Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares
En la noche del miércoles 17 de octubre de 2018 se aprobaron $258,9 billones de pesos para el Presupuesto General para la Nación de 2019.
de la larga jornada, con movilizaciones en las principales ciudades del país, la Cámara de Representantes, con un saldo de 113 votos a favor y 18 en contra, le dio luz verde al propuesto expuesto por Alberto Carrasquilla. Por su parte, el Senado votó 68 a favor y 18 en contra.
Según la parte ponente, existe un incremento de 9,3% en funcionamiento con la cifra de $160,2 billones para funcionamiento y frente a inversión el aumento representa un 20% lo que son $46,8 billones a inversión. Los porcentajes de incremento están comparados con el presupuesto aprobado para el presente año en curso del anterior gobierno.
Para José Roberto Acosta— economista, abogado y miembro de Pares— “de manera premeditada el Gobierno hizo aprobar un presupuesto que viola la Regla Fiscal, con el propósito de que se ‘justifique’ mayores impuestos para los ciudadanos”.
Justamente esas comparaciones del aumento de la inversión no son necesariamente positivas, pues va a significar una dificultad enorme cumplir la regla fiscal. Es decir, la maniobra de Carrasquilla fue liberar caja a corto plazo, lo que generará un amarre de la caja en los próximos años, pero no liberó la deuda.
Con la aprobación presupuestal el ministro Carrasquilla enfatizó que aún hay un hueco de 14 billones de pesos. Según Acosta, para cubrir ese hueco y cumplir la regla fiscal —como lo ordena la ley— no habrá un escenario distinto al de proponer una ley de reforma tributaria, que genera miedo al sector productivo del país y, sobre todo, al consumidor.
Con el panorama de déficit fiscal que tiene la Nación, según Acosta, la decisión en el presupuesto del próximo año debió ir dirigida más en “coherencia” al discurso tanto del gobierno de restricción de gastos, ya que la carga será a los impuestos. Recordemos, dice Acosta, “que las deudas de hoy son los impuestos del mañana”.
Las cosas están de la siguiente manera: hábilmente el Ministro Carrasquilla generó unos canjes de deuda. Esto implica que los pagos que se tenían que hacer en el 2019 se alargaron a futuro, ya no se hicieron con deuda a 1 año, sino ya a 10 o 15 años. José Roberto Acosta subraya que se incumplió la promesa de austeridad y se hará un gasto de presupuesto que no se tiene. Con mayorías en el Congreso lograrán sacarles, con la reforma. el dinero a los contribuyentes.
La aprobación presupuestal tuvo dos maniobras tecnocráticas bastante reprochables: el canje de deudas y, la segunda maniobra, meter gastos de inversión obligando o presionando una reforma tributaria para poder cumplir la regla fiscal, continúa Acosta, lo que deja un panorama en el que el ministro Carrasquilla sigue haciendo carrera de generarle deuda a largo plazo al país.
Con respecto al gobierno anterior del expresidente Juan Manuel Santos, la inversión presupuestal en su totalidad se dio de la siguiente manera: en 2010 se aprobaron $143,3 billones, en el año 2012 fueron $165,3 billones, en 2014 $203 billones, en 2016 $ 215,9 billones y en 2018 $258,9 billones.
Frente a los retos propios de la implementación del Acuerdo de Paz, el panorama del presupuesto quedó de la siguiente manera, según Senador de la República por el Partido de la Alianza Verde Iván Marulanda:
Primero, hay que precisar que el proyecto presentado para el Presupuesto Nacional del siguiente año, según el vocero de la Alianza Verde, en el artículo 133 tiene varios inconvenientes para la Jurisdicción Especial para la Paz, precisamente, porque ese artículo le quita a la JEP la capacidad de manejar integralmente su presupuesto en una unidad administrativa y le entrega esa facultad al Ministerio de Hacienda para que administre los recursos directamente.
Esto rompe con la independencia de poderes, continúa, porque no es razonable ni aceptable que un gobierno incursione en el manejo de los recursos de la Justicia. Además, las distintas salas, en inconveniencia administrativa, no están concebidas para manejar presupuesto ni para gestionar fondos.
La norma es inconstitucional porque el acto legislativo que creó la JEP dice que la JEP administrará de manera autónoma su presupuesto, lo dice taxativamente el artículo 133; así que el proyecto desconoce la condición autónoma que la da la Constitución a la JEP. Muy seguramente este artículo será demandado y va a ser declarado inconstitucional, enfatiza. La bancada del Partido Alianza Verde, del cual Marulanda es vocero, presentó la proposición eliminando ese artículo del presupuesto, el senado no la quiso tramitar.
De los 2,6 billones de pesos para Paz
En el presupuesto del Ministerio de Hacienda, son recursos genéricos para la paz, lo que acarrea un problema porque no tienen clara la asignación específica. Para Marulanda, no se sabe para el gobierno qué quiere decir la paz y en qué va a focalizar esos recursos. Alberto Carrasquilla dijo que esos recursos están a disposición del Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila Peñalosa—primo de Enrique Peñalosa— que por decreto fue designado como director del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz.
Según las relaciones planteadas por Marulanda en las variaciones de la propuesta del gobierno Santos y el gobierno Duque: Al Instituto Geográfico Agustín Codazzi le rebajaron el presupuesto un 4%, es decir, 8 mil millones de pesos. La función del IGAC es punto central en el tema de desarrollo rural Integral y de la paz, pues la función suscita en realización de un catastro multipropósito, con esta reducción severa de su presupuesto afecta la capacidad para llevar a cabo el catastro multipropósito.
Además de esto, Marulanda dice que a la Agencia de Desarrollo Rural le rebajan un 3,75% del presupuesto, lo que es 11 mil millones de pesos. A la Agencia Nacional de Tierras, estima a cumplir las metas de formalización de 7 millones de hectáreas en 10 años, para esa operación se necesitan 1,4 billones de pesos por año para la ANT, pues para el otro año solo tiene 338 mil millones de pesos.
A la JEP de los 372 mil millones, le dieron 292 mil millones, la Comisión de la Verdad, pidió 135mil millones mil millones de pesos, le dieron 81 mil millones de pesos, le faltan 53 mil millones. A la Unidad de Búsqueda pidió 164mil millones, le dieron 81 mil millones.
El Programa de Sustitución de Cultivos, programa que alberga 96 mil familias campesinas productoras de coca con contrato de sustitución de cultivos, programa requiere 1,3 billones de pesos y de esos no se saben dónde están; no se pueden determinar del presupuesto, según aseguró Marulanda.
La unidad de Víctimas creció solamente 0,71 %, va a tener una capacidad de cobertura inferior a la demanda. La unidad Nacional de Protección si subió en un 25% (688mil millones de pesos), un crecimiento importante por la situación de líderes y lideresas; así como para excombatientes. La Agencia para la Reincorporación y Normalización le asignaron 139mil millones.
Cabe recordar que, en el último informe semanal del Fondo Colombia en Paz (#27)— 08 al 12 de octubre de 2018—, la disponibilidad presupuestal de las 13 subcuentas es de 22% , alunas de ellas como la Sustitución de Cultivos es de 25 %, los PDET es del 17%, de Reincorporación no hay disponibilidad presupuestal 0%, a la JEP le resta un 41%, a los proyectos productivos ADN 32%, Funcionamiento 8%.
Así quedó el presupuesto:
Educación con 41.2 billones, Defensa $33. 5 billones, Salud $ 32.2 billones y Trabajo 28.5 billones, transporte $8,6 billones, vivienda 4,3 billones y agro 2,4 billones de pesos. Lo que consagra la implementación el gobierno nacional destino una partida 2,6 millones de pesos para el 2019.