Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares
El Centro Democrático y Cambio Radical radicaron un proyecto de acto legislativo que pretendía crear una sala especial en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) exclusiva para las Fuerzas Militares. Sin embargo, parecía que el pulso lo había ganado la JEP, pero el día de ayer el gobierno, por medio del ministro de Defensa Guillermo Botero y la ministra de Interior Nancy Patricia Gutiérrez, revivió el debate que será votado hoy.
El tratamiento diferenciado que pretende este proyecto tendría magistrados distintos para las FFM.M. ante Tribunal para la Paz. El argumento es que, como lo ha manifestado la Senadora Paloma Valencia —coproponente del acto legislativo—, “las Fuerzas Armadas de un país democrático no se pueden equilibrar, poner al mismo nivel de quienes han cometido actos terroristas” y, además, apelan al supuesto sesgo ideológico por parte del tribunal que configura la JEP.
La propuesta, que no tuvo éxito el pasado jueves 25 de octubre, proponía la creación de dos salas de primera instancia, una sección para la revisión de sentencias y una sección de apelación. Los jueces, como se ha pretendido estas semanas, deberían ser escogidos por el presidente Iván Duque.
En busca de revivir el proyecto, como han sugerido en las toldas de los partidos proponentes, con mayor fuerza la senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, abandera la insistencia en el nombramiento de los nuevos magistrados, pero que en vez de que sea por medio del presidente, lo haga el Congreso. Los magistrados de esas salas, según el proyecto, deben expertos en Derecho Internacional Humanitario.
Se pretende, en este sentido, crear una Unidad de Investigación y Acusación para Miembros de la Fuerza Pública, integrada por un mínimo de 8 fiscales y 1 coordinador de dicha unidad, los cuales serían designados por el Fiscal General de la Nación —Néstor Humberto Martínez—, dichas disposiciones en el marco de las funciones establecidas para la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
¿Qué incluyen las nuevas disposiciones del Proyecto de Acto Legislativo?
Además, el proyecto radicado incorpora un artículo nuevo en el acto legislativo 01 de 2017, que demanda un procedimiento que no “favorece” la confesión como mecanismo para obtener beneficios. Esto significa que todos los miembros de las Fuerzas Militares que hayan pagado 5 años de detención por los crímenes cometidos en el conflicto armado podrán aplicar a una libertad condicional bien sea antes, durante o después del sometimiento mismo ante la JEP.
El articulo 6 del proyecto expone que “todas las instituciones a las que pertenecen los miembros de la fuerza pública deben tener un abogado que se encargue de la defensa del buen nombre de la institución que sea mencionada en los procesos. Además, proveerán defensa técnica y especializada gratuita para los miembros de la fuerza pública que sean sujetos de procesos ante la JEP”.
Otro artículo incluido en el acto legislativo involucra a la Procuraduría General de la Nación, pues demanda la intervención del órgano en los procesos que se adelanten tanto en la Sala como en el Tribunal Especial para los miembros de las FFMM. El papel del Procurado r—Fernando Carrillo— sería designar agentes especiales que intervengan en actuaciones y procesos de los agentes de la Fuerza Publica ante la Sala y las secciones.
El proyecto también consagra los escenarios de conflicto de competencia que estas disposiciones puedan traer entre la Sala de Determinación de Competencia de los miembros de la Fuerza Pública y las otras jurisprudencias de la JEP, de la cual la decisión que prevalecerá la de la Sala diferencial para los miembros de las FFMM.
¿Cuál ha sido el papel de las Fuerzas Militares en la JEP?
Según las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, el Ejército Nacional ha estado vinculado a 1065 casos en desaparición forzada, 2988 casos en asesinatos selectivos, 219 masacres y 126 en casos de violencia sexual. El papel en general de las fuerzas militares para la reconstrucción de la verdad es preponderante, esta es una radiografía de los casos que tienen relación con su accionar:
¿Quienes deciden la viabilidad de este proyecto de Acto Legislativo?
Lo primero que hay que precisar es que no sólo quienes han estado en contra de la intervención y detrimento de lo acordado en La Habana son los verdugos de la iniciativa del proyecto, sino que también es una carrera contra el tiempo para que el proyecto atraviese las 8 instancias de debate de aquí a el 16 de diciembre.
La cancha está dividida de la siguiente manera, teniendo en cuenta que se necesitan solo 9 votos para la aprobación:
SÍ: Paloma Valencia (Centro Democrático), María Fernanda Cabal (Centro Democrático), Santiago Valencia (Centro Democrático); Esperanza Andrade (Partido Conservador), Eduardo Enríquez (Partido Conservador), Juan Carlos García (Partido Conservador), Carlos Guevara (Mira), Germán Varón (Cambio Radical), Armando Benedetti (la U).
NO: Roy Barreras (La U), Roosvelt Rodríguez (La U), Luis Fernando Velasco (Liberal), Fabio Amin (Liberal), Miguel Ángel Pinto (Liberal), Iván Name (Alianza Verde), Angélica Lozano (Alianza Verde), Rodrigo Lara (Cambio Radical), Temístocles Ortega (Cambio Radical) y Gustavo Petro (Colombia Humana).
A propósito de las Fuerzas Armadas y la JEP
En las horas de la mañana del 30 de octubre, La Fiscalía General de la Nación le entregó a la JEP dos informes que relacionan las desapariciones forzadas cometidas por exguerrilleros de las FARC (primer informe) y por miembros de la Fuerza Pública (segundo informe).
La desaparición forzada es uno de los grandes flagelos no solo durante el conflicto armado sino para la implementación y la búsqueda de verdad. Teniendo en cuenta el universo de victimas y las vicisitudes propias que recrudecieron la guerra en varias escalas.
Las Fuerzas Militares, según este informe, han entregado información de 294 procesos con 675 víctimas identificadas. Hay 1.244 personas procesadas: 815 eran soldados en el momento en que ocurrieron los hechos, 94 integrantes de la Policía Nacional, 14 funcionarios del extinto DAS y 10 de la Armada Nacional. Los registros muestran que los departamentos con más víctimas, con un 74.74% del total, son: Antioquia, Casanare, Santander, Meta, Magdalena, Bolívar, Bogotá D.C., Chocó y Norte de Santander.