Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares
Más de 311 km recorrieron alrededor de 500 indígenas del pueblo Embera Dóbida, Katío, Wounaan y Zenú para llegar a Bogotá a denunciar la crisis humanitaria, exigir garantías de supervivencia y presionar el cumplimiento de los acuerdos pactados en ‘La minga por la vida’ de agosto de 2017.
Este jueves 15 de noviembre, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), llamó a la movilización en todos los territorios de Colombia a “pueblos indígenas, organizaciones indígenas en regiones y en contexto de ciudad, a los hermanos afros y campesinos”.
¿Qué exigen las comunidades?
A un año y dos meses, los compromisos que se desprenden de la ‘Minga por la vida’ y que no han sido cumplidos son:
Canalizar el Río Truandó, Cacarica y Salaquí para facilitar movilidad de las comunidades.
Definir límites entre territorios afrodescendientes e indígenas para evitar conflictos interétnicos.
Desminar los territorios indígenas para garantizar la movilidad de los pueblos.
Garantizar la participación de los resguardos en los recursos sistema general de participaciones.
Garantizar la reparación individual y colectiva de las víctimas del conflicto armado de los pueblos Embera Dóbida, Chami, Eyabida, Larios, Zenú y Wounnan. Al igual para los pueblos afrodescendientes que viven en los territorios colectivos, que también se movilizaron hacia Bogotá.
La ONIC manifiesta que en el espacio que dio como resultado los acuerdos se llevó a cabo una minga ‘interétnica’ que permitió la denuncia sobre la precaria acción para el desminado humanitario y las garantías de seguridad en los territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Sobre la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, también tienen unas peticiones, pues esto ha traído unos retos para el territorio por cuenta de la disputa de grupos armados en la zona, la ausencia de proyectos productivos, el desminado y las políticas sobre la sustitución de cultivos de coca que competen a las comunidades del Chocó, como lo han indicado líderes de la Minga.
Además, la Secretaría de Salud de Chocó manifestó que las comunidades indígenas de las regiones del Darién y Atrato son víctimas de los constantes enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo.
¿Qué se viene para la movilización?
Alrededor de las 11:00 p.m. del martes, después de horas de acercamientos, se suspendió el diálogo entre la Minga Indígena del Chocó y el Gobierno Nacional. La razón suscitó en la ausencia de garantías por parte del Gobierno, que ha incumplido con las garantías mínimas para el bienestar y permanencia de las comunidades durante el desarrollo de la Minga.
Las comunidades han manifestado que “venimos huyendo de la violencia y acá a Bogotá llegamos a ser revictimizados, hemos sido condenados a la tortura del frío de la sabana y la indiferencia de la institucionalidad que desconoce la realidad de regiones como la del Chocó”. La Minga Indígena del Chocó va continuar en la capital de manera indefinida y pretende extenderse en todo el país.
¿Qué ha pasado desde la llegada de las comunidades a la capital?
El pasado domingo 11 de noviembre de 2018 las comunidades indígenas intentaron ingresar a la capital de la República, pero, según líderes de la movilización, la Policía impidió el ingreso de los buses en los que se transportaban las comunidades. Esa noche la pasaron en esa zona solo hasta el lunes 12 de noviembre pudieron entrar a Bogotá a pie por la calle 80 hasta la sede de la ONIC en el centro de la ciudad.
A su vez, no se les permitió el ingreso a la Plaza de Bolívar, en donde las comunidades indígenas iban a acampar para exigirle al gobierno ser escuchados y tratar la difícil situación de violencia que sufren sus territorios. El viaje de más de cuatro días pretende garantizar lo pactado en la Minga que cobija temas de seguridad, vivienda, educación, entre otros.
La movilización, que ha concentrado en la capital a habitantes de zonas fuertemente afectadas como Salaquí, Pichindé, Chigorodó, Marcial, Jagual y Curvaradó, ha sido entorpecida —tal como lo manifiestan líderes y lideresas de la movilización— por el trato violento de la fuerza pública.
Aida Quilcué, consejera DDHH de la ONIC, hizo un llamado tanto al gobierno nacional en cabeza de Iván Duque, como a Enrique Peñalosa en el Distrito, para que garanticen la atención humanitaria y para que el gobierno manifieste su voluntad de diálogo dándole la urgencia a las exigencias.