Por: Diana Benavides
La noche del 4 de julio la líder social de 46 años Ana María Cortés, reconocida en el municipio de Cáceres, bajo cauca antioqueño, por ser la coordinadora municipal de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia y por haber trabajado en la evacuación de las comunidades en riesgo por la crisis en Hidroituango, fue asesinada a disparos mientras se encontraba departiendo con algunos conocidos en una cafetería cerca a su lugar de residencia en el barrio Magdalena. Cortés también trabajó en la Personería de Cáceres en el año 2011 y se sabe de denuncias que habría hecho sobre casos de minería ilegal en la región.
Tres meses antes de su asesinato, la lideresa había decidido asumir la coordinación de la campaña Colombia Humana en su municipio, por lo que organizó una sede de campaña y convocó diferentes sectores políticos a trabajar en el programa presidencial del ahora senador. Antes de ser asesinada, Cortés le había manifestado a Jorge Rojas, coordinador nacional de la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia, que no sabía si iba a morir por mano de los paramilitares o por su activismo y denuncias por el desastre de Hidroituango. Gustavo Petro, además, informó en su cuenta de Twitter sobre amenazas que la lideresa habría recibido por parte de funcionarios de la fuerza pública, en concreto, del comandante de la policía de Cáceres, Antioquia.
Existe, sin embargo, una controversia alrededor de su muerte dado que la Policía del municipio de Cáceres asevera que la lideresa sostenía vínculos con redes de apoyo del Clan del Golfo. Así mismo lo sostuvieron los medios, mientras sus allegados y otros habitantes del municipio sostienen, por el contrario, que la víctima realizaba actividades y labores de liderazgo en la comunidad al tiempo que recibía tratos hostiles por parte de funcionarios de la policía.
La Fiscalía, por su parte, detuvo a Camilo Andrés Chaverra Cortés, uno de los dos hijos de Cortés por, presuntamente, ser integrante del Clan del Golfo. Inmediatamente el ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, puso en tela de juicio la labor de la lideresa por su relación familiar con Camilo Andrés, siendo esto independiente de su quehacer y activismo político. Según el fiscal Néstor Humberto Martínez, la muerte de Ana María Cortés fue ordenada por alias ‘Jonás’, líder de la organización disidente del Clan del Golfo “Los Caparros”. Sin embargo, se sabe que el número de celular desde donde recibía las amenazas está registrado a nombre del comandante de la estación de policía del municipio de Cáceres.
Según el portal de Semana, Jorge Rojas conoció a Ana María, su compromiso y liderazgo, y la consideraba una mujer capaz de movilizar luchas sociales y procesos con campesinos y víctimas de masacres para el regreso a sus territorios. Según esta publicación, Ana María le habría expresado a Rojas su preocupación por la situación de los afectados por Hidroituango e, incluso, habría viajado hasta el lugar donde se encontraban las personas habían evacuado por la emergencia para explicarles lo que estaba sucediendo. Además, recaudó fondos para organizar mercados y una olla comunitaria, convenciendo así a muchos de acudir a los refugios y liderando las denuncias por la ausencia de información y las fallas en el debido proceso por parte de EPM.