Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares
El pasado 8 de octubre se publicó un informe por parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) —escrito por 91 autores de 40 países— en el cual expone el panorama crítico e inviable de mantener a 2°C el calentamiento global y de tomar acciones inmediatas para limitarlo a 1,5°C.
Este informe es producto de El Acuerdo de París en 2015, que fue aprobado por 195 naciones —Donald Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo y se sumó a Siria y Nicaragua como únicos países no participantes— en el cual se pactó generar una respuesta mundial a la amenaza del cambio climático y mantener una temperatura por debajo de 2°C.
Cumplida la entrega después de los 3 años, la gran conclusión del informe es que se debe limitar el calentamiento global a 1,5°C para sortear un complejo panorama medioambiental a nivel mundial. Es más, dentro del informe se hace una proyección que supone que en el año 2100 el nivel global del mar de reduciría en 10 cms. Limitar el calentamiento permitiría, entre otras cosas, que los arrecifes no disminuyan en un 99% como ocurriría con 2°C y mitigar la disminución, que oscilaría entre un 70% y un 90%.
El informe está constituido en tres Grupos de trabajo del IPCC:
El grupo de trabajo 1, el cual está encargado de evaluar las bases físicas del cambio climático; el Grupo de trabajo 2, encargado de abordar impactos, adaptación y vulnerabilidad y el grupo de trabajo 3, que se ocupa de la mitigación.
Según Valerie Masson-Delmotte —copresidenta del grupo de trabajo 1—, para hacerle frente a la situación es necesario que las emisiones netas globales de carbono (CO2) que son de origen humano reduzcan un 45%, proyectando así un “cero neto” para el 2050. Justamente ahí radica una importante labor de remoción de CO2 de la atmósfera.
A su vez, Hans-Otto Pörtner —copresidente del grupo de trabajo 2 del IPCC— de no mantenerse un límite al calentamiento global se incrementaría de manera exponencial el riego de cambios duraderos o irreversibles; como es el caso de ecosistemas y especies.
Por su parte, Priyardarshi Shukla —copresidente del grupo de trabajo 3 del IPCC— afirma que la limitación de 1,5° permitiría la reducción de impactos en varios sentidos, principalmente, en los ecosistemas y salud humana.
Según el informe, hay una correlación entre el calentamiento global y el aumento de la temperatura de calor extremo, sequías y también lluvias torrenciales. Este vaivén climático desproporcionado tendrá una afectación directa sobre el proceso de producción de alimentos para el caso de América Latina.
Otra arista de la propuesta del limite de 1,5°C es que se duplican las posibilidades mantener el habitad los insectos, que son de vital importancia para la polinización de plantas y cultivos.
Para los integrantes del IPCC, se deben generar acciones inmediatas que van dirigidas a una disputa de alternativas en los campos de consumo energético eficiente, agricultura, optimizar la emisión en el proceso de producción y captura de gases contaminantes.
La entrega de este informe fue en Incheon (Corea del Sur) y ahora quedará en manos de la Convención Marco de la ONU sobre el cambio climático en Polonia, que se celebra en diciembre. Allá se presentará el informe para la construcción de políticas publicas dentro de las agendas políticas de los Estados.
En Colombia:
A partir de las disposiciones que se definirán a nivel internacional sobre las políticas públicas, en Colombia el panorama no se puede analizar sin tener en cuenta las vicisitudes de la guerra. Históricamente, la disputa de la distribución de la tierra ha sido uno de los principales problemas en el país. Según un informe Oxfam, Colombia tiene la mayor desigualdad en tenencia de tierras en América Latina. Puesto que “el 1% de las fincas de mayor tamaño tiene el 81% de la tierra, el 19% restante está repartido entre el 99% restante de las fincas”.
En este momento, dice Oxfam, el 0,1 % de las fincas que superan las 2000 hectáreas ocupan el 60 % de la tierra. La línea de tiempo va así: en 1960 el 29 % de Colombia era ocupado por fincas de más de 500 hectáreas, en el 2002 la cifra subió a 46 % y en 2017 el número escaló al 66 %.
El debate sobre la tierra tiene que ver con qué uso se le da y el impacto medioambiental que causa. En Colombia hay 43 millones de hectáreas con uso agropecuario, 34,4 están dedicadas a la ganadería y solo 8,6 a la agricultura. Es decir, los predios de más de 1000 hectáreas dedican 87 % del terreno a ganadería y solo el 13 % agricultura.
Por ejemplo, en los predios más pequeños, es decir, los de menos de 5 hectáreas, el 55 % de la tierra se dispone para ganadería y el 45 % a agricultura. La tendencia a la ganadería siempre es más alta que otras formas de explotación de la tierra, lo cual en el informe es uno de los índices que amenaza con superar el límite de 1,5°C y que va en detrimento con el control de gases contaminantes.
También, los monocultivos predominan, el 30 % de las áreas sembradas en el departamento del Meta, por ejemplo, corresponde a palma aceitera. Un millón de hogares campesinos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar. Estos son temas estructurales sobre la definición de unas políticas públicas con repercusiones trascendentales. El monocultivo de palma aceitera también recrudece la huella ecológica a nivel local e internacional y la de conflictividad a nivel local.