Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares
El Gobierno de Iván Duque y, principalmente, su partido, el Centro Democrático, han tomado dos grandes decisiones frente al modelo de justicia transicional creado en el marco del proceso de paz. El acuerdo creó la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual es la encargada de revisar y juzgar todo lo ocurrido durante el conflicto armado. La primera decisión del Gobierno y la coalición en el Congreso es limitar las acciones de la JEP, torpedearla y paralizarla. La segunda acción es irla desgranando y al final convertirla en el tribunal para que juzgue a la exguerrilla de las FARC.
Sobre el primer asunto, hace poco más de una semana, a última hora, a pupitrazo limpio, sin lugar a discusiones y con las costumbres de la vieja clase política, el Congreso nacional y las mayorías del Gobierno aprobaron el presupuesto nacional. La Cámara de Representantes o Cámara baja ya había aprobado las cuentas y luego, en el Senado, no se discutió nada. La mayoría gubernamental hizo que se votara de inmediato con al argumento de que ya la Cámara lo había hecho todo. Obviamente, en medio del articulado de la Ley de Presupuesto se metieron los populares “micos”, que son aquellos artículos que camuflan impactos institucionales que no son declarados ni discutidos abiertamente. Uno de esos “micos” es el artículo 133. Afirma que el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz será administrado por el Ministerio de Hacienda, lo cual viola la autonomía de poderes. Pero, además, los ingresos se otorgarán sala por sala, es decir, el Gobierno financiará las salas que quiera y las que no quiera las bloqueará.
Además de bloquear la JEP financieramente, la han ido desgranando. Por un lado, durante la reforma constitucional que la creó se sacó, por medio de una proposición en el Congreso, a los famosos “terceros”; es decir, todos los empresarios, políticos y civiles que se beneficiaron del conflicto armado y que fueron determinadores de graves crímenes. Ahora, se presentó un proyecto de ley para sacar a los militares y dejar la JEP para que solo juzgue a los exguerrilleros de las FARC. Hace unos días, el proyecto de ley se hundió en la Comisión Primera de Senado. Inmediatamente, la senadora Paloma Valencia, quien pertenece al Centro Democrático, anunció un referendo para lograr sacar a los militares de la JEP y crearles un modelo paralelo para que los juzgue.
El problema con todo esto es que el partido de Gobierno está provocando un verdadero cataclismo y está llevando a sus socios a un salto al vacío. La explicación es la siguiente. La Corte Penal Internacional (CPI) habría dado un plazo a Colombia hasta el mes de noviembre de 2018 para que el Estado mostrara acciones de justicia contra determinadores de crímenes internacionales. De no ser así, iniciarían acciones en Colombia y obviamente los agentes del Estado son los primeros en estar en la mira. Más de 4.000 colombianos fueron asesinados y disfrazados de guerrilleros para ser presentado como positivos en combate, algo que se conoce en Colombia como ‘Falsos Positivos’ y que jurídicamente sería un caso de ejecuciones extrajudiciales. Además, varios agentes institucionales participaron en el exterminio de un partido político conocido como la Unión Patriótica, en el que más de 3.000 de sus militantes fueron asesinados.
Tradicionalmente, para el Sistema Internacional de los Derechos Humanos el comportamiento de los agentes legales es más importante que el de los grupos armados ilegales. Esto se deriva de la base del Derecho, según la cual los ciudadanos ceden su capacidad de hacer justicia y la seguridad a un Estado. A esto se le conoce como el contractualismo liberal, de tal forma que las acciones de agentes del Estado tienen una doble gravedad, primero por el crimen que cometieron y segundo porque en ellos los ciudadanos habían confiado su seguridad. De un agente ilegal se puede esperar cualquier cosa, pero de agentes legales la situación podría ser considerada de mayor gravedad. En todo caso la CPI revisará todo tipo de responsabilidades, tanto de los antiguos miembros FARC como de agentes estatales.
Lo que queda claro para la Justicia Internacional es que, en lo fundamental, las FARC desaparecieron como grupo armado ilegal, es decir, entregaron las armas, dejaron de existir. Pero el Estado colombiano en su aparato militar no sufrió ningún cambio en el marco del acuerdo de paz. Por ello, las llamadas garantías de no repetición deben ser exigidas a los excombatientes, pero también, con mucha fuerza, a los agentes estatales que en teoría salieron sin ninguna afectación.
Así las cosas, el Centro Democrático, el partido de Gobierno, está llevando a las Fuerzas Militares a un callejón sin salida, que puede terminar con el juicio internacional de varios generales, exgenerales y oficiales de las Fuerzas Pública Colombiana.
Artículo publicado inicialmente en El País.