Por: Alejandro Jiménez, investigador de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto
La maravillosa y melancólica voz de la cantautora Betty Álvarez nos ha recordado la esclavitud que han suscitado las economías de enclave como la minería en el territorio chocoano. La sentida canción ‘A la mina’ hace alusión a la explotación del oro por parte de los colonos blancos en las tierras del Chocó, la cual sigue más que vigente y ahora usa métodos no convencionales e ilegales. Este texto pondrá en contexto la compleja relación entre la ilegalidad y la minería mecanizada y la transformación de hábitos de vida para lograr la supervivencia en Río Quito.
Ya nos hemos referido a la maldición de la abundancia en la que viven las poblaciones de Río Quito, a orillas del afluente que lleva su nombre, a causa de la explotación desaforada de oro y platino. Esta labor, realizada por las dragas o dragones, a manera de la esclavitud moderna, requiere de distintos servicios que van desde el transporte, la seguridad y la limpieza, hasta la transacción de servicios sexuales con los operarios de las máquinas. En este escenario, los y las jóvenes del municipio encuentran, de cierta manera, ofertas de la ilegalidad como formas de supervivencia ante la dificultad por lograr educación de calidad u opciones de empleo dignas que superen la expectativa del ‘rebusque’.
De igual manera, en centros poblados como Villa Conto y Paimadó se ve la inyección de dinero producto de la compraventa del oro, del cual se beneficia especialmente el sector comercial, generando así una dependencia indirecta de parte de la población.
La minería realizada con maquinaria pesada y mercurio —no con bateas, bareque, almocafre, totumos, palas y matracas— hace parte del paisaje y parece ser la fuente más rentable y eficaz para lograr vivir dignamente en el municipio. Los visos entre legalidad y legitimidad son bastante difusos, en tanto las actividades ilegales cuentan con anuencia de las autoridades y parte de la población. Además, la influencia de los actores armados ilegales es notable y el control y regulación de la vida social es común. Los códigos normativos sobre lo que es legal quedan en entredicho cuando algunas comunidades aducen necesidades básicas insatisfechas y planes de vida irrealizables.
Autoridades y algunos miembros de la comunidad, ¿cómplices?
Ahora, los actos de corrupción y beneplácito también pasan por las autoridades civiles en detrimento de los intereses colectivos y territoriales de las poblaciones asentadas en Río Quito. Por un lado, los mandatarios locales son quienes tienen la competencia para i) velar por el derecho fundamental a un ambiente sano (art. 65 Ley 99/1993), ii) suspender la explotación de minerales que no cuenten con un título inscrito ante el Registro Minero Nacional (ley 685/2001), así como iii) imponer y ejecutar acciones en materia de sanción ambiental (art. 2 Ley 1333/2009). En muchos casos, estas autoridades están coartados por los actores armados o tienen intereses detrás de la actividad ilícita.
En períodos electorales abunda el silencio respecto al tema. Los y las candidatas a la alcaldía y al concejo municipal no se refieren siquiera a alternativas para mitigar o acabar la minería realizada de manera ilegal. Parece ser que entendieron que este asunto podría ser un punto negativo para su capital político o, por el contrario, no les es permitido obstaculizar esta actividad por los actores ilegales que regulan la cadena productiva del oro ilegal.
Por otra parte, respecto a la familiaridad y la relativa aceptación comunitaria de la actividad minera mecanizada, es necesario hacer referencia a la responsabilidad que tienen los Consejos Comunitarios. Pues algunos de los liderazgos de estas autoridades tradicionales contribuyen para que la actividad ilegal se desarrolle sin ningún obstáculo. Esto ha llevado a la ruptura del tejido social, ya que algunas de las familias extensas han entrado en confrontación por el uso y la vocación productiva de los territorios colectivos que, por mandato de la Ley 70, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Es decir, hay quienes se están beneficiando de manera privada de los bienes colectivos que por derecho les corresponden a las comunidades afro.
Respecto a esto último, PARES conoció de la existencia de acuerdos contractuales entre algunos de los miembros del Consejo Comunitario de Paimadó con dragueros de la zona para la explotación de minerales en el polígono de este corregimiento. Los acuerdos se suscriben a cambio de pagos mensuales entre los 10 y 15 millones de pesos. El área explotada no cuenta con una licencia ambiental que permita la extracción de oro, a pesar de encontrarse en solicitud de exploración ante las autoridades ambientales.
Quienes explotan los minerales de manera mecanizada e ilegal en las riberas del Quito también han encontrado formas que les permiten maniobrar a partir de operaciones aparentemente legales, que los hacen ver como responsables del medio ambiente y respetuosos de la ley. La estrategia es la siguiente: se constituyen ante Cámara de Comercio (tanto en Antioquia como en Chocó) algunas empresas fachada para la explotación de estos recursos, pero en la práctica, su operación hace uso de mercurio y se desarrolla en terrenos que no cuentan con los permisos ambientales.
Fuentes en terreno afirman que algunas de las empresas que realizan estas prácticas son Dragas Colombianas Brasileras SAS, Dragados Montoya SAS, Comercializadora Emperadora SAS, las cuales tienen registrada su actividad económica desde “extracción de oro y metales preciosos”, “comercio al por mayor de metales y productos metalíferos” hasta “preparación del terreno”. Es decir, se realiza un registro formal y en la práctica se extraen minerales de manera ilegal, lo que ha permitido que propietarios de dragas puedan registrar sus actividades económicas y operar desde la ilegalidad en la explotación de los recursos.
En este punto surgen algunos interrogantes que pueden ser de interés tanto para las autoridades competentes: ¿Quién y cómo hacen seguimiento a las empresas que reportan dentro de sus actividades la explotación de minerales y las realizan en entornos permeados absolutamente por la ilegalidad? ¿Ha habido sanciones a esas personas de las comunidades que permiten el detrimento del territorio y la vulneración de sus derechos colectivos y ancestrales por el interés de lucrarse de manera individual?
En poblaciones de municipios como Río Quito aún retumban los versos de resistencia como los ya aludidos de Betty Álvarez: “Aunque me aten cadenas, esclavo no soy”. Las poblaciones de municipios con características como las de Río Quito requieren de mayor atención para su goce efectivo de derechos y garantía de su dignidad como ciudadanos, una necesidad apremiante para romper con las cadenas de sujeción a la ilegalidad de la minería de su municipio como única opción de vida.