Por: Juan Camilo Rodríguez Guerra, asistente de investigación de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto
En el departamento del Guaviare el postconflicto no ha sido beneficioso para los ecosistemas selváticos. La reconfiguración de grupos armados en la región y la falta de control ambiental han ocasionado procesos de deforestación masiva que atentan contra un pulmón natural imprescindible para el continente. A esto se suman los hallazgos de arte rupestre dejada hace 20.000 años por los primeros habitantes de la región, los cuales hoy están amenazados por los procesos de colonización y deforestación.
El Parque de Chiribiquete, declarado patrimonio mixto de la Humanidad en julio de este año, está a tan solo nueve kilómetros de uno de los focos de deforestación, según el IDEAM. Si bien el anterior gobierno de Juan Manuel Santos amplió el Parque de 2,7 a 4,2 millones de hectáreas, no parecen haber suficientes capacidades institucionales para defender el territorio.
Fuente: IDEAM
A pesar de que la deforestación se agudizó con la desmovilización de las FARC-EP, las afectaciones al territorio son de largo aliento. A raíz del control armado, este grupo insurgente restringía la tala de árboles y establecía normas de conducta que beneficiaban el actuar criminal. El despojo a las comunidades que habitan el Guaviare devino en la concentración y disposición de tierras para el narcotráfico. El control de la selva, en muchas ocasiones, se hacía para proteger los negocios ilegales de las FARC-EP y de ningún modo puede asegurarse que los monocultivos de coca no producían una subsecuente deforestación. El control articulado de la guerrilla sobre el territorio, sustentado en las armas, privilegiaba exclusivamente su economía interna y la de sus redes.
Este contexto cambió tras la firma del Acuerdo: los grupos armados post-FARC iniciaron una cruzada por el control de los cuatro municipios del departamento. Los autodenominados Frente 1 y Frente 7 se establecieron en el territorio con graves violaciones a los Derechos Humanos. Sus nuevas formas de economía y violencia produjeron que la deforestación se duplicara en 2017, según datos del IDEAM.
Grupos armados ilegales y concentración de hectáreas de coca sembradas en Guaviare
En la actualidad, el grupo post-FARC autodenominado Frente 1, comandado por alias ‘Gentil Duarte’, cobra un millón de pesos por hectárea de bosque talada, toda una renta si se considera que solo en el Guaviare se han deforestado 38.221 hectáreas en un año. La presencia de este grupo armado es un riesgo, además, para los organismos de control, quienes a pesar de su esfuerzo no pueden hacer nada contra esta dinámica. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), entidad que regula los permisos de tala, ha sido constantemente atacada en los recorridos que hace para ejercer su función. El hecho de que sus funcionarios deban ser acompañados por el Ejército genera un factor de riesgo adicional para esa autoridad ambiental.
Lo paradójico es que la deforestación no está siendo ocasionada para la comercialización de madera. Esta, de hecho, suele dañarse antes de poder ser transportada a capitales como Villavicencio o San José del Guaviare. El daño a ecosistemas selváticos se produce por procesos de colonización que buscan apropiarse de una cantidad de hectáreas y disponerlas para la ganadería extensiva, para la tenencia de tierra o para monocultivos, en algunos casos, de coca. Estos procesos se dan en proximidades a las vías terciarias que se están construyendo en el departamento. La deforestación se agrava bajo la supervisión de las denominadas disidencias.
¿Cuál es la postura del gobierno entrante en la protección de los ecosistemas?
Se le plantean varios retos: 1) permitir (o no) la aspersión aérea a cultivos de uso ilícito en ecosistemas vulnerables como los del Guaviare; 2) organizar la agenda institucional del departamento en función de las principales amenazas al medio ambiente, lo cual implica reformular presupuestos; 3) fortalecer el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, esperando que este priorice la defensa de la naturaleza y no las concesiones para el extractivismo; 4) continuar con el Programa Nacional Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), en el cual el Guaviare era, para marzo, el departamento más avanzado.
Bajo el entendido de que la huella ecológica es irreversible, depende de las comunidades y de la disposición de los gobiernos detener los daños al medio ambiente. Si los recientes estudios sobre el aumento de dos grados centígrados en la temperatura mundial son ciertos, los próximos cuatro años son vitales. La selva amazónica no puede ser víctima de actitudes acumuladoras y depredatorias.
