Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares
La élite política tradicional y el gobierno de Iván Duque no solo quieren hacer trizas el acuerdo de paz, sino también la Constitución de 1991. Actualmente, cursan en el Congreso una serie de actos legislativos o proyectos de reforma constitucional. Muchos de ellos, son verdaderos retrocesos en la garantía de derechos que otorgó la Constitución de 1991. Otros son maquillaje, pero sin nada de fondo y hay una que otra cosa buena. Pero lo cierto es que, a este ritmo, la constituyente que tanto promocionó el uribismo la van a lograr a punta de reformas parciales. Hay ejemplos increíbles.
En primer lugar, alargar los periodos de los actuales alcaldes y gobernadores. Es decir, la clase política tradicional siente que el cambio político es inevitable, y quieren detenerlo modificando la Ley. A la luz de los resultados de primera y segunda vuelta presidencial es, más o menos, claro que las fuerzas alternativas ganarían Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, varias ciudades intermedias, además de varios departamentos. Los más dignificados serían los partidos tradicionales como el Partido Cambio Radical, el partido de la U, los Liberales y Conservadores. Así que mediante una argucia en la ley quieren impedir que se vote. Comportamientos de regímenes autoritarios.
En segundo lugar, también se ha metido uno de los orangutanes más increíbles y es que el Fiscal General lo designe el Presidente, es decir, un fiscal de bolsillo, más de lo que ya es. Esto no solo impedirá que se avance en investigaciones de personas cercanas al gobierno de turno, sino que sobre todo, la Fiscalía podría convertirse en una policía política diseñada para la persecución de la oposición y los críticos al gobierno. Ejemplo de este tipo de cosas abundan en la región y, nuevamente, es típico de regímenes autoritarios.
Otra de las perlas en la contrarreforma política es que en Cámara de Representantes, asambleas departamentales y consejos municipales el cociente electoral aumenta, es decir, se incrementa la cantidad de votos necesarios por partidos para poder alcanzar el umbral. Esto lo que significa es que se van a borrar las minorías políticas en próximo año. Solo en Bogotá, haciendo el cálculo, los últimos tres partidos que entraron ya no podrían acceder al Consejo. La situación, en todo caso, es dramática en los consejos municipales de municipios de sexta categoría, allí prácticamente se acaba a la oposición y las minorías políticas. En otras palabras, se quiere revivir el frente Nacional.
De aprobarse todo esto, el retroceso sería inmenso, sería volver a la Constitución de 1986. Todas estas reformas en la vida real son una constituyente camuflada, que acabaría con una serie de logros de la sociedad colombiana. Lo dramático del asunto es que la clase política colombiana camufla esta contrarreforma con el discurso de la anticorrupción, justificando los proyectos de reforma con uno que otra cosa positiva, pero de fondo es un retroceso. Así las cosas, es preferible que se hunda todo, que por ejemplo la reforma política e incluso la reforma a la justicia se hundan y así evitar que se metan micos terribles para la vida política del país. Los próximos días serán definitivos para la vida política de la democracia colombiana.