Los ataques del fiscal contra la JEP

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares.

Primer ataque

En el último mes, la Fiscalía General de la Nación ha tenido constantes choques con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El primero de ellos fue por la imputación de cargos a Martha Lucía Zamora, directora administrativa de la entidad. Después de que el fiscal Néstor Humberto Martínez denunció supuestas irregularidades en la JEP, abrió una investigación contra Zamora por presunta falsedad ideológica. Sin embargo, este delito nunca pudo ser comprobado y, a cambio, a la funcionaria se le abrió investigación por tres presuntas faltas más: delitos de abuso de función pública, perturbación de actos oficiales y asesoramiento y otras actuaciones ilegales.

Esta decisión de la Fiscalía viene de la mano de otra investigación recientemente abierta a varios funcionarios de la JEP por posibles actos de corrupción «con el fin favorecer indebidamente a exintegrantes de las desmovilizadas FARC«, como afirmó la Fiscalía un boletín oficial. Sumado a esto, Zamora ya había asistido a un interrogatorio en el búnker de la Fiscalía para relatar su versión de los hechos.

El fiscal Néstor Humberto Martínez se refirió al respecto y dijo que “Algunos funcionarios inescrupulosos estarían cocinando, en este momento, falsedades y fraudes procesales para que la JEP no actué en cumplimiento de la Constitución y la Ley”. Sin embargo, ¿son ciertas esas acusaciones?

Las imputaciones por supuestamente favorecer a los exintegrantes de las FARC se deben a que Zamora autorizó algunas salidas del país a excombatientes. Sin embargo, esta era su competencia como coordinadora jurídica de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción, pues, según lo indicó, en el momento en que se le concedieron los permisos de salida a Jesús Santrich en diciembre de 2017, ella era todavía competente para tomar esa decisión en virtud de la Ley de Amnistía y del decreto 2125 de 2017, competencia que después tomarían los magistrados.

Tiempo después, Zamora dejó de tener la competencia para otorgar esos permisos. Esa potestad quedó en manos de Néstor Raúl Correa, exsecretario ejecutivo de la JEP, quien, según dice Zamora, concedió todos los permisos de salida a excombatientes hasta el 2 de abril o, al menos, todos tienen su firma. En una entrevista concedida a El Espectador, Zamora dijo que Correa dejó alrededor de 20 formatos firmados en blanco para que se utilizaran en dado caso de ser necesarios en su ausencia.

Correa renunció a la JEP en abril de este año por diferentes roces con la actual presidenta, Patricia Linares. Los roces provenían de temas organizativos y jerárquicos, como la poca planeación de las oficinas y computadores, además de los altos sueldos que les pagó a asesores, sabiendo que el presupuesto era limitado. Además de esto, los roces también se dieron por el funcionamiento de la JEP.

Después de que los organismos de control empezaran a cuestionar en qué se había invertido el presupuesto para el 2017, los problemas empezaron a crecer. Uno de los detonantes fue cuando la Contraloría le solicitó a Correa justificar en qué había invertido una buena parte de las donaciones de los gobiernos de Suiza, Suecia y Noruega. La respuesta no fue satisfactoria.

Ante la polémica por los formatos firmados por Correa, la JEP puso a disposición todos los permisos en manos de la Procuraduría para que los verificara. Fue entonces cuando la Fiscalía empezó a investigar el caso, debido a una denuncia interpuesta por el mismo Néstor Raúl Correa, ante el despacho del fiscal, por presunto delito de falsedad ideológica en la JEP. Martha Lucía Zamora cree que correa tomó esta medida por “resentimiento”, debido a los problemas que tuvo con la JEP y que lo llevaron a renunciar. Así lo aseguro en su entrevista realizada por El Espectador.

Segundo ataque

El segundo choque ocurrió en la mañana del pasado jueves 4 de octubre, cuando un agente de la policía judicial de la Fiscalía se dirigió a las oficinas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Allí, mediante una orden, inspeccionó el expediente del caso 001 que se adelanta con 32 exjefes de las FARC. En el expediente se encontraban 6.162 hechos de secuestro, homicidios y desapariciones forzadas.

El agente de la Fiscalía tuvo actitudes intimidatorias frente a los funcionarios de la JEP, a quienes amedrentó con la orden de la Fiscalía para conseguir el expediente y una citación para una entrevista, que iba dirigida a Patricia Lemaitre, presidenta de la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad.

El agente de la Fiscalía copió en formato digital toda la información y se marchó. La presidenta de la JEP, Patricia Linares, emitió un comunicado de prensa donde manifestaba su inconformismo frente a lo ocurrido. Además, dijo que el expediente está protegido por reserva judicial. También afirmó que “se vulneraron los principios esenciales del juez: autonomía e independencia, y se hizo de una manera que no corresponde”. Después de que Linares manifestara su rechazo frente a las actitudes intimidatorias de la Fiscalía, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, decidió revertir las órdenes de inspección del expediente y entrevista con las que había llegado el policía judicial en la mañana.

Patricia Linares ha manifestado constantemente su preocupación frente a este ‘choque de trenes’: en el comunicado de prensa, dice que “la Jurisdicción Especial para la Paz es una institución judicial de rango constitucional con autonomía e independencia judicial […] y como tal, debe ser respetada y acatada por todos los colombianos, pero especialmente por sus autoridades.”

En esta situación la Fiscalía violó la independencia jurídica de la JEP, pues el fiscal, en el marco de una investigación a unos contratistas de la JEP, ingresó al organismo y lo allanó como si no tuviera un carácter constitucional que lo blinda antes los demás órganos judiciales. Además, se saltó la reserva sumaria de procesos para extraer documentos completos de un proceso.

Tercer ataque

Según Caracol Radio, Néstor Humberto Martínez emitió una circular interna informando a sus funcionarios que no se puede enviar expedientes a la JEP hasta que quede clara su competencia para esos casos. Este es otro ataque del fiscal a la labor investigativa de la JEP. En la circular dice que “La Fiscalía General de la Nación continuará adelantando investigaciones relacionadas con el conflicto armado hasta que la JEP no asuma competencia. Por lo tanto, todos los expedientes deben mantenerse en la Fiscalía”.