Por: Esteban Salazar, Investigación de la Línea Democracia y Gobernabilidad
El proyecto de acto legislativo de Reforma Política y Electoral pasó de ser el vehículo mediante el cual se lograría el cumplimiento del mandato anticorrupción, a ser el caballo de Troya de los partidos tradicionales que buscan incluir proposiciones que rompen con el espíritu de las recomendaciones de la Misión Especial Electoral y la exigencia ciudadana de que el Congreso se reforme a sí mismo.
Dentro de la reforma existen varios ejemplos sobre este asunto, pero existe una propuesta en particular sobre el cual no ha habido mayores alertas, la cual busca modificar el artículo 263 de la Constitución Política de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 263 Para garantizar la equitativa representación de los Partidos y Movimientos Políticos y grupos significativos de ciudadanos, las curules de las Corporaciones Públicas se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora entre las listas de candidatos que superen un mínimo de votos que no podrá ser inferior al tres por ciento (3%) de los votos válidos para Senado de la República o al ciento cincuenta por ciento (150%) del cuociente electoral en el caso de las demás Corporaciones, conforme lo establezcan la Constitución y la ley”.
A modo de ejemplo: supóngase que en unas elecciones de Concejo municipal participan 4 partidos, que hay 10 curules y que el total de votos válidos fue 1000. En este caso, el cuociente sería la división de los 1000 votos sobre las 10 curules; es decir, 100. Luego, el umbral resulta del porcentaje que sea determinado para cada corporación sobre el cuociente. Para este caso, si se aplicara el umbral actual del 50%, cualquiera de los 4 partidos que haya obtenido más de 50 votos podrá acceder a, al menos, una de las 10 curules. Finalmente, se calcula la cifra repartidora para establecer a cuántas curules tiene derecho cada partido que superó el umbral.
En este sentido, el incremento del umbral al 150% favorecería solamente a los partidos tradicionales, pues, como lo ha advertido la Misión de Observación Electoral, miembro de la Veeduría del Mandato Ciudadano Anticorrupción, esta medida eliminaría la posibilidad de los partidos minoritarios de hacer parte de las corporaciones. Por ejemplo, en Atlántico no habría que tener el 7 % de los votos del departamento sino el 21 %, lo que significa que este año solo Cambio Radical habría tenido representantes a la Cámara.
Aunado a lo anterior, la Fundación Paz & Reconciliación realizó un ejercicio estadístico para demostrar cómo este mico podría afectar con mayor fuerza a los partidos minoritarios en los niveles de descentralización y representación política más profundos, como lo son los concejos de municipios de categoría 6 (todos aquellos distritos o municipios con población igual o inferior a 10.000 habitantes o con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a 15.000 salarios mínimos legales mensuales).
Para lo anterior, se tomó una muestra aleatoria de 100 municipios de categoría 6 y se aplicó el incremento hipotético del umbral del 50% al 150%,con base en los datos disponibles de las elecciones locales de 2015, con el objetivo de determinar el nivel de concentración de partidos por concejo en la muestra, así como los partidos que se verían más afectados con relación a su participación actual en estas corporaciones.
En primer lugar, de la muestra obtenida se encontró que se trata de municipios con votaciones que van desde los 1.037 votos y no superan los 50 mil. En promedio, hay participación de entre 4 y 5 partidos por Concejo, con algunos casos atípicos en los que hay 7 curules disponibles y están concentradas en 3 partidos (por lo general, Conservador, Liberal, La U y Cambio Radical); así como Concejos con 13 curules, en los que hay 7 u 8 partidos con representación.
En segundo lugar, de todos los partidos que actualmente tienen representación en los 100 concejos, los que mayor presencia tienen por municipio son: el partido de la U (89 municipios), Cambio Radical (82), Liberal (78) y Conservador (78). Mientras que, los que menos presencia tienen son: Polo (20), MAIS (22) y Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (24).
Con base en lo anterior, si se aplicara el umbral del 150%, como se pretende hacer, el resultado generaría que, por ejemplo, el Partido Verde desapareciera del 89% de municipios donde actualmente tiene representación en los concejos de la muestra de los 100 municipios. Este sería el partido más afectado, actualmente tiene representación en 46 de los 100 municipios. Sin embargo, otros casos igual de alarmantes son los de Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, Polo y MAIS, los cuales, además de ser los que menos presencia tienen en los concejos de la muestra, desaparecerían en el 79%, 75% y 73%, respectivamente. Un caso en particular es el del Centro Democrático, el cual desaparecería en 28 de los 39 municipios donde actualmente tiene representación.
Paralelo a esto, los partidos menos afectados serían los mismos partidos que actualmente tienen mayor presencia en los municipios. Se trata, de menor a mayor afectado, de los partidos Conservador (33%), Liberal (40%), La U (42%) y Cambio Radical (48%).
En efecto, un incremento del umbral al 150% generaría que, en 7 de cada 10 municipios de categoría 6 desaparecerían los partidos minoritarios y, a su vez, incrementaría la concentración de presencia de partidos políticos tradicionales como el Conservador, La U, Liberal y Cambio Radical.
De hecho, una propuesta en los debates de la Reforma Política plantea una fórmula intermedia donde el umbral sea del 75%. Aun en ese escenario, aplicando el ejercicio a la misma muestra, seguiría generando una mayor afectación sobre los partidos minoritarios, aunque en porcentajes diferentes. Esto es, de la representación que tienen actualmente en los 100 concejos de la muestra, el partido Polo desaparecería en el 55% de estos, el Centro Democrático en el 31% y los partidos Opción Ciudadana, Verde y ASI, en el 16%, 15% y 13%, respectivamente.
Así las cosas, es evidente que cualquier incremento del umbral resultaría en una clara modificación al sistema electoral a la medida de los partidos mayoritarios, quienes actualmente controlan el Congreso de la República y las demás corporaciones públicas del país, generando una fractura a la posibilidad de que partidos minoritarios tengan representación política, en un escenario cada vez más concentrado y aprovechado por los corruptos para, en vez de reformarse, acentuar los problemas de la democracia colombiana.