Por: Diego Alejandro Restrepo, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto
En la madrugada del 30 de octubre, cinco personas fueron asesinadas en el corregimiento de San Antonio, municipio de López de Micay, ubicado en la Costa Pacífica Caucana. Según fuentes locales, hombres con armas largas entraron a un billar y dispararon de manera indiscriminada asesinando a dos hombres y tres mujeres que se encontraban en el lugar. Los nombres de las mujeres asesinadas son: Erika Riascos, Esther Valencia y Paola Germán. De los dos hombres asesinados aún no se han hecho públicas sus identidades.
Además, se conoce que dos hombres más quedaron gravemente heridos y otros dos huyeron del recinto y se lanzaron al río, sin embargo, no se sabe nada aún de estas personas.
Por su parte, medios nacionales han señalada que el lunes 29 de octubre también fue asesinada una persona en el caso urbano de López de Micay, por lo que se presume que estas acciones se vienen presentando en el marco de enfrentamientos entre los grupos armados ilegales presentes en la zona.
Desde la salida de las FARC-EP de la Costa Pacífica Caucana, su población ha experimentado un vacío de poder que idealmente debía ser copado por las instituciones estatales a través de la administración de justicia y seguridad y, a su vez, de la garantía de derechos en el territorio. No obstante, ante la debilidad estatal, el ELN y Guerrillas Unidas del Pacífico se han disputado el control territorial y los réditos económicos de la minería ilegal, los cultivos de coca y el narcotráfico.
Actualmente, el ELN tiene el control territorial en el casco urbano del municipio a través del Frente José María Becerra, al mando de alias “Marcos”, mientras que las GUP tienen control sobre las partes bajas del río Micay en zona rural, más relacionadas con los cultivos de coca y la minería. Según fuentes en territorio, existe un estado de zozobra constante en el municipio debido a que muchos de sus pobladores han sido acusados de “informantes” de uno u otro grupo, por lo cual, el silencio impera en López.
Sumado a estas dificultades, las comunidades denuncian que la Fuerza Pública no actúa frente a las situaciones de violencia que se presentan en López, especialmente, por temor a ser diezmados por la capacidad bélica de estos actores armados ilegales. La masacre de López de Micay confirma la escalada de la violencia en el Pacífico Caucano, la necesidad de fortalecer la institucionalidad integral en el territorio y también genera una alerta frente a la expansión de grupos armados ilegales desde el Pacífico Sur, como es el caso de las GUP. La población del municipio espera acciones contundentes para juzgar a los responsables y prevenir una nueva oleada de violencia.