Por: Alejandro Camacho Escamilla, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto
En la segunda mitad de 1996 se dio inicio la operación “Septiembre Negro”. Esta estrategia militar, realizada de manera conjunta entre paramilitares y las Fuerzas Armadas de Colombia, se gestó con la intención de detener la avanzada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, que para la época había logrado controlar gran parte del territorio del pacífico haciendo su entrada desde el río San Juan por medio del Frente 34. Estas acciones generaron desplazamientos masivos en varios municipios de Chocó y Antioquia, principalmente en Mutatá, Murindó, Riosucio y Carmen del Darién.
Las comunidades que abandonaron sus territorios por las masacres, amenazas, asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), quienes posteriormente serían la base militar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), eran también habitantes de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó y fueron despojados por vías violentas.
A lo largo de estas tres décadas, y desde antes, estas comunidades han defendido su territorio de grupos armados ilegales. Su resistencia generó que los entes internacionales pusieran sus ojos en esta parte de Colombia, logrando, como una de las victorias más importantes, que bajo la resolución del 6 de marzo de 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos-CIDH les brindara medidas cautelares, posibilitando la creación de diversas Zonas y Resguardos Humanitarios dentro de los territorios colectivos titulados a las comunidades negras e indígenas.
A su vez, grandes proyectos mineros han intentado hacerse a concesiones en estos territorios. Este es el caso de Muriel Mining Corporation, Anglo Gold Ashanti y Glencore, quienes según las comunidades están asociadas a la presencia de grupos “paramilitares”. Por otra parte, según el documento publicado por Indepaz titulado “Las maniobras del rey Midas”, sólo Anglo Gold tenía “escrituradas” 186.636 hectáreas en Chocó por medio de 47 títulos en el año 2012. También señala que la propia empresa ha devuelto títulos que involucran casi 8 millones de hectáreas en todo el país en los años previos a la fecha de publicación del artículo.
Por otra parte, la inserción de la palma aceitera en la región, principalmente en el Curvaradó, ha generado traumatismos en el retorno de sus pobladores debido a la transformación de la vocación del suelo. Al respecto, los habitantes del territorio han decidido recuperar sus fincas por medio de la liberación de tierras con el acompañamiento de diversas entidades de carácter internacional y de grupos defensores de Derechos Humanos.
Esta recuperación se da en el marco de una disputa legal con la empresa Urapalma, que en 2013 pretendía que se anulara la titulación colectiva en el Curvaradó y en mayo del año 2017 vio cómo la Corte Suprema de Justicia condenó a diez años de prisión a su socio principal, Antonio Nel Zúñiga, por nexos con el paramilitarismo en la compra y venta de tierras en la región. En la actualidad, el conflicto por la repartición de la tierra se mantiene dentro de estas cuencas cuyas comunidades aún esperan la restitución completa de sus territorios.
Sumado a esta compleja situación, grupos armados ilegales encuentran atractiva esta zona del país por ser un corredor que une las salidas hacia el Caribe y el Pacífico, siendo la frontera entre Antioquia y Chocó. Esta región, además de su posición geoestratégica fundamental para el control territorial, también ha sido importante para el transporte de armas, cultivos ilícitos y procesamiento de cocaína. Asimismo, estos grupos han sido atraídos por la región debido a la explotación ilegal de oro y madera, materias primas que han sido custodiadas por los actores armados ilegales, en algunas ocasiones siendo parte del negocio y en otras cobrando vacunas a quienes hacen presencia en la zona.
A pesar de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC firmados en 2016, el conflicto en las cuencas del Curvaradó y el Jiguamiandó sigue escalando. En la actualidad, el territorio se encuentra en disputa entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC (Clan del Golfo) y el Ejército de Liberación Nacional-ELN que hace presencia con el Frente Cimarrón, del Frente de Guerra Occidental. Este último grupo ha tomado ventaja en la confrontación, principalmente en Brisas del Curvaradó y Pavarandó. Asimismo, este grupo insurgente ha optado por usar las detenciones ilegales a los pobladores de las cuencas con el fin de asegurar el control territorial y alcanzar legitimidad comunitaria en la región.
Por su parte, las AGC o Clan del Golfo, según fuentes en territorio, se han centrado en el asesinato selectivo a líderes y lideresas sociales de estas comunidades, quienes principalmente centran su lucha en la defensa territorial de los cultivos extensivos y la explotación minera legal e ilegal.
Sin embargo, estas cuencas son también ejemplo de paz y reconciliación. Con la firma de los Acuerdos varios excombatientes de las FARC han desarrollado proyectos productivos y culturales que acercan a las comunidades en la consolidación de dinámicas que permitan un cambio social y político en la zona. Ejemplo de ello es el festival de teatro Selva Adentro desarrollado en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Caracolí, ubicado en Curvaradó, donde se expresan los intentos de paz de la antigua guerrilla con el apoyo de las comunidades de la región. Las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó resisten ala violencia y al despojo, le apuestan a la construcción de paz desde la reconciliación.