso y el reclamo de cumplimiento que su partido le hace al gobierno.
El panorama según Alape va desde el incumplimiento a las víctimas con las circunscripciones especiales de paz hasta las complejidades que se han presentado en lo legislativo respecto a la reforma rural integral. Esto no ha permitido, entre otras cosas, que las víctimas regresen a sus territorios ni implementar efectivamente la restitución de tierras, uno de los pilares del Acuerdo. Tal como está el panorama, podría decirse que el Estado no ha dado las garantías para que se pueda ejecutar estas actividades.
“La disposición es total por parte de nosotros, para poder suministrar información y completar la verdad, y así reparar a las víctimas de desaparición forzada. En el centro, decimos con seriedad, deben estar las víctimas para la resolución de conflictos de esta compleja guerra. Acá se deben sumar todas las voluntades y las manos y construir la paz con la implementación”, afirma Alape.
Pares habló con Pastor Alape sobre la entrega de información de los desaparecidos y de los predios:
¿Cómo se está trabajando la entrega de información por parte de FARC?
Se viene trabajando con un equipo de trabajo componente en el que está el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UPDB). Tenemos una grave situación ya que la UPDB todavía no tiene presupuesto y eso le imposibilita desarrollar las acciones de territorio.
Hemos hecho una serie de compromisos en territorio, por ejemplo, en Granada nos comprometimos a ayudar en la búsqueda de las personas que quedaron bajo responsabilidad nuestra. El compromiso es ampliar ese espacio con las organizaciones para todo el universo de víctimas del conflicto; tanto personas desaparecidas por parte del Estado, los paramilitares y toda la gama de situaciones de violencia que se presentaron en el oriente del país, específicamente, para este caso. De igual manera en el nordeste antioqueño, en el Urabá y en el Meta se han venido desarrollando una serie de actividades con las uñas. Los temas logísticos y de financiación son complejos para poder desarrollar esa parte del componente del sistema integral de Justicia, Verdad, Reparación y garantías de No Repetición.
¿Qué contratiempos hay para continuar con el suministro de información?
El problema es esta entrega de información está paralizada porque no hay un presupuesto para poder ejecutar todas las operaciones que demanda esta actividad. Inclusive, hay dificultades en la misma organización de los informes, es decir, de poder establecer en cada Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y los nuevos asentamientos la documentación de todos los casos.
Teniendo en cuenta el universo de víctimas, ¿cómo se articula FARC con los mecanismos creados en el Acuerdo?
Además del equipo de trabajo con la CIRC, Medicina Legal y UPDB, hay dos aspectos, el primero es que todas nuestras acciones y actividades en dirección a la búsqueda de las personas se proyectan en coordinación con las organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos en los territorios. El otro aspecto es el tema de verdad, que es un capítulo que tiene que ver con la Comisión de la Verdad, por eso el sistema es integral. La Comisión, además de la UPDB y la JEP van avanzando muy lentamente
La Comisión de la Verdad sufre una campaña de desprestigio por parte de sectores que se oponen al proceso, desestimando sus funciones. De igual manera, la JEP no ha podido montar el sistema autónomo de defensa, el cual debe garantizar en derecho la defensa de los exintegrantes de las FARC-EP, dado que nosotros no disponemos de recursos para garantizarla.
¿Cómo es la relación con la Cruz Roja en el proceso y entrega de información?
Eso es una reunión que se hace, la Cruz Roja tiene parte de esa información de la documentación que ha venido recogiendo con víctimas. De igual manera, la información que nosotros recogemos tanto de comunidades en región, como de exintegrantes de la organización que murieron y cuyos cuerpos todavía no han sido entregados a sus familias y fueron enterrados como NN o en fosas comunes se entrega para el proceso que le corresponde a Medicina Legal de cotejo de identidades.
¿Qué actores deben incluirse en este tipo de procesos de entrega de información?
Por supuesto que lo primero son las cortes constitucionales, que permiten que se desarrollen estas actividades en el marco de acciones humanitarias. Aquí es una responsabilidad del Estado, que tiene que brindar todas las condiciones y la información. Estamos, además, solicitando la información de las Fuerzas Militares y de la Policía, de igual manera de otros actores como los paramilitares.
¿Qué papel juega las condiciones de seguridad para desempeñar estos esfuerzos?
Esa es otra dificultad que tenemos cuando entramos a territorio, las mismas dinámicas que se establecieron por la falta de presencia del Estado en los territorios que nosotros dejamos. Se dificulta la entrada por la situación de inseguridad.
Sobre la entrega de los 25 predios, ¿cómo se da el proceso de recolección de información y entrega efectiva?
Se mantiene un espacio de planeación de las operaciones dirigidas a buscar predios, ya en todo este proceso, hasta el momento, hemos entregado aproximadamente 255 mil gramos de oro, 2.114 millones de pesos en efectivo, 450.000 dólares, unas 250 cabezas de bovinos, 134 kilómetros de carreteras y más o menos unos 113 inmuebles.
Del Acuerdo, se estableció que lo que denominamos economía de guerra se ponía a disposición del Estado para establecer un fondo fiduciario que permitiera reparar a las víctimas y aportar en el proceso de reincorporación.
¿Qué hacen en los espacios de planeación?
Lo que se hace en este espacio de planeación es definir las zonas en las que se van a desarrollar las actividades, se establecen las coordenadas. Ya le corresponde al Estado definir si esos predios estaban en zonas protegidas, en baldíos y demás.
La mayoría de esos predios fueron construidos en zonas de baldíos porque era parte del control que se tenía en el desarrollo del conflicto. Nosotros lo que hacemos es mostrar los sitios donde están habitados, se hacen los acuerdos de quienes los habitan los predios y, ya le corresponde al Estado el correspondiente seguimiento de definición.
¿Cómo es el proceso de ejecución de trabajo y qué dificultades hay?
Se planifica y, de acuerdo con el personal que sea ubicado en las diversas áreas, se parte a las regiones a hacer el análisis y la visita al territorio. La dificultad que se presenta es por temas de seguridad, ahora, precisamente estábamos evaluando cómo ir a recoger una información sobre unos predios en el Magdalena Medio y, estamos buscando un plan dado que ahí mantienen unas estructuras del ELN. Entrar con los organismos competentes a esos territorios genera situaciones complejas de seguridad.
Después de entregada la información, ¿qué tratamiento se le da a la información suministrada?
Los casos se le dan a la entidad que recibe y a ellos se les da la información, se revisa en qué condiciones fue adquirido el predio, si fue adquirido por recursos propios o no. De allí se desprenden las dinámicas para aclarar. Lógicamente, habrá gente que en este proceso pueda argumentar que no se le compró el predio. Hay otros predios que fueron entregados a comunidades donde hicieron sus viviendas, escuelas, muchos fueron englobados aparte, esa tipificación en fundamental.
¿Cómo contribuye a la reparación la entrega de predios?
Hace parte de nuestro compromiso de brindar verdad del conflicto, para poner a disposición del Estado y que puedan recuperar posibilidades de desarrollo productivo en las regiones. La reparación no implica solamente hacer actos de reconciliación, sino que es un proceso que transforme las condiciones económicas, sociales y culturales en la región, que permita que la gente vuelva a los territorios de las personas que fueron objeto de desplazamiento que implicó el conflicto.
¿Qué voluntades deben sumarse a este propósito?
Aquí tienen que sumarse las instituciones del Estado, que pueda implementar concretamente de los temas que se estableció en el Acuerdo, de la adjudicación de las tierras y la titulación. Es decir, la formalización de las tierras, las propiedades de los campesinos para que ellos puedan tener acceso al crédito y demás marcos institucionales. Para eso, deben intervenir el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, municipales y el Estado en general.
¿Hay proyecciones de más entregas?
Sí, por supuesto que estamos en este proceso de los proyectos de entrega, eso no ha terminado todavía.