Por: León Valencia, director – Pares
El acuerdo en la Comisión Primera entre el uribismo y los senadores de la mayoría de los partidos para reformar la Justicia Especial para la Paz es el punto más alto en la búsqueda de la impunidad que los partidarios de Uribe emprendieron desde el momento en que se iniciaron las negociaciones en la Habana para terminar el conflicto armado del país. Acuerdan adicionar 14 magistrados y establecen que “para los procesos ante la sección de reconocimiento la sola confesión de quienes puedan ser llamados a comparecer ante la JEP, no podrá ser prueba suficiente para proferir condena en su contra” y “la información respecto de quienes sean mencionados en la confesión deberá ser contrastada con otras fuentes”.
Primero, mediante debates y presiones lograron que los expresidentes del país no estuvieran obligados a concurrir a la JEP y a la Comisión de la Verdad, así quedó consignado en los acuerdos de la Habana. Luego, consiguieron que los llamados “terceros”, empresarios y políticos, tampoco tuvieran esta obligación. Ahora, con el pretexto de proteger a los militares desvirtúan por completo la esencia de la justicia transicional.
Esta justicia que es extraordinaria, independiente, temporal y limitada ha sido utilizada en la transición de las dictaduras militares a la democracia y como ingrediente fundamental en los acuerdos de paz. Tiene dos componentes principales: 1. Penas alternativas, que operan como estímulo y como derecho para quienes se someten a estos juicios y 2. La confesión verdadera como deber inapelable para acceder al beneficio de la pena alternativa. Es extraordinaria porque se aparta de los cánones del derecho tradicional y no presume inocencia en el reo; al contrario, en el caso de los procesos de paz, su punto de partida es la aceptación por parte del implicado de la responsabilidad de haber violado el Derecho Internacional Humanitario en medio del conflicto y la condición para permanecer en la jurisdicción es la verdad plena.
El texto acordado en la Comisión Primera del Senado es confuso y engañoso e invierte todo el sentido de la confesión. En la justicia transicional el testimonio del acusado no se contrasta con la versión de las víctimas para decidir la condena, se valora si dice verdad o no y si miente sale de los beneficios de la JEP. El uribismo, con el pretexto de proteger a los militares, ha desvalorizado su confesión, le ha quitado la obligación de verdad y de prueba para su condena, con el artero propósito de salvar a los llamados “terceros” que, de ser mencionados en los testimonios de los militares, podrían ser objeto de investigaciones por parte de la justicia ordinaria. Si se llegara aprobar el texto acordado en los debates que faltan en el Senado los militares quedarían con los derechos de la justicia transicional, pero sin los deberes que implica, cosa que no habían pedido hasta ahora los miembros de la fuerza pública, entre ellos varios generales, que están acudiendo a la JEP. En todo caso será muy difícil que esto pase en la Corte Constitucional y en la Corte Penal Internacional, que ya emitió una primera desaprobación.
La independencia de los magistrados es clave en esta justicia y eso fue lo que garantizaron el Estado y las FARC al conformar un comité de escogencia con juristas internacionales imparciales y miembros muy respetados de la sociedad colombiana. Todos los magistrados escogidos hacen parte de la franja de intelectuales y miembros de la justicia que en Colombia dejaron hace mucho rato de justificar violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario por causas políticas de cualquier signo. La adición de nuevos magistrados parte de la perversa idea de que los actuales magistrados son partidarios de las FARC y enemigos de los agentes del Estado y de los llamados “terceros”. Pero, además, lleva implícita la idea de que es necesario conformar un organismo paritario en el que estén representadas las tendencias políticas que controvierten alrededor de los acuerdos de paz, proposición totalmente contraria a la naturaleza de la justicia transicional.
El Senador Luis Fernando Velasco, en respuesta a mis criticas, me decía en un trino que el gran valor del acuerdo era la legitimación de la JEP por el respaldo político del uribismo. Creo que quienes de buena fe concurrieron al Acuerdo se van a quedar “con el pecado y sin el género”. Están avalando la desfiguración de la misión de la JEP, pero no se librarán de los ataques del uribismo a la justicia transicional. La renegociación del acuerdo de la Habana después del triunfo del No en el plebiscito dejó claro que ellos pueden conquistar modificaciones participando en conversaciones y después se bajan de la concertación y mantienen su controversia.